El exilio es complicado, también para las finanzas. Así se desprende de la auditoría encargada por el Consell de la República sobre los números de la entidad a raíz de los polémicos gastos de su vicepresidente, Toni Comín. El informe pericial, al cual ha tenido acceso El Món califica de «posibles irregularidades» gastos del también eurodiputado de Junts por un importe de 15.530 euros. Pero, además, el auditor describe el desorden de los balances de la entidad y apunta a diversas causas, sobre todo la «persecución política», que complica, a su juicio, el control financiero del organismo. En todo caso, el auditor concluye que es «preocupante» la situación financiera y el «déficit patrimonial» de la entidad.

También destaca, como otra causa del caos, la falta de fijación de presupuestos anuales y el hecho de que una sola persona no puede comandar el control del dinero que recibe y gestiona la entidad. Todo ello en una estructura conformada por dos entidades en Cataluña que traspasan fondos al Consell de la República, como son Catalunya Cultura i Progrés y Cat Global SL. Esta terna de entidades, según el auditor, añade «complejidad» al control de los números que tampoco tienen presupuestos claros.

Todo ello en el marco de la crisis interna de la entidad que esta semana –entre ayer y este martes– celebra reuniones de sus comités locales y que intentan frenar la avalancha de preguntas sobre las dudas que ha generado la gestión de Comín. Fuentes de los participantes en los consejos que se reunieron este lunes aseguran que el «coordinador de referentes locales» de estas entidades municipales ha intentado echar balones fuera sobre la polémica de las irregularidades detectadas por la auditoría de las cuentas del Consell de la República.

Toni Comín, en un acte del consell de la República/CxR
Toni Comín, en un acto del consell de la República/CxR

«Determinar necesidades financieras» de las entidades

En este marco, y dada la legislación belga de contabilidad, el auditor propone la «determinación de las necesidades financieras» de Cat Global, Catalunya Cultura i Progrés y Consell de la República. Así, a principio de cada año deberían «reservar el importe calculado para cubrirlas». Es decir, deberían ser «presupuestos aprobados en el pleno del gobierno, y los pagos deberían ceñirse estrictamente a este presupuesto con un calendario de pagos establecido, de acuerdo con la entrada y salida de fondos».

De hecho, el informe pericial considera «imprescindible formular presupuestos de gastos previos, adaptando las acciones a la previsión de ingresos de manera conservadora«. «La falta de presupuesto puede conducir fácilmente a déficits no deseados y a una gestión deficitaria, especialmente en un contexto de recaudación decreciente», alerta el auditor. En la misma línea, apunta que es necesario encontrar un sistema de «repartición de los fondos recibidos por todas las entidades» teniendo en cuenta que hay gastos fijos, como el de personal y el de la Casa de la República. En esta propuesta, el mismo experto financiero rechaza repartir por cuotas porcentuales de las donaciones que recibe la entidad.

«Situación económica preocupante» del Consell de la República

El contexto de las dificultades que implican el exilio no es obstáculo para que el auditor pida por rigurosidad y control para llevar las cuentas del Consell, y más teniendo presente que «la entidad se encuentra en una situación moderadamente preocupante, donde los gastos superan los ingresos considerando el cómputo global del año». En esta línea expone que el Consell de la República presenta un «patrimonio negativo de 58.108 euros, lo que significa que, a fecha 31 de diciembre de 2023, el acumulado de ingresos es inferior a los gastos y, por tanto, tiene un déficit patrimonial«.

El auditor reprocha la manera con que se ha intentado tapar este déficit. «Se ha financiado básicamente con el retraso en el pago a proveedores por importe de 63.175 euros», subraya. «Aunque se puede plantear la idea de diferir este déficit con futuros superávits, esto conlleva un riesgo considerable, especialmente en un contexto en el que las aportaciones a la entidad han ido disminuyendo«, alerta el censor de cuentas.

Además, el informe remarca que «se ha detectado una gestión organizativa en el ámbito contable bastante deficitaria». «Es difícil de entender que, en fecha del informe, nueve meses después del cierre del ejercicio de 2023, aún hubiera documentos pendientes de entregar al contable de la entidad, entre los cuales se incluyen nóminas del mes de diciembre y documentos de gastos efectuados con tarjetas Vises», critica con firmeza.

«Esta situación denota una clara necesidad de mejora en los flujos de comunicación y gestión documental entre la entidad y el contable», razona. De ahí que proponga «implementar un sistema que garantice que cada mes el contable disponga de toda la documentación del mes anterior, lo cual se considera viable teniendo en cuenta que el volumen de documentos a gestionar no es especialmente elevado». 

El presidente del Consell de la República, Carles Puigdemont, interviene durante la constitución de la Asamblea Territorial en la Torre d’Elna / Glòria Sánchez /Europa Press

«Concentrar la actividad», la recomendación del auditor

La auditoría hace una mención bastante explícita a lo que califica «de exceso de complejidad» de los números cruzados de las tres entidades. «Creo que sería útil concentrar toda la actividad de las tres entidades en una sola, al menos de las entidades que no tienen ingresos propios», plantea el auditor. Una solución que «simplificaría significativamente la gestión, considerando la nueva situación política, ya que permitiría que las donaciones y los gastos se gestionaran directamente desde Cataluña, aprovechando la entidad catalana».

Ahora bien, no todo lo ve tan fácil. El mismo auditor reconoce que «la transferencia de donaciones de una entidad a otra podría presentar dificultades». «La situación de persecución política también lo hace inviable», argumenta. «Por tanto, estamos hablando más de un deseo de normalidad que una recomendación, ya que actualmente no es aplicable», determina. En esta línea, pone el ejemplo de un caso que la legislación belga no permite computar. En concreto, las subvenciones a Catalunya Cultura i Progrés por importe de 58.970 euros por parte de Cat Globlal. El inspector financiero recuerda que este tipo de subvenciones requieren «un acuerdo por parte del consejo de administración de Cat Global». «Según el contable -contratado en Bélgica-, no existe ningún documento que soporte esta operación», avisa. En todo caso, el auditor aporta un acta de la asamblea de Cat Global ASBL de fecha 30/6/24 en la que se acuerda «cancelar todas las posiciones con Catalunya Cultura i Progrés de forma genérica». Una prevención que el auditor no acaba de ver clara.

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