Después de cuarenta años de autogobierno y con la presión y monitorización del Estado sobre la política exterior de la Generalitat, Cataluña empieza a dar los primeros pasos para tener un cuerpo diplomático propio. Este miércoles, el plenario de la cámara catalana hará el debate de totalidad de una ley bastante esperada para el personal que la administración catalana tiene destinado a la acción política exterior. Se trata del proyecto de ley de modificación de la ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Un texto de un solo artículo que prevé regular la «creación de un cuerpo especializado en materia de acción exterior». La voluntad de la consellería es construir un cuerpo con personal civil y funcionario que articule de manera profesional la acción de representación al exterior.
El debate de esta semana, no obstante, vuelve a mostrar la unidad de la derecha visigótica españolista en el campo parlamentario. Vox, PP y Ciutadans son los únicos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de retorno. Las otras formaciones facilitarán el debate y esperan, en el trámite de enmiendas, poder añadir las opiniones que defiendan. La ley aprovecha los márgenes que dejó la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar del recorte del Estatuto en materia de relaciones internacionales de la Generalitat, y aprovecha la disposición adicional primera de la Ley 16/2014, del 4 de diciembre. Una normativa que establecía la obligación del Gobierno de dotar la administración de la Generalitat de «personal con preparación y conocimientos específicos para ejercer las funciones que le corresponden en el ámbito de la acción exterior de Cataluña y en el ámbito de las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea».
Sin personal
La memoria justificativa del proyecto de ley, a la cual ha tenido acceso El Món, señala que en «la actual estructura y organización de la función pública no existe ningún cuerpo que desarrolle funciones propias del ámbito de la acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea». Aun así, el departamento de Exteriores, en manos de Meritxell Serret, ha desplegado nuevas delegaciones del Gobierno en todo el mundo, con personal elegido a través de concurso público. La nueva ley, pero, regulará estas selecciones de personal, que se adscribirán a un cuerpo especial de la Generalitat.
En concreto, el artículo único de la ley tiene que llenar el agujero que sufre la Generalitat de no tener «ningún cuerpo ni escala de funcionarios ni ninguna categoría laboral que requiera conocimientos del derecho y las políticas de la UE, de la política de cooperación territorial europea, de derecho internacional público, de los sistemas internacionales públicos y privados o de planificación de la cooperación al desarrollo, así como de las lenguas de trabajo necesarias en estos ámbitos». Una «carencia» que inquieta los responsables políticos de la Generalitat y que limita tanto la acción exterior del día a día como de una estrategia sostenida en el tiempo.
Concurso oposición
El informe de los servicios jurídico que acompaña el proyecto de ley detalla cómo será la creación de este cuerpo de diplomáticos catalán. En principio, la captación de los futuros embajadores de Cataluña será a través del sistema de concurso oposición, tanto en turnos de acceso libre como de promoción interna. Los requisitos de los opositores son que habrá que estar en posesión de una titulación oficial de nivel universitario de doctorado, grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería u otras titulaciones equivalentes y que hay que acreditar conocimientos otros idiomas. El despliegue reglamentario y la normativa de cada lugar creado discernirá los detalles y la puntuación que se otorga a otros méritos.
Por otro lado, la iniciativa prevé que en la convocatoria de selección respectiva se puede establecer un curso selectivo eliminatorio de carácter práctico. Las convocatorias de acceso también tienen que garantizar un turno de promoción interna, en el cual tienen derecho a participar tanto funcionarios del cuerpo superior de administración de la Generalitat de Cataluña como el personal laboral fijo. Una manera de estabilizar los actuales responsables de las delegaciones.
