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El catalán mantiene una presencia mayoritaria y consolidada en el funcionamiento interno del tercer sector social en Cataluña, pero esta realidad contrasta fuertemente con la falta de formalización organizativa: menos de la mitad de las entidades dispone específicamente de usos lingüísticos que orienten y regulen de manera explícita sus prácticas comunicativas. Esta es una de las principales conclusiones del estudio El análisis de los usos lingüísticos en el tercer sector, elaborado por la investigadora Farida Boudichat y publicado por el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Naciones (CIEMEN).

El documento pone de manifiesto que, aunque cerca del 80% de las organizaciones sociales utilizan el catalán como lengua principal en su día a día interno –incluyendo la redacción de documentos de trabajo, la gestión de correos electrónicos y la realización de reuniones de coordinación–, menos de la mitad cuenta con un protocolo para sus trabajadores. Un poco más de la mitad restante se distribuye entre entidades que no cuentan con ninguna normativa interna, aquellas en las que el personal desconoce su existencia y un caso puntual en el que el protocolo se encuentra en fase de elaboración.

Según el informe, esta fragmentación evidencia que la posición predominante de la lengua catalana en el ámbito organizativo responde más a dinámicas relacionales implícitas, inercias sociolingüísticas y a la misma cultura de trabajo de las entidades que a una planificación lingüística formal, estructurada y avalada institucionalmente.

El tercer sector requiere más recursos y formación para promover el catalán / Europa Press

El catalán es la lengua de acogida preferente, pero se cambia al castellano para garantizar la comprensión

El diálogo y la interacción directa con las personas usuarias –especialmente en servicios de primera acogida, protección internacional, inserción laboral o atención a la infancia y colectivos vulnerables– representa el ámbito más complejo y sensible para la gestión sociolingüística. El estudio del CIEMEN detalla que el 60% de las entidades mantiene el criterio de iniciar habitualmente la atención en catalán, consolidándolo como la lengua de acogida preferente. En cambio, hay un 20% que opta por comenzar el contacto directamente en castellano, mientras que el 20% restante aplica estrategias situacionales como la bilingüización de entrada o la adaptación inmediata en función del país de origen o del código que emplea el usuario.

Asimismo, cuando se producen situaciones donde la persona atendida muestra una falta de comprensión del catalán, el 60% de las entidades intenta mantener el catalán siempre que se acrediten unos mínimos de comprensión, favoreciendo procesos de inmersión o contacto bilingüe progresivo. Sin embargo, un 20% realiza un cambio automático e inmediato al castellano para «garantizar la fluidez y la inmediatez del servicio». Un hecho que, según el documento, evidencia que «el factor determinante en la gestión lingüística es el perfil de la persona usuaria y la necesidad de garantizar la comprensión inmediata del servicio». En consecuencia, aunque el marco institucional y los materiales de apoyo tienden a priorizar el catalán, la práctica cotidiana de la atención directa acaba «modulando el uso de la lengua en función de la eficacia comunicativa, situando la comprensión mutua como criterio central de la actuación profesional».

Percepción del catalán: herramienta de oportunidades versus dificultades prácticas

En el análisis de las actitudes e ideologías lingüísticas –medidas en una escala del 1 al 5–, el estudio muestra un consenso muy elevado en torno al valor social de la lengua. La afirmación con el grado de acuerdo más alto –rozando el 4,5 sobre 5– es que el catalán ofrece oportunidades sociales y laborales a las personas atendidas. Asimismo, se supera la puntuación de 4 al considerar que el catalán facilita la inclusión social en Cataluña y que las entidades mantienen un compromiso activo con su promoción. No obstante, invita a la reflexión cuando se encuentra con la práctica asistencial: la segunda afirmación con más apoyo –4,2 sobre 5– es la que advierte que priorizar el catalán puede dificultar la atención inmediata. Además, la propuesta de fijar el catalán como lengua inicial sistemática en todos los procesos de acogida obtiene la puntuación más baja –3,3–, revelando que el sector rechaza la rigidez normativa en favor de herramientas de intervención más flexibles.

Unos voluntarios de Cruz Roja hablan con una persona sin hogar / ACN

Desconocimiento del marco normativo y falta de formación institucional

Uno de los diagnósticos más críticos del estudio es la profunda distancia que separa el marco legislativo de la realidad operativa del tercer sector. A pesar de la existencia de leyes de referencia como la Ley 10/2010 de acogida de las personas inmigradas, el 60% de las organizaciones encuestadas admite que desconoce el marco normativo de acogida en materia lingüística. Este vacío lo asumen de manera orgánica y autoorganizada las mismas entidades, que actúan como puente derivando mayoritariamente –más del 65% de manera habitual– a los usuarios hacia los cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), aunque alertan que la oferta pública de cursos es claramente insuficiente para cubrir la demanda real. Además, la inmensa mayoría de los equipos técnicos y voluntarios no ha recibido ningún tipo de formación específica para gestionar el cambio de lengua, reducir la tendencia automática hacia el castellano o implementar estrategias de mantenimiento del catalán en contextos de alta diversidad lingüística.

La incertidumbre operativa: un obstáculo para la gestión lingüística

Como retos de futuro, el informe revela una voluntad general de transformación en el ámbito de la gestión lingüística, pero estas buenas intenciones chocan con la incertidumbre operativa de las entidades del tercer sector. Una proporción significativa declara desconocer si se implementarán acciones en este sentido, mientras que una parte menor descarta directamente esta posibilidad. Solo aproximadamente un tercio del sector adopta una postura proactiva, dividida entre entidades que prevén desarrollar acciones aún no definidas y una minoría reducida que ya dispone de una estrategia formalmente planificada.

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