La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, Míriam Nogueras, por un presunto delito de amenazas contra varios jueces. La interlocutoria, que se ha hecho pública este miércoles, sostiene que las expresiones de Nogueras en un pleno de diciembre se amparan en la «inviolabilidad parlamentaria», por lo cual quedan al margen de cualquier reproche penal. El Supremo considera que el discurso de Nogueras puede ser «hiriente u objetivamente ofensivo», pero no por eso penalitzable. De hecho, dos de los jueces aludidos por Nogueras, Manuel Marchena y Carmen Lamela, se abstuvieron del asunto.
«Tienen que permanecer extramuros del reproche penal si se quiere, y se quiere, mantener un sistema político de libertades que no disuada los representantes del pueblo español de expresar libremente en el ejercicio de sus funciones sus opiniones por desagradables, injustas o estrafalarias que pudieran, en algún caso, resultar», razona el Supremo en la interlocutoria. El Supremo recuerda también que es potestad de los ciudadanos con su voto, y de la presidencia de la cámara con su función rectora de los plenos, decidir sobre los diputados. En este sentido, añade que los legisladores pueden ser gritados al orden cuando hacen manifestaciones contrarias al decoro de las cámaras, de las instituciones del Estado o de cualquier persona o entidad.
El Supremo rechaza restringir la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones
Por último, el texto concluye que no es admisible «ninguna posibilidad de restringir el alcance de la inviolabilidad por las opiniones y las expresiones realizadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias» y, por lo tanto, descarta la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los magistrados que han firmado esta interlocutoria son el presidente de la sala Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porras y el ponente Leopoldo Puente. Se abstuvieron al asunto el presidente de la Sala de lo penal, Manuel Marchena, y la magistrada Carmen Lamela, aludidos en la intervención denunciada por Manos Limpias.
