La alcaldesa republicana de Sitges, Aurora Carbonell, ha quedado en libertad este miércoles al atardecer después de haber estado detenida por la mañana en el marco de una investigación policial por presunta prevaricación y malversación en la concesión de subvenciones y contratos menores al Ayuntamiento. Además de la flamante alcaldesa, la policía española ha detenido once personas más por este caso anticorrupción, de las cuales a estas alturas solo dos continúan detenidas. Ahora bien, según fuentes recogidas por la ACN estas dos personas que continúan al juzgado podrían quedar en libertad antes de que acabe el día.
Las otras personas que han sido arrestadas esta mañana son otro regidor republicano, Jaume Monasterio, el secretario del consistorio, el exregidor de Playas Guillem Escolà; tres técnicos del Ayuntamiento, uno de ellos ya jubilado; y cuatro personas vinculadas a las entidades investigadas. Todas estas detenciones llegan en relación con la investigación sobre la actuación del consistorio respecto a la Tabla del Tercer Sector Sitges-Garraf y una cooperativa. En este sentido, pero, el Ayuntamiento de Sitges ha asegurado a través de un comunicado que la investigación que lidera la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española se centra en unas “irregularidades externas” al consistorio y niegan cualquier vínculo de los equipos de gobierno investigados con la gestión de las subvenciones y los contratos menores.
Las detenciones han llegado conjuntamente con una operación simultánea de cacheos en los domicilios de las personas investigadas para obtener documentación relacionada con las entidades. Además de entrar a domicilios, también han accedido dentro del Ayuntamiento, donde han detenido Carbonell.
La reacción de los republicanos
Pocas horas después de la detención, los republicanos han reaccionado a la operación anticorrupción y han negado cualquier vinculación de la alcaldesa. En un comunicado, los republicanos aseguran que Carbonell, detenida a media mañana, y su equipo puso las subvenciones y los contratos investigados en conocimiento de los servicios jurídicos luego que se detectaron “presuntas irregularidades”. El partido también afirma que pararon las subvenciones de las dos entidades implicadas y abrieron expedientes para reclamar el retorno de todo el dinero que no se ha justificado.
