• Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers

Día importante en la agenda de las partes implicadas en el caso Leire. La sección tercera de la sala penal de la Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite los recursos de apelación interpuestos por Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Unos recursos que reclaman la inhibición del Tribunal Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en el caso que investiga la supuesta cloaca del PSOE hacia el Tribunal de Instrucción nueve de Madrid, que inició las investigaciones.

En una diligencia, a la que ha tenido acceso El Món, la sección tercera ha ido por trabajo y ha nombrado ponente del recurso a la magistrada Ana Maria Rubio Encinas. Además, ha fijado el próximo 24 de julio la fecha para la deliberación, votación y resolución del recurso. De hecho, estos recursos son el siguiente paso a la desestimación de los recursos de reforma interpuestos por los tres investigados al entender que no hay motivo alguno para que la Audiencia Nacional se quede la instrucción del caso Leire, que investiga presuntas maniobras para torpedear investigaciones policiales y judiciales contra el PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez y su entorno.

La Audiencia Nacional investiga el apagón como en la península Ibérica/Quico Sallés
La Audiencia Nacional decidirá su competencia sobre el caso Leire/Quico Sallés

Juez predeterminado por ley

La base de los recursos es que la decisión de Pedraz de asumir la causa es contraria al principio de juez predeterminado por ley. Es decir, que la jurisdicción para la investigación correspondería a los juzgados de instrucción de Madrid, que es donde comenzó y no concurre ninguna de las circunstancias legales que justifiquen que el sumario sea instruido por este tribunal especializado. La defensa arguye que los actos investigados se habrían cometido en Madrid y se refieren únicamente a órganos y entidades públicas ubicadas en la misma zona. “Por tanto, la jurisdicción del tribunal al que se dirige este asunto no se puede sostener bajo ninguna circunstancia”, concluyen. Así, antes de acabar el mes la Audiencia decidirá si es competente o no para mantener la tutela de la causa investigada.

Comparte

Icona de pantalla completa