La primera jornada del juicio a la familia Pujol Ferrusola y una quincena de empresarios en la Audiencia Nacional ha tenido una de cal y una de arena. Contra todo pronóstico, la sala de la Audiencia Nacional que juzga el caso, y que preside José Ricardo de Prada, ha decidido que, a pesar de la opinión de los médicos, el presidente Jordi Pujol podía continuar como acusado. Pero, por otro lado, el magistrado ha permitido a las defensas de la familia Pujol explicitar las cuestiones previas que pueden acortar o reducir el proceso judicial. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé ahora este trámite como una vista para decidir sobre cuestiones como la competencia, la prueba refutada o la vulneración de los derechos fundamentales.
Los abogados llevaban hechos los deberes y el reparto de las cartas. De hecho, el abogado oficial del presidente, Pau Castells, no ha presentado ninguna cuestión y ha dejado el rompehielos en manos de Cristóbal Martell, que ha articulado las cuestiones procesales más evidentes como la falta de competencia de la Audiencia Nacional, la falta de concreción de la acusación, el rechazo de la prueba y entradas y registros de dudosa regularidad. Martell, sin embargo, solo ha apuntado el vector de la operación Cataluña, que ha permitido al abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, describir la operación Cataluña a través de los hechos sin casi mencionarla. Una cuestión rematada directamente por el abogado de Oriol Pujol, Francesc Sánchez. Oriol Rusca, abogado de la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, se ha abonado a la tesis de la falta de concreción y ha apuntado el nexo político de su familia.
En conjunto, la primera jornada de la vista ha servido para situar un marco concreto al tribunal. Poner en el centro la idea de que el caso Pujol puede ser un caso eminentemente técnico, pero que sobre todo tiene origen en el panorama vivido en Cataluña durante los años del Proceso. Y también cabe destacar que el grueso de los supuestos delitos habrían prescrito hace años. Cabe recordar que la instrucción se ha alargado durante 12 años. De hecho, el origen de la causa se ha desgranado quirúrgicamente marcando el terreno de juego. Sánchez ha sido quien ha tenido la osadía de sacar con picardía una sentencia de actualidad política para constatar la extrañeza de este juicio en relación con el caso del Fiscal General y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Si se llamaran González Amador y no Pujol seguramente estaríamos intercambiando correos de pactos por delitos fiscales y no en un juicio en la Audiencia Nacional», ha ironizado.
El striptease financiero de los Pujol
El tribunal ha podido escuchar la cronología de los hechos, que no solo enturbia el inicio de la causa, sino que podría anular parte del sumario y de la prueba recogida por una clamorosa vulneración de derechos. De hecho, la descripción hecha por los abogados hacía tomar notas al presidente del tribunal porque relacionaba los hechos y los datos sobre las irregularidades de cómo se inició el caso contra los Pujol por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución.
Así, el abogado Campaner ha blandido la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 donde se publicaban los saldos de la familia Pujol en Andorra con el titular que habían transferido 3,4 millones a un banco andorrano en un mes. Lo que ha llamado «el striptease financiero de la familia». Una portada que ha servido para iniciar el relato con el auto del 29 de julio de 2014 del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que enviaba una comisión rogatoria internacional a Andorra reclamando información financiera de la familia y en concreto de la BPA. Precisamente, es esta resolución la que impugnan las defensas por su oscura argumentación, ya que consideran que intoxica la prueba recogida que abría de verdad la causa contra los Pujol.
En concreto, la portada es del 7 de julio de 2014 y, como reacción, el comunicado de Jordi Pujol del 25 de julio. A continuación, el 28 de julio, la fiscalía presentaba al juzgado un escrito «con heterodoxia» que se convertiría en una resolución del juez del 29 de julio donde se pide la comisión rogatoria. Ahora bien, el escrito del ministerio público se basa, supuestamente en el comunicado del presidente que es «impreciso, vacío y genérico». Pero, los abogados han enfatizado que el fiscal menciona la BPA y Andorra, dos elementos indispensables que el presidente Pujol ni menciona en el comunicado. Por tanto, el comunicado del presidente fue para la fiscalía un «simple pretexto» para blanquear una información obtenida ilícitamente. El escrito de fiscalía fue asumido acríticamente por el juez instructor, sin darse cuenta de que «el pecado original» era una portada con información que se habría obtenido de manera «delictiva e inconstitucional» por parte de operativos clandestinos de la policía española con el apoyo de la cúpula del Ministerio del Interior y de la Moncloa.
Dos años parados y una visita a fiscalía
Siguiendo este relato, los letrados han subrayado que las diligencias estaban abiertas desde 2012, pero eso sí, en «estado catatónico», porque hasta el 28 de julio de 2014 no se lleva a cabo ninguna diligencia. Un hecho nada menor, porque la instrucción no había avanzado nada, no se había practicado ninguna diligencia, ni ninguna pesquisa. Solo había una denuncia policial no ratificada judicialmente de Javier de la Rosa, y la denuncia del 17 de enero de 2013 de Victòria Álvarez, que «no aportó nada al juez instructor». No será hasta la portada de El Mundo que el caso, de repente, se despierta.
A partir de aquí, los abogados han narrado todas las notas de inteligencia, audios y reconocimientos de cómo se obtuvo con funcionarios policiales la información financiera de los Pujol en Andorra, y cómo se convirtió en una obsesión. En esta línea, han recordado que incluso el socio del comisario José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, fue el abogado que acompañó a Álvarez a declarar en la Audiencia Nacional y que prepararon la declaración en un «hotel». Además, han reclamado la presencia de Higini Cierco, propietario de la BPA, para aclarar una visita después de la comisión rogatoria al entonces fiscal en jefe anticorrupción, Manuel Moix. Todo un origen que ha generado un pleito en Andorra, por un lado, por vulneración del secreto bancario, y, por otro, por un ataque a la soberanía. Un sumario que se ha recordado con desenvoltura en la sala.
Todo esto acaba de comenzar. Los abogados han sido bastante hábiles para coser un relato de hechos que destapan las maniobras políticas que han acabado con los Pujol en el banquillo de los acusados.
