Òmnium Cultural ha acusado la Audiencia Nacional de «inventarse causas» contra el independentismo y ha destacado que otros países occidentales se han negado a colaborar y aportar información para la instrucción del caso, hecho que demuestra «que la comunidad internacional ni siquiera reconoce» estas causas. Así lo ha defendido la entidad en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, después de que este jueves se haya sabido que Suiza, Holanda, los Estados Unidos y Canadá rechazaron colaborar de manera diplomática con los magistrados de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal o Manuel García Castellón, porque, apuntan, se investigaban delitos de carácter político y que no tenía nada que ver con ninguna organización criminal o terrorista. De hecho, Suiza consideró persecución política su causa contra Tsunami Democràtic. Lo han definido como «un nuevo ridículo absoluto del estado español» y han asegurado que «nos manifestaremos y ejerceremos nuestros derechos democráticos las veces que haga falta. Basta!».
El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha seguido la misma línea y ha recordado que «protestar contra la injusticia no es delito, al contrario: es una obligación cívica», un hecho que, ha dicho, «tienen claro» las «democracias consolidadas». Antich también ha afirmado que «la estrategia de Estado para acusar de terrorismo un movimiento democrático como el independentismo no parará la causa de la libertad».
Suiza constata persecución política
La respuesta de varias democracias occidentales a la petición de las comisiones rogatorias internacionales emitidas en el marco de las diligencias 85/2019 del Tsunami Democràtic es muy clara. Los documentos, a los cuales ha tenido acceso El Món, muestran como la Guardia Civil convenció los jueces instructores de la existencia “de una revuelta popular” que incluso hacía peligrar la monarquía española. Esto, pero, no se trasladó a las instancias judiciales internacionales.
En marzo de 2020, Suiza devolvió los papeles a la Audiencia Nacional argumentando que consideraban que «aunque los hechos descritos en la solicitud española tienen una calificación penal en la legislación suiza, el carácter político del delito, si hay delito, constituye, en todo caso, un motivo de inadmisibilidad de la solicitud en virtud de la legislación suiza en materia de asistencia judicial penal, que nos impide – sin dejarnos ninguna opción – conceder la asistencia judicial a la autoridad requeridora española».
Por su parte, Canadá y los EE. UU. también cerraron puertas. Canadá informó la Audiencia Nacional que «no puede proporcionar la información que solicita el juez»; mientras que los Estados Unidos solicitaron más información a la justicia española sobre los hechos que se investigaban, porque un primer examen indicaba que podría vulnerar la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que determina el derecho a la reunión y libertad de expresión de los ciudadanos. Finalmente, Holanda tampoco ayudó en absoluto y lamentó «no poder dar más información».
