Jueves, 30 de abril, la Audiencia Nacional abrirá juicio de uno de los casos que más ha marcado la historia de los últimos años, teniendo en cuenta que fue un sumario iniciado en 2011. Es el caso Emperador o GaoPing, nombre del empresario chino que centró la investigación. Es una larguísima instrucción judicial de una supuesta mafia china de fraude fiscal y blanqueo de capitales que, a priori, no tendría más importancia, porque de estructuras de blanqueo y fraude, la Audiencia Nacional juzga cada mes. Pero esta tuvo una incidencia clave en la implosión que sufrió la policía patriótica que permitió conocer el entramado de la cloaca, una guerra judicial dentro de la Audiencia Nacional y dentro de la policía, fue un elemento clave para amenazar al banco donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero y que acabó cerrando sus puertas y donde salió escaldado un famoso productor y actor de películas X como Nacho Vidal.
La audiencia preliminar, es decir, las cuestiones previas en la nueva nomenclatura procesal, se celebrará a partir del jueves de esta semana. Una jornada donde se prevé que la fiscalía anticorrupción acuerde diversas conformidades con muchos de los 102 procesados. De hecho, las demoras procesales del caso, un cambio de fiscal, y la reducción del caso a fraudes supuestamente cometidos entre los años 2010 y 2012 han quitado hierro a un sumario que sirvió para enredar una pretendida mafia policial con una mafia china que operaba desde Madrid al mundo.
De hecho, este caso ya tuvo una primera sentencia, el 16 de diciembre de 2016, de la pieza separada que se desprendió bautizada como «funcionarios». A juicio solo llegaron seis policías, -cinco miembros del Cuerpo Nacional de Policía y uno de la policía local de Fuenlabrada, de los quince que fueron investigados. Y fueron juzgados acusados de revelar información y recibir sobornos de Yongping Wu Liu, que la policía identificaba como la mano derecha de Gao Ping. Esta resolución, en una sala presidida por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, absolvió a todos los policías a pesar de las penas de hasta 9 años de prisión que pedía la fiscalía. Una resolución que, por cierto, tuvo un voto discrepante del magistrado Ramon Saenz Valcárcel, posiblemente el magistrado más progresista de la Audiencia Nacional y ahora, del Tribunal Constitucional.
102 acusados
El juicio, que se someterá a la sala Penal de la Audiencia Nacional, será el primer paso después de que el magistrado instructor, José Luis Calama, enviara el sumario a juicio el 15 de febrero de 2022. La tesis del juez, compartida con la fiscalía anticorrupción es que Gao Ping, un famoso empresario chino afincado en Madrid, lideraba una supuesta organización criminal a gran escala para llevar a cabo un fraude fiscal «sistematizado» y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. Además, de Gao Ping, el juez procesó a 101 personas más entre las que se encontraba Nacho Vidal, uno de los más reputados actores de cine porno. De hecho, del sumario se desprende que la fiscalía lo acusa de vender material erótico, como penes de goma, a través de facturas falsas.
En definitiva se acusa a más de un centenar de acusados de los delitos de organización criminal, soborno pasivo, soborno activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, falsificación de documentos mercantiles, organización criminal, posesión de moneda falsificada y delitos contra la propiedad industrial. En resumen, el magistrado concluye que todos formaban parte de una «compleja macroorganización criminal internacional» que a través de sociedades pantalla, defraudaban a Hacienda y blanqueaban dinero.
La policía patriótica, implosiona
El caso también fue investigado por la Unidad de Asuntos Internos y estuvo marcado por un desorden de la instrucción. De entrada, el juez instructor del caso, en primera instancia, Fernando Andreu -amigo del comisario de inteligencia jubilado y uno de los agentes operativos de la policía patriótica- tuvo que dejar ir a uno de los principales detenidos porque su arresto fue ilegal. Una ilegalidad declarada por el magistrado de la sala penal, Felix Alfonso Guevara, que le costó muchas críticas de la judicatura que más se entendía con la policía.
El caso que se derivó contra los policías, lo llevó el comisario Marcelino Martín Blas, ahora acusado en la Kitchen y miembro destacado de la policía patriótica en los inicios de la operación Catalunya. Martín Blas puso en el paquete de sospechosos al hijo del comisario Villarejo, a pesar de tener amistad, José Manuel Villarejo Gil. Enredar al hijo del comisario, que se dedicaba a la compra venta de juguetes, fue todo un desafío que abrió una cruenta batalla entre los dos comisarios que acabó estallando en el caso del Pequeño Nicolás.
Además, en la investigación también se investigaban otros comisarios que tenían buenas relaciones con Villarejo, como Carlos Salamanca, condenado por soborno en la pieza King de la operación Tándem. De hecho, a raíz de la relación personal de Andreu con Salamanca, el magistrado acabó inhibiéndose del caso. Antes, sin embargo, archivó la causa contra la mayoría de los policías en agosto de 2015. Andreu tenía extraordinarias relaciones con destacados miembros de la policía patriótica. Más tarde, en el año 2020, el otro juez instructor, José Luis Calama, sacó de la ecuación al comisario Miguel Ángel Gómez Gordo, jefe de la brigada de Extranjería del CNP y ahora involucrado en la Kitchen.
De Fuenlabrada a Andorra
La guerra abierta de la policía comenzó a abrir las primeras grietas en la cloaca. Pero también se aprovechó para la operación Catalunya. En concreto, para la trama andorrana. Es decir, las presiones para obtener información financiera de los líderes soberanistas en el Principado, y más en detalle, el dispositivo para conseguirla de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y Banco Madrid, donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero. Las presiones hacia la entidad a través del SEPBLAC y del Tesoro de EE.UU., eran a raíz de las informaciones que relacionaban la entidad con la mafia china, a través de Gao Ping. De hecho, era uno de los cinco argumentos del documento del FINcen que sirvió para justificar la intervención, además del caso de los fondos de Venezuela -ya archivado, el caso Rus -ya archivado-, los fondos mexicanos y las sociedades panameñas.
Gao Ping trabajaba con el empresario valenciano, Rafael Pallardó, que utilizaba de correo para enviar dinero a Andorra, que se justificaban a través de facturas de productos de marroquinería. Una operación que las autoridades andorranas consideraron como blanqueo y que después de la intervención del Banco abrieron un sumario judicial. De hecho, en Andorra es el caso Gao Ping que ha terminado con duras sentencias para los gestores de la BPA, como el ex-CEO de la entidad, Joan Pau Miquel. Curiosamente, la sentencia, que está recurrida, llegó mucho antes que el juicio de la causa en España que todavía restan cinco días para que comience a celebrarse, aunque el caso, se despertó en Andorra a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional. En este sentido, desde Andorra esperan el resultado de este juicio para poder compararlo con el resultado que tuvo en el Principado y así poder tener más fuerza de cara al recurso presentado.
