Segunda sesión del juicio del caso Mito, con el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por blanqueo. Todo ello como una curiosa derivada de una macrocausa por narcotráfico con José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Una confiscación de 900.000 euros en el aeropuerto de Barajas en la que Boye realizó los trámites para poder recuperarlos para un cliente con la administración y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La defensa del letrado de Puigdemont, dirigida por Eduardo García Peña, ha quedado bastante satisfecha del resultado de la sesión de este martes. Y tiene motivos.
Para empezar, fue el mismo del Tribunal, el magistrado Félix Alfonso Guevara, quien ofreció a Boye sentarse en el estrado con toga. Una señal de cortesía porque el letrado estaba en el banco de los acusados de la funcional sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Pero, después de cinco horas de sesión, la defensa de Boye se ha llevado un buen saco a casa, tanto por las declaraciones de los jefes de la investigación como por las intervenciones de Guevara recortando el margen de acción de las acusaciones y limitando las interpretaciones de los hechos que querían hacer los policías. Una jornada que ha servido para rebajar la tensión de un juicio donde Boye se juega 9 años y 9 meses de prisión.
Tres afirmaciones que benefician a Boye
En definitiva, y gracias a un interrogatorio trabajado y preparado, la defensa ha logrado debilitar las suposiciones policiales que implican a Boye en la trama financiera alrededor de Sito Miñanco. Para empezar, el coordinador de la investigación, el inspector de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) con tip 81586, que comenzó ayer su testimonio, ha admitido que Manuel González Rubio –el cliente de Boye para el cual recuperó el dinero– es un empresario que incluso trabaja para la policía. Una declaración importantísima porque González Rubio dijo desde el primer momento que ese dinero era para financiar sus empresas en España y para pagar las indemnizaciones a los policías heridos en un campo de tiro de su propiedad en Madrid.
Por otro lado, otro dato que ha añadido el policía, aunque corrigiéndose en el mismo interrogatorio, ha sido la relación que Boye había tenido con tres de los procesados. En concreto, ha admitido que hay audios que acreditan que Sito Miñanco había llamado a Boye para pedir explicaciones o hablar sobre permisos penitenciarios que le estaba tramitando. Así como que Luis García Arango y González Rubio ya hacía tiempo que eran clientes de su despacho profesional de «larga data». De hecho, ha reconocido que no investigaron las relaciones profesionales del abogado con sus clientes, ni el patrimonio del propietario del dinero, González Rubio.
Y un detalle clave: como coordinador de la investigación, cuando tuvo conocimiento de la confiscación del dinero sí advirtió a la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, pero no advirtió nada ni al Servicio de Prevención de Blanqueo del Banco de España (Sepblac) ni a la Agencia Tributaria, un hecho obligatorio ante cualquier sospecha de blanqueo para detener el procedimiento sancionador. El aviso no lo hizo nadie, ni la UDEF, ni la UDYCO, ni el fiscal instructor, Ignacio de Lucas, ni siquiera la magistrada que investigó el caso, Maria Tardón. Una carencia que chirría en un caso de estas características e importancia.
Un barco, el protagonista
La sesión de este martes ha estado encaminada a averiguar si la organización que supuestamente dirigía Sito Miñanco tenía algo que ver con el barco Thoran, que fue abordado en las Azores en octubre de 2017, cuando llevaba 3.305 kilos de cocaína. De hecho, las defensas han querido desmontar el relato del policía que coordinó los trabajos de las diferentes unidades policiales que trabajaron en ello, incluso, poniendo en duda las capacidades técnicas de las lanchas que habría fabricado la organización de Miñanco para poder recoger la droga mar adentro.
En todo caso, la relación que hacía la policía y la fiscalía es que los 900.000 euros confiscados a González Rubio eran el dinero que debía pagar la organización de Miñanco a los proveedores colombianos de la droga. Es decir, eran mulas de dinero. Una tesis que negaron desde el minuto cero los atrapados con el dinero que defendieron desde el primer momento que era para sus empresas. Tanto es así que el procedimiento administrativo fue en parte favorable a González Rubio, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le redujo la multa a la mitad. Aún así, el inspector asegura que «es mentira» que el dinero sea suyo, sin aportar más justificación que el intento de recuperarlo.
Un interrogatorio interesante
Al comenzar las preguntas sobre blanqueo que le ha formulado la defensa de Boye, el inspector ha intentado eludirlas. De hecho, ha tenido que matizar sus palabras del día anterior asegurando que «Boye dirigía un poco eso de justificar el tema del dinero». En un primer momento ha asegurado que desconocía las relaciones profesionales que Boye tenía con otros acusados desde hacía tiempo. El policía ha expuesto que relacionaron a Boye con Miñanco cuando «detectaron» que se preparaba una reunión para intentar recuperar el dinero confiscado. Pero después de unas cuantas preguntas se ha visto obligado a corregirse y ha recordado de repente que «es verdad que habían tenido relaciones profesionales». Así, ha reconocido que «había audios que hablaban de permisos penitenciarios». De hecho, Miñanco fue imputado en esta causa durante un permiso penitenciario en Cádiz.
La defensa ha continuado en esta línea aunque el inspector insistía en un audio donde aparece otra procesada en la cual se ve «incompatible» que el dinero sea de González Rubio. Pero solo ha añadido que el audio destaca que a «nadie le gusta perder dinero». Un audio que no se ha aclarado y que servía al policía para intentar mantener su teoría. Pero, a criterio de la defensa, ya habría sido tarde porque su declaración demuestra que Boye no fue un elemento de una trama de supuesto blanqueo, sino que ya era abogado en varias causas de Miñanco y también era letrado de otro de los principales investigados, Luis García Arango. De hecho, siempre ha insistido, y así lo revelarían las periciales de posicionamiento y geolocalización de los móviles, que nunca estuvieron en ninguna de las reuniones que los investigadores citan en sus atestados y menos en una en la que se hablara de dinero.
Guevara ha acabado de remachar el clavo. Cuando ha terminado el primer testigo ha comparecido el exjefe del Greco-Costa del Sol del Cuerpo Nacional de Policía, el inspector 70.904, que ejerció como secretario de las diligencias y que se ha centrado en el narcotráfico. Al comenzar el interrogatorio, Guevara ha cortado al fiscal cuando este ha intentado preguntar al segundo testigo por el blanqueo. Una fisura que le ha servido para redondear la mañana y alegrar la defensa de Boye. Los dos testigos, para Guevara, son «irrelevantes» en cuanto al blanqueo porque ninguno ha participado en esta investigación. Un detalle importantísimo que deja fuera la especulación policial de los encargados del narcotráfico.
