La Cámara de Comercio de Barcelona enfrenta estos días un debate que tiene visos de convertirse en la primera batalla de las elecciones del otoño de 2027. Será en el pleno del 16 de julio, donde los 60 vocales de la institución deberán validar o rechazar la propuesta impulsada por el comité ejecutivo presidido por Josep Santacreu de reforma del reglamento electoral de la institución, que pretende introducir 8 nuevas cadires de plata. Se trata de una figura legal que permite a grandes empresas, con una aportación económica significativa -75.000 euros anuales con un compromiso mínimo de 4 años-, acceder al pleno de la institución con los mismos derechos políticos que el resto de vocales, pero sin pasar por las urnas. El equipo de gobierno quiere pasar de 2 a 10 cadires de plata, sumando una aportación económica total de 750.000 euros anuales, 3 millones de euros por mandato. Una aportación que podría ser superior en caso de que haya más aspirantes que cadires, porque se pueden subastar por un precio superior.
Sobre el papel, el objetivo del comité ejecutivo es reforzar la representación de las grandes empresas y garantizar una composición más equilibrada del plenario. Así lo defiende el gobierno de la Cámara en un comunicado breve, que argumenta que la realidad económica catalana necesita una presencia más destacada de las compañías que concentran una parte importante de la actividad, la inversión y el empleo.
La discusión es aparentemente técnica. Pero afecta una de las cuestiones más sensibles de cualquier institución representativa: quién tiene derecho a decidir y en nombre de quién lo hace. Las cadires de plata no garantizarían la victoria electoral de nadie, pero es evidente que podrían reducir el número de vocalías que es necesario controlar para asegurar la presidencia después de las elecciones, y por lo tanto, modificar sustancialmente la voluntad expresada en las urnas. La propuesta de Santacreu ha abierto una controversia interna fuerte, no solo entre los 21 vocales de Eines de País, la candidatura que hace oposición, sino también en otros sectores del pleno que cuestionan la necesidad y la oportunidad de la reforma.
Para que la propuesta de Santacreu salga adelante, se requiere mayoría simple en el plenario, es decir, 31 votos de los 60 totales. Un apoyo que Santacreu aún no ha podido garantizar, según ha podido saber Món Economia. Las cifras son muy ajustadas, porque el presidente tomó el control de la Cámara en 2023 justamente con 31 de las 52 vocalías escogidas por sufragio directo, a pesar de recibir menos votos en las elecciones que la lista Eines de País, que consiguió 21 vocales. De hecho, hay 3 vocales que fueron escogidos por la patronal Pimec, consensuados con Foment -que designó 3 más- que podrían votar en contra de la reforma. Según ha podido saber este diario, hay reticencias claras en Pimec, que de hecho, mantiene una relación muy tensa con Santacreu, pero también algunos miembros de la candidatura Va d’empresa tendrían dudas importantes sobre la conveniencia de la reforma. En todo caso, para detener la reforma del reglamento electoral Eines de País necesitaría arrastrar al no una decena de vocales, una hazaña que fuentes de la candidatura ven «factible».
El origen de las cadires de pago, una decisión del PSOE
En todo caso, las cadires de plata no forman parte de la tradición histórica de las cámaras de comercio. Su existencia es relativamente reciente, aparecieron a raíz de la ley estatal de cámaras aprobada en 2014, después de que el gobierno español presidido por Zapatero eliminara el recurso cameral obligatorio que durante décadas había constituido una de las principales fuentes de financiación de estas corporaciones. La desaparición de aquel ingreso provocó una situación complicada para muchas cámaras de comercio. La de Barcelona, por ejemplo, tuvo que enfrentar reducciones importantes de presupuesto y de plantilla. En ese contexto, las vocalías de pago se plantearon como una fórmula para captar recursos privados y compensar parcialmente la pérdida de ingresos. La primera aplicación significativa de este modelo en Barcelona llegó con las elecciones de 2019, con 14 cadires de plata. Pero la candidatura ganadora aquel año, Eines de País, las redujo hasta las 2 actuales.
¿Y por qué ahora, a un año de las elecciones, se quieren volver a poner a la venta más cadires? El comité ejecutivo de la cámara considera que las 8 cadires de plata extra «aseguran una representación más equilibrada y proporcional del autónomo, la pequeña, la mediana y la gran empresa». En términos económicos, el incremento de ingresos derivado de las ocho nuevas vocalías representaría menos del 2% del presupuesto actual de la Cámara de Barcelona. Una cifra poco relevante, que a juicio de Eines de País, no justifica esta reforma del reglamento electoral. Pero los 21 vocales de esta candidatura tampoco comparten que la gran empresa esté infrarepresentada. En conversación con Món Economia, Toni Fitó, vocal de Eines de País, sostiene que la principal objeción a la reforma es de naturaleza democrática: «La representación empresarial debe depender del voto y no de la capacidad económica para comprar cadires. La Cámara de Comercio es una corporación de derecho público, su legitimidad deriva del hecho de que las empresas eligen directamente a sus representantes».
Fitó también insiste en que las grandes empresas pueden acceder al pleno por diversas vías, sin necesidad de alterar la voluntad democrática de los socios de la cámara. «Pueden hacerlo presentándose a las elecciones, a través de los vocales designados por las organizaciones empresariales o mediante otras fórmulas de participación institucional. La Cámara dispone de figuras como los vocales consultores, que pueden participar en la vida corporativa sin alterar el equilibrio de votaciones del plenario, así como de los socios institucionales y de las diferentes comisiones sectoriales», detalla.
Las elecciones de 2027 y el poder en el pleno
Ahora bien, no se puede ignorar que la reforma llega cuando la Cámara avanza inevitablemente hacia el otoño de 2027. Las elecciones de 2023 pusieron fin a cuatro años de presidencia vinculada a Eines de País y devolvieron el control de la institución a una mayoría articulada alrededor de la candidatura de Josep Santacreu. Ese resultado fue fruto de una suma compleja de intereses y sensibilidades empresariales que compartían un objetivo común: cerrar la etapa iniciada en 2019, con una clara orientación independentista.
Pero tres años después, los equilibrios internos parecen menos sólidos de lo que eran entonces. Las discrepancias que ha generado la reforma han sido una muestra. Fuentes del mismo plenario admiten que la propuesta no genera unanimidad dentro de los sectores que tradicionalmente han apoyado a la actual dirección de la Cámara. Ahora, la propuesta de ampliación de las cadires de plata no garantiza la victoria electoral de nadie. Tampoco determina cuál será el resultado de las elecciones de 2027, pero sí que tiene un efecto objetivo: modifica la composición del pleno y altera los equilibrios sobre los que se construirán las futuras mayorías. Dicho de otra manera, no decide quién ganará en las urnas, pero sí que puede influir en las condiciones con las que se formará el gobierno de la institución después de los comicios y en cómo se reparte el poder dentro de la Cámara.
La votación prevista en el pleno del 16 de julio trasciende una simple modificación reglamentaria. Lo que está en juego no son solo ocho vocalías más o menos, sino qué papel tendrán las urnas, los recursos económicos y las grandes empresas en la configuración de la Cámara que deberá salir de las elecciones de 2027.
