El corso está en peligro. Así lo han alertado desde hace tiempo entidades como el colectivo Femula Campà y gran parte de la esfera política de la isla, que desde hace casi dos años vive inmersa en una disputa judicial que esta semana ha agotado su recorrido interno con un veredicto nada esperanzador para los intereses de los isleños y su identidad. El Consejo de Estado francés confirmaba el jueves la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Apelación de Marsella, que prohibía el uso de la lengua corsa en la cámara de la Asamblea de Córcega. Un revés en toda regla que deja muy tocada la línea de flotación corsa.
Cabe recordar que el caso se remonta a marzo de 2023, cuando un juzgado administrativo de la ciudad corsa de Bastia anulaba un decreto de la Asamblea de Córcega aprobado el 16 de diciembre de 2021 y que establecía el francés y el corso como lenguas de uso para los debates en el hemiciclo. En este primer revés judicial, el tribunal dictaminaba que el francés era la única lengua permitida por la Constitución francesa para ejercer un cargo público. Este pronunciamiento se vivió como un ataque a la identidad corsa y tuvo un amplio eco internacional.
En manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El proceso iniciado hace más de dos años ha culminado esta semana con la confirmación por parte del Consejo de Estado de la sentencia elevada al Tribunal Administrativo de Apelación de Marsella, desestimando de esta manera el recurso presentado por la Colectividad de Córcega. Ante esta decisión, tanto el presidente del consejo ejecutivo corso, el nacionalista Gilles Simeoni, como la presidenta de la Asamblea, Marie-Antoinette Maupertuis, ya han anunciado que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que abrirán este recurso a todos los cargos electos y ciudadanos que quieran para convertir la cruzada en una defensa acérrima del corso.
«Por supuesto, no podemos estar satisfechos con esta situación jurídica, que condena la lengua corsa a ser prohibida de la esfera pública, contrariamente a los derechos fundamentales consagrados y garantizados en todas las grandes democracias, y en contradicción con las aspiraciones mayoritarias, incluso unánimes, de los corsos y de sus representantes electos», señalan los dirigentes corsos en declaraciones recogidas por la radio Alta Frequenza. Tanto Simeoni como Maupertuis van más allá, sin embargo, y aseguran que la decisión del Consejo de Estado no hace más que reforzar la necesidad de un proceso de revisión constitucional para lograr un Estatuto de Autonomía para Córcega, lo que permitiría al corso beneficiarse del estatus de lengua oficial, «garantizando su uso en todos los actos de la vida pública y respetando al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos que no hablan esta lengua».
