La amenaza a la lengua catalana impulsada por PP y Vox en las Islas ha chocado con un muro de respuesta cívica. La ofensiva política y administrativa por parte del españolismo se ha encontrado con una resistencia que no esperaban y que recuerda la defensa del catalán con la que se enfrentó al cuatrienio negro, el nombre con el que se conocía la época de gobierno durante la cual José Ramon Bauzá intentó «desmantelar» un marco normativo del catalán. Así lo ha especificado el profesor del departamento de Derecho Público de la Universidad de las Islas Baleares, Antoni Llabrés, en el curso de Derecho de la Universidad Catalana de Verano (UCE) que esta semana se ha celebrado en Prada (Conflent).
Llabrés, que también es presidente de la Obra Cultural Balear, presentó un largo informe titulado Illes Balears: una política lingüística contra la lengua catalana y la reacción de la sociedad civil organizada. Señala el riesgo de que la actual legislatura del gobierno del PP, con el apoyo de Vox, que sostiene Margalida Prohens, se convierta en un «segundo cuatrienio negro», de ahí que enfatice la resistencia de la sociedad civil contra la campaña por «la aniquilación de la lengua catalana» y «la destrucción y aniquilamiento como pueblo».
Todo esto con frentes judiciales, políticos y normativos y unos datos que permiten ver de manera tangible que la resistencia civil aguanta la presión del activismo españolista. La sorpresa ha sido que el ataque a la lengua en la escuela y la sanidad, dos ámbitos donde en Cataluña también hay polémicas judiciales y mediáticas, ha fracasado por la escasísima receptividad de la comunidad educativa a la ofensiva y el muro que han supuesto entidades como Sanitaris per la Llengua. Las Islas pueden enseñar el camino de lo que podría pasar en Cataluña, tanto de la ofensiva contra la lengua como de la organización civil para defenderla.
Doble acción
Según el también presidente de la Federación Ramon Llull, el ataque proviene de dos frentes. En primer término, la » acción política que supone el acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno y los acuerdos presupuestarios». Unos pactos que han supuesto un «volteo de los usos lingüísticos institucionales y administrativos», la eliminación de la exigencia de la capacitación lingüística para acceder a la función pública» y el intento de liquidación del modelo lingüístico y educativo. Un escenario al que hay que sumar también la «acción Judicial. Es decir, una doble acción que «pone la diana allí donde la lengua catalana se había consolidado como preeminente».
En cuanto al volteo, Llabrés denuncia el intento de que haya un «uso progresivo del castellano como lengua de trabajo en las actuaciones internas» y «como lengua de tramitación en los procedimientos administrativos». Es decir, una «bilingüización progresiva en las relaciones generales con los ciudadanos a través de publicaciones y redes«. Asimismo, entra en juego el derecho de opción lingüística pasiva del ciudadano en castellano sin petición expresa. Esto es que, solo con comunicarse en castellano, el consistorio responderá en esta lengua. Incluye en el paquete la vulneración de la pauta de utilización normal del catalán para las autoridades en actos públicos. Decisiones que se han tomado en el Ayuntamiento de Calvià o en los acuerdos de Mesa del Parlamento de las Islas que, afortunadamente, aún no se ha aplicado.
A por la escuela
Uno de los otros frentes de ataque ha sido el modelo de conjunción lingüística que garantiza la enseñanza del catalán en las escuelas. Un sistema propio de uso preponderante del catalán, que obliga a que el 50% de la enseñanza en horario lectivo sea en catalán. Se añade un decreto de mínimos, donde las direcciones de los centros pueden decidir qué hacen con el resto del 50%. La realidad es contundente. El 100% de los centros públicos y de las cooperativas educativas ha elegido que toda la docencia sea en catalán. Solo la escuela concertada y privada es del 50 y 50. «Es un modelo no traumático, nada conflictivo, impuesto de manera pacífica, impulsado por el PP y un modelo fuertemente arraigado, pero que también tiene luces y sombras», añade Llabrés.
A pesar de la consolidación del sistema, un recurso de inconstitucionalidad de Vox puede complicar las cosas. Es más, también existe un «intento de trasladar la judicialización del Principado sobre el 25% de castellano a través del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares». Por otro lado, hay que añadir «la falta de garantía de permanencia de los modelos con intentos de alteración». Pero más allá de la justicia, la OCB hace un llamado de alerta por la acción política contra la lengua en la escuela con un «plan piloto voluntario de segregación lingüística» aprobado el 19 de abril de 2024 que se tenía que imponer en primaria en el curso de 2024-2025 y en secundaria, el curso 2025-2026.
Un fiasco
Un plan recorrido con un recurso contencioso administrativo. Paralelamente, el gobierno reactivó la orden de 13 de septiembre de 2004 de elección de lengua del primer aprendizaje. Dos planes que tenían un presupuesto de veinte millones de euros. El gancho era ofrecer mejoras estructurales a las escuelas a cambio de ser un centro piloto del nuevo sistema. Más dinero a cambio de aplicar este sistema. Pero a pesar de la oferta atractiva, la respuesta contraria ha sido, según Llabrés, «unánime»: el intento no ha tenido éxito.
Las cifras son claras. Al plan piloto voluntario de segregación lingüística para primaria 2024-25 solo se acogieron un 3,24 % de centros. Es decir, 11 de un total de 339 centros, de Mallorca, básicamente en Palma, no en el interior. En Ibiza, solo se acogieron el 4,36% de los centros: 19 de un total de 435, ninguno público. Y ningún centro en Menorca.
Además, se activó el derecho de elección de lengua en el primer aprendizaje y también fue un fracaso. En cuanto al curso 2025 y 2026, el 80,52% de las familias eligieron el catalán y el 19,48%, el castellano. En concreto, en Mallorca fueron el 82,78 % de las familias las que eligieron el catalán frente al 17,26 % que optaron por el castellano. En Menorca, las familias que eligieron catalán fueron el 91,65%, frente al 8,35% que optaron por el castellano. Y, en Ibiza y Formentera, el catalán fue la opción del 60,34% para el catalán y el 39,66% para el castellano. «Ha sido una segregación frustrada», concluye Llabrés.
La sanidad también responde
Otro de los ataques contra la normalización del catalán ha sido la decisión del Gobierno Balear «de eliminar la capacitación de la sanidad pública de la exigencia de catalán para médicos y enfermeros». La respuesta de la sociedad civil fue promover un recurso de inconstitucionalidad, a través de 50 diputados del Congreso, contra la reforma que exigía acabar con la eliminación universal del conocimiento. Un cambio normativo que se vinculaba con el déficit de profesionales. Un déficit que, como defiende Llabrés, «no hay ningún estudio que lo avale, al contrario».
Así, recuerda que la última vez que se exigió el catalán, en los macroprocesos de estabilización de la función pública de un total de 2.200 plazas, en 2.000 se exigió conocimiento de catalán y ninguna plaza quedó desierta. De hecho, del resto, dos terceras partes ya disponían del conocimiento del catalán y las otras se comprometieron a acreditar en una moratoria de dos años el conocimiento. «El verdadero problema es el alto costo de vivir en las Islas, por tanto, eliminar la lengua de la sanidad solo tiene razones ideológicas», sentencia Llabrés.
De hecho, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos tienen buen pie porque el Tribunal Constitucional puede aplicar el principio de no regresión. Es decir, que la administración no puede arrebatar derechos -como es la atención en catalán en el servicio de salud- si no es una medida justificada y proporcionada hasta que no se pueda garantizar. Es decir, no se pueden eliminar derechos sin una justificación muy argumentada y con la expectativa de recuperarlos, como una cuestión excepcional. «Este principio puede incidir en la batalla judicial», alega Llabrés. A todo esto, hay que añadir la movilización en la entidad «Sanitaris per la Llengua, donde 800 médicos y enfermeros que han decidido defender el catalán en su tarea diaria».
