Jaume Alonso-Cuevillas (Barcelona, 1961) es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, pero sobre todo, es un abogado que disfruta de su trabajo. Ha dirigido la querella de cinco exconsejeros de Cultura contra la jueza que debe ejecutar la sentencia de Sijena. En esta entrevista, la comenta y la glosa. También actualiza su idea sobre los atentados del 17-A y analiza el hecho de que parte de la judicatura española intente cortar las alas a la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conocida como ley Cuevillas, que ha servido para archivar causas como la Volhov o Tsunami Democràtic y que ahora una sentencia de la cual fue ponente Manuel Marchena ha comenzado a limitar.
En primer lugar, la querella por Sijena, vaya, cinco consejeros advirtiendo a una jueza que podría delinquir si hace ejecutar una sentencia… parece inédito.
Sí, es que, de entrada, lo que ya es inédito es pedir la inejecución de una sentencia civil. En el contencioso administrativo sí que hay una previsión de inejecución de sentencias, en casos en que, por ejemplo, se debería demoler una construcción si se ejecutara y después hay un nuevo plan de ordenación urbanística que lo puede permitir. En cambio, en la jurisdicción civil no está previsto. Pero lo investigué a fondo y, con Xavier Muñoz Puiggrós, que es buen amigo y el abogado que seguía la ejecución civil por parte de la Generalitat y que ya me había hecho alguna consulta, concluimos que, en principio, la sentencia no tiene escapatoria, pero resulta que es delito cumplirla. Si todos los informes nos dicen que esto comportará la destrucción de las obras, es un delito contra el patrimonio. Y esto se puede plantear.
¿Dos derechos en conflicto?
Hay dos derechos en conflicto. Dos derechos fundamentales, además. Por un lado, hay un derecho a la tutela judicial efectiva, que, como el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando y no podía ser de otra manera, incluye el derecho a la ejecución de la sentencia. Quien obtiene una sentencia favorable tiene derecho a que se ejecute, porque, si no, la tutela no sería efectiva. Pero es que, en este caso, la efectividad de la tutela comporta la comisión de un delito. Un delito regulado por la política criminal del legislador español a través del Código Penal, y también en cumplimiento de obligaciones internacionales del convenio de Nicosia del 19 de mayo de 2017.
La obligación de preservar el patrimonio.
Cuando el Estado es el judicial, es el ejecutivo, está obligado, por sentido común además, a preservar patrimonio histórico que, en este caso, es de la humanidad, más que español. Por tanto, si la ejecución de una sentencia, que es una obligación interna, comporta la comisión de un delito en relación con todas las obligaciones internacionales, tienes un conflicto entre dos bienes jurídicos y debes priorizar. Y es claro, aquí, que se debe priorizar la preservación del patrimonio histórico.
La querella es la última bala, como diría Lluís Puig, antes de encadenarse al MNAC? ¿Qué vías quedan si decae la querella?
Poca cosa. Es decir, la hipótesis de inadmisión no la contemplamos como probable, sino como la más probable. Pocas querellas por prevaricación se admiten contra jueces. Hay algo que no cuadra. Más o menos, hay un millón de asuntos judiciales anuales en España, y hay muchas resoluciones injustas. Quiero pensar que dolorosamente pocas, pero por negligencia seguramente hay unas cuantas. Los abogados ya nos autocensuramos y ponemos pocas querellas en estos casos, porque sabemos que es muy difícil que prosperen. Somos conscientes de que hay una probabilidad altísima de que la querella no se admita a trámite, pero alguien tendrá que pronunciarse.
A pesar de eso, la han presentado.
A pesar de eso, pensamos con los consejeros que se debía interponer, porque se deben remover conciencias. Lo primero que haremos será enviarlo a los organismos internacionales. Hemos publicitado y hemos alertado a todos que la ejecución de esta sentencia puede comportar la destrucción de estas obras, que, además, es la comisión de un delito. Por tanto, a partir de ahora, las instituciones que se han puesto de perfil, como el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, ya no se pueden continuar poniendo de perfil.
Por tanto, es que es un grito de alerta, ¿no? Porque ustedes, en esta querella, también piden el informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), del Ministerio de Cultura, que podría detener la ejecución. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las administraciones se ponen de perfil?
Porque, como aquí hay un conflicto político, hay una catalanofobia latente. Aquí las pinturas pueden ser destruidas antes que catalanas, ¿no? Y eso es lo que subyace. Además, como España no es una democracia, sino una partitocracia, y los partidos están todo el día mirando la demoscopia, con miedo de que cualquier decisión les pueda hacer subir o bajar intención de voto. Todos de perfil. En este caso, el PSOE, pero si fueran del PP sería exactamente igual.
Hay una cierta interpretación general que ustedes han hecho un trabajo que le correspondía hacer al Gobierno.
De entrada, lamentamos mucho que el Gobierno no haya interpuesto un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo. Sabemos que el margen es pequeño, como con esta querella, pero creemos que se debían agotar todas las posibilidades. Pero, más allá de la acción jurídica, debería desplegar toda la actividad política, buscar una solución. De hecho, el exconsejero de Cultura Ferran Mascarell me explicó que con el presidente Pasqual Maragall y el aragonés Marcel·lí Iglesias [PSC] estuvieron a punto de llegar a un acuerdo.
Para entendernos, ¿existe jurídicamente la figura de una sentencia de imposible aplicación?
Bien, el cumplimiento es posible, pero es que el cumplimiento de la sentencia provoca la comisión de un delito, y un delito irreparable, y por tanto se debe buscar una solución. Y, además, el derecho no prevé explícitamente la no ejecución de una sentencia civil, pero puede hacer una aplicación analógica de la regulación del contencioso administrativo. Es evidente que no se debe ejecutar esta sentencia. Aquí la lógica sería una solución política. Si el Estado viera que esta ejecución no tuviera este componente de catalanofobia, ya habrían encontrado la solución política. Sin catalanofobia, ya habrían encontrado una solución política para Sijena.
Pase del contencioso civil, de los órganos contenciosos del civil, al penal. El 26 de febrero, el magistrado Manuel Marchena dictó una nueva sentencia que matiza lo que se conoce como ley Cuevillas, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido una verdadera revolución en el proceso penal.
Sí. La cantidad de causas que se han tenido que cerrar, que se han tenido que archivar, porque se dilataban en el tiempo… Volhov, Tsunami Democràtic… No solo afectan aquí, sino en todas partes. La reforma que promoví era pensando en las investigaciones prospectivas que se estaban haciendo contra los independentistas catalanes, pero valdría contra los disidentes políticos en general. He recibido llamadas y correos de abogados de toda España haciéndome consultas sobre el tema.
Pero ahora parece que lo quieren matizar.
Bien, el señor Marchena se cree que es legislador. Cuando decide, por ejemplo, no aplicar la amnistía con argumentos insostenibles absolutamente contra legem. En este caso ha hecho una reinterpretación, haciendo que la ley diga algo que no dice, porque él da por hecho que el espíritu de la ley, la finalidad de esta ley, era evitar dilaciones indebidas. Y No, no, la finalidad de esta ley es una garantía del derecho de defensa de los justiciables. El preámbulo es bien claro.
¿Cómo afecta la ley la sentencia de Marchena, entonces?
Desde el inicio de la aprobación de la ley, como pasa con tantas otras reformas procesales, el sistema ha intentado reinterpretarla y adaptarla para seguir haciendo lo que ya hacían. Esto nos lo hemos encontrado en multitud de reformas procesales. Debo decir, también, que si ahora volviera a tener que aprobar la ley, hay una cosa que creo que no hicimos bien, como es que las prórrogas fueran de seis meses. Las deberíamos haber hecho de un año, también. Porque la experiencia práctica nos demuestra que con el colapso que tienen los juzgados… Un año ya está bien, seis meses pasan demasiado volando. A pesar de eso, el espíritu de la ley era muy claro, y ya hace tiempo que varios tribunales, el Supremo también, han ido haciendo interpretaciones correctoras. Esta sentencia es un paso más en intentar minimizar sus efectos de forma importante.
Este artículo fue una revolución.
Sí, porque en derecho procesal hablamos de plazos propios, que son los que afectan a las partes. Si un abogado tiene 10 días para hacer un recurso y lo presenta el día 11, no se lo admitirán. Decimos que es un recurso de plazo fatal, que provoca, pues, la caducidad, la preclusión, y, por tanto, la pérdida de la expectativa procesal. Mientras hemos dicho siempre que los plazos que afectan a los tribunales son plazos impropios. Si no los cumplen, no pasa nada. Solo si el incumplimiento es muy salvaje podría dar lugar a una responsabilidad disciplinaria, que raramente se aplica en el contexto que tenemos. Y con la reforma del 324 es la primera vez que se crea un plazo propio que afecta a los tribunales, y tomó a muchos juristas por sorpresa. Es un tema de organización y obliga a un cambio de hábitos, como ahora presentar las querellas solicitando las diligencias de instrucción. El cambio fue que antes se dejaba la petición de prórroga en manos de la fiscalía, a raíz de una reforma del PP que se bautizó como ley del punto final y que provocó el archivo de muchas causas por corrupción. Al quedar en manos del ministerio fiscal, solo hace falta recordar la famosa frase ‘¿de quién depende la fiscalía?’.
Usted participó como abogado en el juicio de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La comisión de investigación del Congreso todavía sigue trabajando en el caso, ¿está satisfecho?
En cuanto a la cuestión judicial, hemos pedido la reconsideración del archivo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a nuestra demanda, pero tenemos muy pocas esperanzas. En cuanto a la comisión, hay que decir que se ha conseguido más de lo que era esperable en un primer momento. Nos ha permitido descubrir cosas que no sabíamos, pero sobre todo creo que ha servido de forma muy clara para constatar que quedará mucha verdad por saber. De aquí al final de la comisión, espero que logremos acreditar algo más, pero seguirán quedando muchas nebulosas. Por eso, ya en su momento decidimos, con Javier Martínez [su cliente] y la gente que le apoya, crear la asociación 17-A Queremos Saber la Verdad, porque nosotros queremos seguir investigando más allá de lo que se pueda obtener en la comisión de investigación. Creemos que debemos ser capaces de poner sobre la mesa todas estas nebulosas, todos estos hilos que quedan por estirar. Creemos que la forma más efectiva de hacerlo sería mediante la difusión en los medios de comunicación. Tal vez podamos escribir un libro entre los periodistas y los abogados que hemos trabajado más en el caso. No sé si llegaríamos a saber la verdad, pero al menos podríamos dejar en evidencia lo que ahora no se ha sabido y que el juicio ha sido un juicio voluntariamente de perfil bajo para tapar todo aquello que no se ha querido investigar.
–Usted lleva la querella por Sijena, reformó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que algunos jueces quieren limitar, ha llevado el caso del activista Albert Forcades o el 17-A, pero también hizo política… ¿Qué se encuentra en barbecho o no tiene ganas de volver a la política más activa?
Mi vocación política viene de muy lejos, porque yo, ya muy joven, tuve cargos corporativos. Fui presidente internacional de los abogados jóvenes, presidente europeo… Quiero decir que he tenido muchos cargos institucionales, que es una forma de hacer política no partidista. Lo que no me había planteado nunca, hasta que vinieron a buscarme, era hacer política partidista. Fue una experiencia muy interesante, la de ser legislador. Pero siempre estoy expectante a lo que pasa.
-Está tan atento que incluso sabe que se prepara una expectativa electoral, es decir, si nada cambia, deben venir las elecciones municipales… Por cierto, Junts parece que no tiene muy claro quién debe encabezar la lista…
Yo soy militante de Junts. De hecho, soy fundador y militante, he estado en la ejecutiva nacional. Soy de Junts. Quiero decir, yo renuncié como diputado, pero no he roto el carnet. Continúo militando y en plena sintonía con el partido, como con cualquier militancia de cualquier partido y con el presidente Carles Puigdemont por supuesto.
-Perdone la osadía, pero ¿no se animaría, por ejemplo, a una candidatura al Ayuntamiento de Barcelona? ¿Como alcaldable?
El partido y el presidente Puigdemont saben que yo estoy disponible. De hecho, yo he tenido conversaciones con el presidente sobre este tema, pero es un tema muy complejo, la candidatura a la alcaldía de Barcelona, y me consta que el partido está madurando y contemplando todas las hipótesis.
-¿Le haría gracia ser un alcalde por Junts, en la capital de Cataluña?
Hombre, Barcelona, capital de Cataluña, ciudad donde he nacido y he vivido toda la vida, porque en mi época, cuando yo era joven, no había Erasmus, ¿eh? He vivido siempre, siempre, en Barcelona, y ahora necesita una revolución, porque los dos últimos mandatos lo han hecho muy mal. Barcelona era una ciudad de Champions, en todos los sentidos. Hoy lo hemos perdido, con muchos problemas, ahora. Hay zonas de Barcelona que parecen un parque temático. Se ha perdido la catalanidad. Barcelona, debe ejercer también, de capital con una catalanidad desacomplejada. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en Barcelona, y por supuesto sería un reto apasionante, poder liderar este proyecto.
-Habla de catalanidad, pero también tiene otros problemas, como ahora la vivienda.
. La vivienda es uno de los grandes problemas. Es un problema, además, que yo conozco y he estudiado. Ya hace muchos años publiqué un libro sobre arrendamientos urbanos, es decir, que es una materia que he conocido. Fui, durante muchos años, abogado del Colegio de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Conozco muy bien la problemática. Ahora, hace poco, el Colegio de Economistas me ha nombrado presidente del Observatorio Económico del Derecho y la Justicia. Uno de los objetivos que tenemos desde el Colegio de Economistas es estudiar el impacto de la regulación de los alquileres, por un lado, del derecho, y de la amplitud de los procesos judiciales de otra, en el mercado inmobiliario. Creo que las administraciones pueden hacer cosas. Obviamente, la solución implica tener un parque de vivienda mucho más grande, y de vivienda pública. No es una solución rápida, que a corto plazo se puedan hacer soluciones milagrosas, pero hay mucho por hacer y no se está haciendo. Por tanto, este es uno de los grandes problemas que tiene… El área metropolitana en general, pero Barcelona muy en particular, y que se debe ser valiente con las decisiones para abordarlo.
–Entonces usted daría el paso?
Yo estoy a disposición del partido, y esto lo he trasladado tanto al partido como, principalmente, al presidente Puigdemont. A partir de aquí, si creen que yo puedo ser una buena opción, yo, estaría encantado de ser alcaldable, me va la marcha.
-Las expectativas también son las que son…
Las expectativas son las que son, pero, claro, las expectativas son poco fiables, porque, entre otras cosas, cuando se hacen ahora encuestas de intención de voto, nadie tiene todavía claro quién es el candidato de Junts por Barcelona, ¿no? Y, a pesar de eso, no se ha tocado fondo. Por tanto, hay margen. Pues vamos, adelante.
