La justicia vuelve a remover las cerezas en el ámbito político a raíz del catalán en la escuela. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de este lunes de ejecutar provisionalmente la sentencia que anulaba preceptos clave del decreto del Gobierno de Pere Aragonès que debía blindar el catalán como lengua vehicular ha precedido la batalla que comenzará el próximo 7 de abril en el Parlamento de Cataluña. La resolución del TSJC impide la aplicación de los artículos anulados aunque la sentencia no sea firme y permite, de facto, que el castellano también sea vehicular en la escuela catalana. Y una proposición de ley de la CUP para dar más espacio al catalán será frenada por una enmienda de retorno presentada por el PSC en septiembre, si los socialistas no cambian de opinión y la retiran.
Solo dos semanas después de la decisión del TSJC conocida ayer –y a la espera de lo que digan el Tribunal Supremo, sobre la sentencia que recorta el decreto del 2024, y el Tribunal Constitucional, sobre el decreto ley y la ley del 2022–, el Parlamento tiene la opción de reabrir la batalla legal en defensa del catalán. La CUP, que nunca creyó en la eficacia de la ley del 2022 y de los dos decretos, registró el pasado julio una proposición de ley de regulación de los usos lingüísticos en los proyectos educativos de centro. La iniciativa cuenta con el apoyo de Plataforma per la Llengua y de la PiEC (la Plataforma Pública i en Català, de la cual forman parte el SEPC, La Intersindical, la CGT, la USTEC y la COS).
El objetivo de esta propuesta es «garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela, hacer efectiva la inmersión lingüística y revertir los retrocesos en materia lingüística». Ahora bien, el PSC, en septiembre registró una enmienda a la totalidad, de retorno de la proposición de ley de los cupaires. De esta manera, los socialistas se aliaban con el PP y Vox contra esta proposición de ley. Ahora, el primer debate sobre la continuidad de la proposición de ley será en la próxima Junta de Portavoces, prevista para el 7 de abril. Según ha podido saber El Món, los diputados de la CUP ya alertaron la semana pasada a los grupos que querían «sustanciar» el texto en el primer pleno del mes de abril. Por tanto, necesitan que los socialistas retiren la enmienda a la totalidad para que el texto continúe la tramitación y se debata en la Comisión de Educación. El grupo del PSC ya ha avisado a la CUP que defenderá su enmienda de retorno de la proposición de ley.
Una larga tramitación
La coincidencia temporal del debate sobre esta propuesta de ley y la resolución del TSJC es una situación que deja la pelota en el tejado del PSC. Es decir, si el grupo parlamentario que apoya al Gobierno –con la ayuda imprescindible de ERC y Comuns– no retira la enmienda a la totalidad evidenciará que no quiere debatir una ley que busca garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela por la vía de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
La proposición se registró el 7 de julio de 2025, y la Mesa del Parlamento la admitió a trámite el 15 de julio. El 21 del mismo mes se publicó la iniciativa en el Diario Oficial del Parlamento de Cataluña y el 29 de julio se abrió el plazo de enmiendas, que iba del 1 de septiembre al 10 del mismo mes. El PSC no tardó ni tres días y el 3 de septiembre presentaba la enmienda a la totalidad. Solo la presentó antes el PP, que lo hizo fuera del periodo de sesiones, el 8 de agosto, con la premisa de que trabajo hecho no tiene estorbo. Vox esperó a una prórroga y no fue hasta el 30 de septiembre que presentó su enmienda a la totalidad.
De esta manera se llega al final del camino, y es la celebración de la Junta de Portavoces, el órgano que incorpora en el orden del día de los plenos las iniciativas de los grupos que han agotado los procedimientos de presentación de enmiendas. La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, que ya adelantó la semana pasada a los grupos que quería llevar a la Junta del 7 de abril la proposición de ley y ahora tiene más argumentos, dada la resolución del TSJC de ayer. Por tanto, si no hay ningún cambio de última hora, la previsión es que el pleno del 14 al 16 de abril se debata la totalidad del texto. Si el PSC se enroca y mantiene su enmienda, la proposición morirá en este pleno y no tendrá ocasión de tramitarse en comisión. Pero eso sí, habrá habido debate a la totalidad del texto en sesión plenaria, donde los grupos tendrán que manifestar su posicionamiento y su argumentario.
Una ley pensada para neutralizar el 25% de castellano
De hecho, la proposición de ley nació ante lo que debía ser la «inminente sentencia del Tribunal Constitucional con relación al 25% de castellano». En este sentido, la entonces portavoz de la materia de la CUP, la exdiputada tarraconense Laia Estrada, justificaba el registro de la iniciativa legislativa para «protegernos de forma inmediata» ante el aval del 25% del castellano en la escuela. Además, había una voluntad final en la propuesta y era derogar la Ley 8/2022, que referenciaba el castellano como lengua curricular.
El texto es corto y al pie y se dirige rápidamente a su objetivo, que es «promover la implantación de medidas de discriminación positiva del catalán, y el aranés en Aran, atendiendo a la realidad sociolingüística general y las situaciones de predominio del uso social del castellano, para compensar la inercia de estas realidades y garantizar el aprendizaje de estas lenguas». De hecho, la estructura que dibuja la proposición de ley se basa en el proyecto lingüístico de cada centro. Además, se incorporaría una prueba anual multinivel de competencia en catalán para el alumnado de cuarto de ESO. El proyecto lingüístico sería evaluado y aprobado por el Consejo Escolar del centro ateniéndose a razones pedagógicas y específicas de cada centro para garantizar el conocimiento de las lenguas oficiales y que «no se vea mermado por un déficit del conocimiento y uso de la lengua catalana, y el aranés en Aran».
