El pasado 19 de enero, representantes de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) comparecieron en la comisión de investigación del Parlamento sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Las comparecientes aseguraron que en febrero del año 2025 habían entregado al Departamento de Derechos Sociales un documento firmado por 500 profesionales donde describían las carencias, quejas y propuestas de solución tras el estallido de las irregularidades de la DGAIA.
La carta llegó el jueves, 12 de marzo, a los diputados, tras insistentes reclamaciones al equipo técnico de la comisión, que aseguraban no haber recibido el documento. Finalmente, los portavoces de los partidos en la comisión han recibido la misiva que firmaron medio millar de profesionales de los EAIA de todo el país y que registraron en la consejería el 13 de febrero de 2025. Un documento donde «trasladan» a los «responsables» su «preocupación» por la «situación» del «sistema de protección a la infancia». Además, remarcan las «dificultades» que encuentran en el ejercicio de su actividad. De hecho, el documento aseguraba que la situación de la atención a la infancia y la adolescencia «se había ido deteriorando progresivamente».
El documento, de 12 páginas y al que ha tenido acceso El Món, subraya que todo esto «ya lo habían planteado anteriormente y de forma reiterada» con el departamento y con la DGAIA, «sin nunca recibir respuestas concretas a los temas» que habían expuesto. Además, aducen que nunca han «percibido ninguna mejora en los problemas planteados». En este sentido, solo constatan dos reuniones con la intención de trasladar «inquietudes, preocupaciones y propuestas» con la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, pero que el resto de convocatorias «fueron anuladas sin propuesta de nuevas fechas». El documento sobre el deterioro del servicio se suma al que también expresaron los abogados catalanes en un extenso informe difundido por El Món.
«Sin retorno»
Los profesionales firmantes de la carta señalan que de todas las actuaciones por parte de la DGAIA para mejorar el servicio o bien no tuvieron «ningún retorno de los resultados» o bien no han tenido «más información al respecto». También reprochan a los responsables de la consejería que, a pesar de las peticiones, «no hay más transparencia sobre cómo se calculan las ratios de personal de los servicios ni qué criterios se contemplan». «Constatamos que se van tomando iniciativas que a menudo no tienen continuidad o que, si la tienen, no hay canales de comunicación para informar de cómo se van implementando», criticaban los profesionales.
«En la práctica, la realidad es que la situación del sistema de protección se ha ido deteriorando progresivamente, sin que encontremos respuestas a los déficits que se han planteado de forma reiterada y todo esto conlleva que no se pueda hacer efectiva la protección de niños y adolescentes, vulnerando sus derechos y convirtiéndose en un grave maltrato institucional», sentencia la misiva. «La situación actual de muchos SEAIA (Servicio Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia) es de desbordamiento e imposibilidad de dar respuesta a todos los requerimientos que recibimos, tanto desde la DGAIA como de los servicios de los respectivos territorios», añadían en el memorial de agravios.
Una situación que conllevaba un «gran desgaste» y «el descontento y agotamiento de los profesionales». Un hecho que suponía el abandono de muchos y una alta rotación de los equipos». Y que «incrementaba las cargas de trabajo» y que repercutía en los SEAIA «las carencias del sistema de protección a la infancia y la adolescencia». «La dificultad extrema en que llegan algunos casos, porque no se ha podido llevar a cabo un trabajo preventivo, aumenta la cronicidad y complejidad en las situaciones en que se encuentran los niños, adolescentes y familias», concluyen.
Diversos problemas
Entre los agravios que destacaban los profesionales en la carta, estaba la «insuficiencia de plazas de centros» o la poca capacidad y lejanía de los «espacios de visitas para niños y adolescentes, los EVIA». También incluyen en la lista la falta de recursos en centros de acogida, falta de coordinación institucional y funcional, falta de familias de acogida, la forma «inadecuada de tratar las urgencias» y la falta de criterios «claros y unificados» por parte de la DGAIA y la revisión de los protocolos de trabajo.
