«Si una maniobra del PSOE a última hora no lo estropea, el acuerdo es posible». Con esta expresividad comentaban fuentes de la negociación el estado del tira y afloja por la ley orgánica de amnistía este miércoles por la tarde. Pocas horas después, a las siete de la tarde, Pedro Sánchez, desde el Brasil, anunciaba la inminencia del pacto en «minutos u horas». Y así ha sido, a las ocho, PSOE, ERC y Junts presentaban en sociedad un breve comunicado con los términos del acuerdo, con cinco puntos clave. Todo a apenas horas de la comisión de Justicia del Congreso que tiene que aprobar el dictamen de la ley que se tendrá que aprobar posteriormente en el pleno de la cámara baja.
«El acuerdo ha llegado con góndola, porque el PSOE se vio con más margen después del aval de la Comisión de Venecia«, apuntan algunas fuentes. Un detalle que se hace constar en el comunicado del acuerdo. El aval de este organismo geopolítico en el texto ha reforzado la posición del PSOE, ha dado la razón a las propuestas de Junts y ha permitido a ERC fortalecer su papel. El oportunismo del caso Koldo también ha ayudado. El acuerdo de la ley que justifica una investidura y el mantenimiento del poder ejecutivo en manos del PSOE y Sumar llega en pleno escándalo de corrupción que afecta a la órbita socialista. Un refuerzo, por lo tanto, que el PSOE recibe como agua de mayo y como garantía del imprescindible apoyo parlamentario para sacar adelante la legislatura.
«Al final, hemos torcido el brazo», apuntan desde Junts. «Un no acuerdo habría supuesto hacer el ridículo», apuntan desde ERC. Por su parte, el negociador del PSOE y el gobierno español, el ministro Félix Bolaños, que algunos apuntan —por su imprudencia y soberbia— como «culpable de las trabas de la ley», mantenía un discreto papel con la idea que «se estaba en la recta final» de la negociación. Aun así, la enmienda que ha servido de clave de vuelta por la negociación, relativa al terrorismo y la traición, no se difundirá oficialmente hasta este jueves, antes de la comisión.
Un acuerdo de última hora, cocinado en la prórroga
Después de la prórroga forzada por el no de Junts a la ley en el pleno del Congreso que se votó a finales de enero, se abrió una nueva etapa en la negociación. De hecho, había que calibrar en el texto las excepciones e incluir el terrorismo y las supuestas derivadas, así como la garantía de aplicación de la ley de manera inmediata, una vez la hayan aprobado las dos cámaras legislativas. El acuerdo también llega después de la presión de la parte más derechista de la alta magistratura española y del ministerio fiscal que, mediante la causa del Tsunami Democrático, han subido el listón del precio de la amnistía envolviendo en el caso el presidente al exilio, Carles Puigdemont, con un supuesto delito de terrorismo.
En este ambiente de crítica desmesurada y de acciones represivas de buena parte de la magistratura que ha desatado una guerra interna dentro del ministerio fiscal, se ha añadido el caso Koldo. Una olla a presión que Sánchez ha querido rebajar, aunque solo sea temporalmente, apuntándose la medalla del acuerdo. De hecho, Sánchez ha hecho una jugada mediática de primer orden y no ha querido desaprovechar la ocasión de poder avanzar lo que es un triunfo político de primera magnitud para su gobierno y para el PSOE.
Así, este miércoles por la mañana ya se ha apresurado a filtrar, a través de una conversación informal con periodistas que lo acompañan en su viaje a Brasil y a Chile, que permitía negociar cambios en el texto para dar «más garantías» a los independentistas y, en especial, al presidente al exilio, Carles Puigdemont. Unos cambios que el lunes, la portavoz del PSOE, avanzaba y definía como «pequeños» y decía que «no modificarían la filosofía de la ley». Los pequeños cambios ya habían llegado. Por la tarde, desde una rueda de prensa en Brasilia, Sánchez ha remachado el clavo y ha anunciado la inminencia del acuerdo para la ley del olvido penal para los independentistas represaliados gracias a una enmienda transaccional que han negociado con juntaires y Esquerra, con discreción y con verdadera orfebrería jurídica. «Nada es sencillo», apuntaban las fuentes consultadas.
Una oposición durísima que promete un ‘Vietnam’ jurídico
El anuncio de esta tarde daba por recortados y pulidos los flecos y los términos que impidieron la aprobación del texto en el plenario por desavenencias en el contenido entre Junts y el resto de las fuerzas que apoyaban a la ley. Las enmiendas vivas se han reformulado en una transaccional, que entienden unos y otros que cumple los objetivos de la ley. Ahora bien, sin la garantía total que la represión contra el independentismo se pare del todo. Una opción que todo el mundo da por hecho y que supondría, por ejemplo, la previsión y el compromiso de indultos a los posibles condenados por procesos donde los jueces o magistrados descarten la aplicación de la amnistía.
La presión de la oposición de los últimos días se ha dejado notar. La más feroz en contra ha intentado meter por el medio al Tribunal Constitucional, a través de un recurso de Vox para impedir la tramitación de la ley alegando la vulneración del reglamento del Congreso de Diputados. Por su parte, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, se ha mostrado convencido que el acuerdo entre el PSOE y Junts es una «nueva rendición» de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa. Pero ha hecho un paso más, conectando este acuerdo con la eterna renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, ha avisado que si los socialistas se cargan sus propias «líneas rojas» —en relación con el delito de terrorismo— será «muy difícil» llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ.
PP, Vox, fiscales y jueces ya han señalado el camino de esta segunda fase del trámite de la ley. De hecho, ahora empieza una verdadera pista americana. Después de la votación del dictamen, la ley pasará al pleno del Congreso, que lo aprobará. Posteriormente, irá a parar al Senado, donde el PP y Vox, tienen preparada una telaraña jurídica y reglamentaria para retener el texto el máximo tiempo posible. Será en este trámite cuando el CGPJ haga un informe sobre la ley que promete ser munición para presentar la multitud de cuestiones de constitucionalidad y cuestiones prejudiciales a la justicia europea. Todo mientras el Tribunal Constitucional tendrá que estudiar el recurso que, muy seguro, presentarán los grupos de la oposición. De momento, la primera etapa llega al final después de semanas de tensión, acusaciones de corrupción por la compra de mascarillas y el aval de la Comisión de Venecia.
