¿Están protegidos internacionalmente los derechos lingüísticos de los catalanohablantes? Sí, teóricamente, pero no en la práctica. La protección es tan débil que solo hay la posibilidad, muy remota, de que un ciudadano pueda reclamar sus derechos concretos por una situación concreta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Todo esto, en el caso del Estado español donde, en el marco de la protección, difusión, promoción y defensa de las lenguas cooficiales, no se terminan de creer los derechos de los catalanohablantes.
Así lo han defendido este martes el profesor de derecho internacional de la Universidad Rovira i Virgili Alfonso Bondia y la profesora agregada de derecho internacional público de la Universidad de Girona Mariona Illamola, en el curso de derecho de la Universidad Catalana de Verano (UCE), que se celebra esta semana en Prada (Conflent). Bondia ha sido el encargado de desgranar de qué manera el sistema de derecho internacional y los derechos humanos protegen los derechos de los catalanohablantes. Y por su parte, Illamola, ha hablado de las posibilidades jurídicas y políticas del catalán de convertirse en una lengua oficial en las instituciones europeas.
La barrera del derecho internacional
Para Bondia, es necesario tener presente una premisa sobre el derecho internacional y su sistema de protección para entender la falta de garantías para proteger los derechos de los catalanohablantes en un sentido genérico, de colectividad. Y es que el derecho internacional regula las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Es decir, estos sujetos internacionales son los «creadores de las normas internacionales, los destinatarios de las normas internacionales y los encargados de velar por su cumplimiento».
Por lo tanto, no solo hay que fijarse en el contenido de la obligación, sino también en el sistema que se ha previsto para garantizar su cumplimiento. Además, hay que recordar que «los estados tienen una clara tendencia a utilizar conceptos jurídicos indeterminados a la hora de asumir obligaciones jurídicas internacionales» y una tendencia a un control de las normas internacionales «sin un verdadero poder coercitivo». Un entramado que hace «más complicado exigir el cumplimiento y la responsabilidad por los incumplimientos».
Un derecho humano poco eficaz
En el sistema legal internacional, los derechos de los hablantes tienen una base triangular: los derechos humanos, los derechos de las minorías y el reconocimiento de las lenguas. Por lo tanto, una de las vías de defensa es considerar los derechos lingüísticos como derechos humanos. Un camino que, según Bondia, «no ha supuesto una mejora sustancial a la hora de garantizar su protección». En este sentido, Bondia destaca dos problemas. Por un lado, que no hay consenso a escala general entre los estados para definir el concepto de minoría que son más bien doctrinales.
Por otro lado, el estado español no ha aceptado nunca la existencia de minorías en territorio español, aunque ha aceptado que algunos de los tratados se apliquen al pueblo gitano. También hay que aducir que no hay ningún tribunal que pueda juzgar los incumplimientos de los derechos lingüísticos porque son más bien mecanismos de promoción y colaboración con los estados y «denuncia declarativa». En este sentido, en el ámbito regional europeo, el TEDH ha sido muy cauteloso a la hora de condenar a los estados por vulneración de los derechos lingüísticos reconocidos en el Convenio de Derechos Humanos, porque saben que se meten en un espinoso: pueden arreglar un problema jurídico pero crear un problema político. El TEDH, además, prima el enfoque de los derechos individuales y no los colectivos.
De hecho, una cuestión similar ocurre en la Unión Europea, en plena negociación por la oficialidad del catalán. En este sentido, la profesora Illamola ha propuesto diversas opciones legales, judiciales y procedimentales para acelerar con «voluntad política» esta oficialidad. Una consideración que comportaría diversas ventajas para la UE, como el «sentimiento de pertenencia de los catalanes», la «visibilización de la riqueza cultural», más seguridad jurídica, respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, favorecería la integración de los recién llegados, la igualdad y la proporcionalidad completa con el entendido de que es la 13ª lengua más hablada de la Unión, fortalecería la democracia participativa de la UE y glosaría el lema de la UE «unidos en la diversidad».
