Últimamente, se han disparado las denuncias de las continuas situaciones de catalanofobia en ámbitos como el sanitario o el del consumo. El último ejemplo ha sido una heladería del barrio de Gràcia de Barcelona donde un responsable del establecimiento insultó a una clienta por hablar en catalán. Pero el fenómeno no es nuevo, aunque se ha desacomplejado en los últimos meses con reiteradas denuncias públicas sobre todo en hospitales y comercios y establecimientos de hostelería.
De hecho, fueron expertos de la Unión Europea quienes hace poco más de un año alertaron de la difícil situación que vivían los catalanohablantes en ámbitos como el sanitario, el consumo, la administración española en Cataluña o los tribunales de justicia. Es más, consideraron que los derechos de los catalanohablantes habían «empeorado» en servicios de salud y de residencias geriátricas, así como en la justicia y la enseñanza. Precisamente, los autores del informe también mostraban su inquietud por la situación del catalán en las aulas y describían una «profunda preocupación» por los efectos de las sentencias que obligaban al 25% del castellano en las escuelas.
Todo ello en un denso informe del 18 de junio de 2024 del Comité de Expertos que evalúa el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 5 de noviembre de 1992, que entró en vigor el primero de marzo de 1998 y que no fue ratificada por el Estado español hasta el 9 de abril de 2001. Un informe que se ha desgranado en la Universidad Catalana de Verano (UCE), que esta semana se celebra en Prada (Conflent), donde ha hablado el profesor de derecho internacional público de la Universidad Rovira i Virgili Alfonso Gonzáles Bondia.
59 empeoramientos y solo 12 mejoras
En este informe de cumplimiento, los evaluadores aseguraban que los «últimos cinco años la situación había empeorado en todos los territorios de habla catalana del Estado español en ámbitos como la educación, la justicia, la administración pública o los medios de comunicación». De hecho, contabilizan un total de 59 empeoramientos y solo 12 mejoras en los territorios donde se habla lengua catalana, según la cuadrícula de baremos con que se analiza el Estado español. Los empeoramientos deben entenderse como los incumplimientos de protección o la falta de defensa de los derechos reconocidos legalmente a los catalanohablantes. En concreto, en Cataluña se detectaron cuatro mejoras y 15 empeoramientos.
Una situación que, más o menos, se repite a lo largo de los Países Catalanes. Así, en las Islas Baleares, se registran dos mejoras y dieciocho empeoramientos; en el País Valenciano, solo tres mejoras frente a los 17 empeoramientos; en Aragón, ninguna mejora y cinco empeoramientos, y en Murcia, tres mejoras y cuatro empeoramientos. Un balance que, para Bondia, pone de relieve la falta de firmeza y de cumplimiento del Estado español respecto a las obligaciones adquiridas como signatario de la Carta de las Lenguas Regionales. De hecho, España, en su compromiso de ratificación de este tratado, dejó claro que consideraba lenguas regionales o minoritarias las «reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de Euskadi, Cataluña, las Islas, Galicia, País Valenciano y Navarra.»
Sanidad y consumo
El informe, al que ha tenido acceso El Món, analiza el estado de protección y defensa del catalán en todos los Países Catalanes. En Cataluña, en cuanto a la sanidad o la asistencia social, uno de los puntos más conflictivos y donde más casos de catalanofobia se denuncian, los expertos evaluadores no son optimistas, ni mucho menos. Si bien admiten que los centros de asistencia social y el servicio público de salud utilizan el catalán en parte de su señalización y documentación, es solo una medida de papel.
Por ello, el documento alerta que «a pesar de la obligación legal de que el personal que trabaja en la sanidad tenga suficientes conocimientos orales y escritos de catalán, la posibilidad de recibir servicios sanitarios en catalán es irregular». «Incluso, la situación se ha deteriorado desde el periodo anterior de seguimiento», sentencian los expertos. En este sentido, aseguran que se puede hacer una «observación similar a las residencias de ancianos, donde la mayoría de los servicios se prestan en castellano».
Los expertos aprovechan para criticar la responsabilidad de las administraciones en el ámbito de la sanidad. En esta línea, enfatizan que esta situación «se explica en parte por el hecho de que las universidades, en particular, las catalanas, no generan suficiente número de profesionales con conocimientos de catalán para cubrir las necesidades de los centros sanitarios». En este punto, también remarcan, con cierta reticencia, la puesta en marcha de un plan lingüístico, con acciones y proyectos lingüísticos específicos. Por todo ello, certifican las «diversas deficiencias en la prestación de los servicios sanitarios».
El consumo, también un fiasco
En el caso de Cataluña, los expertos dejan claro que la legislación vigente protege el uso del catalán en los ámbitos empresariales y privados. Una protección de la cual, en el ámbito administrativo, la responsable es la Agencia Catalana de Consumo. Un organismo que debe velar por el cumplimiento de las empresas de los derechos de las personas como consumidores y usuarios de servicios. Asimismo, evidencia que se promociona el uso del catalán en los servicios bancarios y financieros y, curiosamente, hace constar que las entidades que operan en Cataluña ofrecen la posibilidad de utilizar la lengua catalana. En todo caso, el informe resalta que «solo el 10,6% de los productos vendidos en Cataluña están etiquetados o tienen las instrucciones en catalán». Un dato que muestra la escasa importancia del catalán en la distribución comercial de Cataluña.
Asimismo, resaltan otra de las lacras del sistema de protección en el ámbito del consumo de los catalanohablantes, y son los servicios concertados por la administración pública. En concreto, enfatizan que algunos servicios públicos prestados por empresas privadas, después de hacerse las licitaciones, no se ofrecen en catalán.
Una situación similar se detecta de manera más punzante en la administración española o los tribunales de justicia. Por ejemplo, recopila que solo un 7% de las 18,000 sentencias dictadas en un año son en catalán y «muchos ciudadanos siguen creyendo que hablar catalán ante un tribunal o utilizarlo en documentos judiciales podría perjudicarles». Una crítica que se extiende a los organismos de la administración del Estado en Cataluña, especialmente, en lo que respecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
