La Generalitat de Catalunya asegura que también sufre la ocupación de sus inmuebles. Así lo afirma la consejera de Economía, Alícia Romero, en una respuesta parlamentaria sobre el fenómeno formulada por el PP y a la cual ha tenido acceso El Món. Según la consejera, actualmente hay un total de 28 inmuebles de la Generalitat de Catalunya que se encuentran ocupados ilegalmente. En concreto, dos inmuebles de dominio público propiedad de la Generalitat de Catalunya, y 26 inmuebles patrimoniales provenientes de herencias intestadas.
De hecho, la diferencia entre los dos tipos de inmueble es clave para el proceso de desalojo. De esta manera, Romero subraya que en primer término, los inmuebles de dominio público son los bienes inmuebles que están afectados al uso general o a los servicios públicos propios de la Generalitat y aquellos que una ley así lo declare. Y, en segundo lugar, están los inmuebles patrimoniales de la Generalitat de Catalunya, dentro de los cuales se debe distinguir los que gestiona ordinariamente la Generalitat de Catalunya, de aquellos que también gestiona, pero que provienen de una herencia intestada.
Diversas vías para la recuperación
El Gobierno, sin embargo, apunta que no está de brazos cruzados. Así, asegura que está llevando a cabo «acciones» para la recuperación de los inmuebles propiedad de la Generalitat de Catalunya y el desalojo de las personas que ocupan ilegalmente estos inmuebles. En principio, las vías son las «que legalmente están previstas». De hecho, admiten que en cada caso estudian cuál es la vía para una «mejor eficiencia en la recuperación del inmueble». Es decir, según el caso se sigue un procedimiento penal o bien un procedimiento administrativo de recuperación de la posesión.
La consejera, sin embargo, se muestra resignada y remarca que en cualquier caso estos desalojos son «procedimientos muy largos que dificultan, sobre todo en lo que respecta a los inmuebles procedentes de herencias intestadas que están afectados por ley, poder destinarlos lo antes posible (bien directamente o mediante el producto de su venta) a los fines sociales, culturales o de políticas de vivienda social que determina la normativa sucesoria catalana».
Además, Romero alerta que en todos estos procedimientos se toman todas las medidas necesarias de protección para la vulnerabilidad de las personas que puedan estar ocupando los inmuebles. Por otro lado, también reconoce que el Gobierno no tiene suficiente poder para utilizar una vía más acelerada porque la Generalitat «no tiene competencia en materia de recuperación de la posesión sobre los inmuebles propiedad del Sector Público».
