El coste de la monarquía española se puede calcular de varias maneras. Por ejemplo, el costo de la seguridad cuando algún miembro de los Borbones se desplaza a Cataluña. Como muestra, la visita de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, el pasado 24 de julio. Según ha informado la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a preguntas de los diputados de la CUP y de ERC, con motivo de la visita a Sant Martí Vell, en Gironès, los Mossos d’Esquadra desplegaron un operativo conformado por 330 efectivos policiales. Una cifra bastante superior a los habitantes de esta población que, según el Instituto de Estadística de Cataluña, tiene 270 habitantes. Un operativo que identificó «tres líderes» de la protesta convocada por la presencia borbónica en Cataluña.
La respuesta de Parlon a las peticiones de cupaires y republicanos detalla que el operativo se acordó en un plan de servicios firmado el 22 de julio, con el objetivo de «garantizar el desarrollo seguro de los actos institucionales, realizar los acompañamientos de las comitivas reales y dar respuesta a posibles incidentes de orden público». Todo ello para «gestionar y prevenir cualquier eventualidad». Cabe tener presente que, además, la casa real española dispone de un servicio de seguridad propio que integra la Guardia Real, fuerza operativa del Ejército, así como elementos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Las «concentraciones», los culpables
Siguiendo el relato del informe parlamentario presentado por Parlon, «esta cobertura se planificó teniendo en cuenta la previsión de concentraciones contrarias a la presencia de la familia real, con el objetivo de preservar la seguridad del dispositivo y el desarrollo de los actos institucionales». El dispositivo de 330 miembros de los Mossos fue comandado por el jefe de la Región Policial de Girona y el jefe del ABP del Gironès, que se reunió hasta dos veces con el alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà, para explicar las afectaciones que podría haber, especialmente en cuanto a la movilidad, y las que tendría el dispositivo policial para la población. Unas afectaciones, sobre todo, en la movilidad, aunque la consejera se vanagloria de que el autobús de línea pudo detenerse y que el dispositivo fue «permeable».
En cualquier caso, Parlón justifica las tres identificaciones que los Mossos llevaron a cabo de una convocatoria de protesta no comunicada oficialmente, que finalmente se concentró en el municipio de Juià. «A pesar de la falta de comunicación previa preceptiva, desde el primer momento se ofreció a las personas concentradas la posibilidad de desplazarse por un itinerario seguro y con acompañamiento policial, con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho de manifestación sin interferir en los actos institucionales», asegura la consejera. «A pesar de todo, el grupo convocado rechazó el itinerario indicado y accedió al perímetro de seguridad a través de senderos y zonas boscosas, situándose muy cerca de la masía donde debían llegar las comitivas reales», informa.
«Al llegar a la entrada del núcleo de Sant Martí Vell, los manifestantes se sentaron en el suelo, bloqueando la única vía de acceso», reprocha Parlon. Después de activar el grupo de mediación, y «aplicando la fuerza mínima indispensable» se ubicó a las personas a poca distancia del punto donde estaban». También relata que «una vez las comitivas reales abandonaron el municipio, la protesta se dio por desconvocada y los manifestantes que aún permanecían en el lugar se marcharon voluntariamente». Además, según Interior, no consta ninguna falta de respeto por parte de los Mossos, ni ningún manifestante lesionado ni ningún problema con el uso del idioma.
