Condenado como «cooperador necesario en un delito de tráfico de drogas que implica una sustancia que causa un grave perjuicio a la salud, sin circunstancias atenuantes o agravantes que afecten la responsabilidad penal, a una pena de 7 años y 6 meses de prisión y una multa de 28.000.000 euros». Esta es la pena que la sección primera de la Audiencia de Lleida ha impuesto al mosso d’esquadra que hizo de topo para la Guardia Civil y la Fiscalía en relación con el referéndum del Primero de Octubre y que fue testigo protegido en la instrucción judicial contra el Procés. El mosso, además, saltó a la fama entre sus compañeros de uniforme cuando se reveló que asistía a los mítines de Vox.
En una jugosa sentencia de 29 páginas del pasado 26 de marzo, los magistrados concluyen que era uno de los principales protagonistas de la trama acusada de importar 620 kilos de cocaína ocultos en un rotor a través del puerto de Barcelona. La resolución enfatiza que el mosso aportó 85.000 euros para financiar el envío de la droga desde Panamá y colaboró en el alquiler de la nave del polígono industrial El Segre de Lleida, donde se almacenó el rotor.
Cabe decir que los otros cuatro procesados reconocieron los hechos, antes del juicio, y aceptaron penas de entre 2 y 6 años de prisión en un pacto con el ministerio fiscal. El mismo mosso tiene ahora pendiente otro juicio, esta vez por blanqueo de capitales, un caso por el que fue detenido el 26 de marzo de 2024 en una operación dirigida por la División de Asuntos Internos del cuerpo de la policía de la Generalitat.
«Una estelada en el despacho»
El mosso ahora condenado fue el “testigo protegido clave 1-O”, incorporado a la investigación del juzgado de instrucción 4 de Lleida, que instruyó la causa contra los Mossos por los hechos del referéndum. Un testimonio que el fiscal Miguel Ángel Carballo utilizó para la acusación contra la cúpula del Departamento de Interior por el referéndum del 1 de octubre de 2017, y en las diferentes causas que se abrieron contra miembros del cuerpo después del 27 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entonces, el mosso estaba destinado al Área de Recursos Operativos de la región de Ponent, las ARRO, unidades de orden público.
El día 11 de octubre puso negro sobre blanco todo lo que había visto y toda la información que le pedían tanto la Guardia Civil como el ministerio fiscal. Su declaración abrió las diligencias 1341/2017 del juzgado número 4 de Lleida contra varios mandos regionales y locales del cuerpo por sedición, desobediencia y falsificación de documentos, entre otros delitos, y sirvieron para completar el relato contra los Mossos en las diversas causas abiertas por todo el país contra el Procés. En concreto, una densa y extensa declaración sobre cómo se programó el operativo de los Mossos para el referéndum, cuál fue la estrategia y cómo se llevó a cabo la retirada de las urnas y el control e identificación de los integrantes de las mesas electorales. Incluso les hace una master class sobre Worknet, la red de trabajo policial, y les indicaba dónde se encontraban físicamente los ordenadores donde pueden encontrar los archivos con toda la información.
El agente también especificó a fiscalía, Guardia Civil y juez la supuesta orientación ideológica de los mandos. Por ejemplo, de un inspector, que identificaba con nombre y apellidos y que tenía una importante unidad regional a cargo, informaba que tenía «una estelada en el despacho”. De otro inspector, al que daba preeminencia por delante del resto de mandos, enfatizaba que era “activista de la ANC” y que salía «a todas las concentraciones”. Incluso precisaba que “gestionó la manifestación del Once de Septiembre”. “Está directamente relacionado con la ANC”, destacaba y delataba su identidad y otros datos. Su declaración abrió causas judiciales que, al final terminaron en nada. De hecho, a última hora la fiscalía prescindió de su testimonio presencial en el juicio del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
Una condecoración polémica
La polémica con este mosso no terminó aquí. En 2020, la Prefectura de los Mossos acordó conceder la medalla al mérito policial a casi todos los miembros de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra que habían intervenido durante los eventos y protestas contra la sentencia del Procés. En la lista de galardonados, sin embargo, no aparecía el agente, que había delatado a sus compañeros de uniforme por complicidad con el Procés. Él, sin embargo, interpuso recurso ante la dirección general de la Policía y finalmente se le concedió, en 2021. Una distinción que abrió la caja de los truenos dentro del cuerpo cuando vieron que el consejero de turno, Joan Ignasi Elena, le tuvo que poner la medalla por imperativo legal, concedida por su predecesor, Miquel Sàmper, ahora consejero del Gobierno de Salvador Illa. De hecho, Elena le puso la medalla por el orden de llegada a la mesa de entrega de las condecoraciones.
La medalla se justificaba por la actuación del ARRO de octubre de 2019 en Lleida a raíz de las protestas por la sentencia contra los líderes del Primero de Octubre. Una furgoneta de las unidades antidisturbios de los Mossos fue atacada por los manifestantes en la capital de Ponent. Dentro había seis agentes. Interior, con la idea de que había que condecorar a todos los policías que habían participado en los operativos para contener las protestas por la sentencia del Procés, los premió. Se otorgó la condecoración a todos los agentes que estaban en esa furgoneta excepto a uno: justamente el topo que había pasado información a la Guardia Civil. Pero fue por casualidad, por un “error tipográfico en el redactado de la orden”.
El resto del equipo, los cinco miembros de la dotación, recibieron la condecoración en 2020. El mosso topo ahora condenado presentó un recurso, una queja formal, el 16 de noviembre de 2020, justo cuatro días después de que el mayor Josep Lluís Trapero volviera como jefe del cuerpo. De hecho, presentó el recurso 72 horas después de la reincorporación del mayor. En enero de 2021, el cuerpo de Mossos d’Esquadra decidió reconocer el error y aceptarle el derecho a obtener su condecoración, como el resto de compañeros de dotación de la furgoneta.
Otro juicio
La condena impuesta el mes pasado, que aún se puede recurrir por parte del mosso -los otros condenados conformaron la pena con el ministerio fiscal- puede hacer que entre en prisión porque la pena supera los dos años de prisión. Pero, además, el mosso fue arrestado en marzo de 2024 en una operación conjunta de la unidad de Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil por un delito de blanqueo. Una investigación que comenzó por las sospechas levantadas a raíz del ritmo de vida elevado que llevaba, con importantes gastos económicos. La investigación se centraba en irregularidades en subastas y asuntos inmobiliarios.
Dos días después de su detención, el juez instructor de este nuevo caso lo dejó en libertad provisional, pero le retiró el pasaporte, le impuso la prohibición de salir del país y le comunicó la obligación de personarse periódicamente en los juzgados. Por su parte, la dirección general de la Policía decidió, a través de Asuntos Internos, suspenderle de sueldo y trabajo. Ahora este mosso que había sido un topo contra sus compañeros está a la expectativa del resultado administrativo de la primera sentencia mientras espera juicio por el segundo procesamiento, en este caso, por blanqueo y falsedad documental.
