Primer movimiento importante en la reanudación de las negociaciones políticas entre Pedro Sánchez y sus socios de investidura tras el estallido del caso Cerdán. Se trata de un acuerdo a cuatro bandas que permitirá establecer una hoja de ruta para que Cataluña recaude todos los impuestos de manera gradual. Tal como ha adelantado eldiario.es y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN) de fuentes de la negociación, Moncloa y la Generalitat están a punto de cerrar el acuerdo, que llevarán a la bilateral del próximo lunes. Inmediatamente después, el PSOE y ERC llevarán al Congreso una proposición de ley para introducir los primeros cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que certificará la delegación a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) de la recaudación del IRPF y de otros impuestos menores como el de matriculación o el IVA de las pymes.
El pacto que se está terminando de sellar es la vía que han encontrado los gobiernos español y catalán para materializar los acuerdos sobre el nuevo financiamiento de Cataluña que el PSC y ERC cerraron a cambio de investir a Salvador Illa. El texto contendrá una mención expresa al principio de ordinalidad, una cláusula que debe garantizar que los recursos destinados a la solidaridad territorial no harán que el volumen de recursos per cápita de Cataluña quede por debajo de regiones más pobres, algo que sucede actualmente. Esto hace que comunidades como Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias o Galicia estén sobrefinanciadas mientras Cataluña sufre un déficit fiscal enorme. La ordinalidad es una de las líneas rojas de ERC, que ha renunciado a conseguir un pacto equiparable al concierto económico del País Vasco y Navarra.
Una transferencia escalonada como en Rodalies
La idea, que ya se contemplaba en los primeros acuerdos políticos, es que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación gradual de todos los impuestos y ceda una parte al Estado. Pero la transferencia de la gestión será progresiva para que la ATC pueda ampliar su plantilla y oficinas para enfrentar el nuevo reto. Esto también hace que cada vez que hay una nueva transferencia se deba producir una modificación legal que debe ser aprobada en el Congreso y que, por tanto, estará sujeta a los equilibrios y a las negociaciones paralelas habituales de esta legislatura para lograr que salgan adelante. La opción de modificar una ley orgánica es la vía que han encontrado para intentar blindar los cambios. ERC ya ha adelantado que las condiciones actuales del acuerdo satisfacen sus exigencias.
