La orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar provisionalmente la sentencia que anula gran parte del decreto que debía blindar el catalán en las escuelas –que no es firme porque está pendiente de un recurso al Tribunal Supremo– ha generado indignación por parte del independentismo, que ha cargado contra la decisión judicial. Acusan a los magistrados de estar «obsesionados» con el modelo de escuela catalana, y, por otro lado, reclaman firmeza al gobierno de Salvador Illa en la defensa del catalán en la escuela, al cual piden que utilice todas las herramientas que tiene a su alcance. Junts per Catalunya ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el consejero de la Presidencia y encargado provisionalmente de Educación, Albert Dalmau, y del de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para que expliquen qué acciones piensan llevar a cabo para hacer frente al ataque al modelo de escuela catalana.
La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha denunciado que «Cataluña sufre una cruzada contra la lengua, por todas las vías posibles» y ha señalado lo que considera inacción del ejecutivo de Illa: «Hay silencios que no deberíamos permitir, y por eso es urgente saber la respuesta del Gobierno a esta nueva injerencia judicial», ha insistido. “¿Cuál es el posicionamiento del presidente Illa? ¿Cuál es el posicionamiento del consejero Vila? Y del consejero Dalmau, ahora que desempeña funciones en Educación?”, ha reclamado. Asimismo, ha cuestionado la utilidad del Pacto Nacional por la Lengua. «Todos aquellos que aún critican que Junts no esté, tienen hoy otra evidencia de nuestro no. No queremos propaganda, queremos hechos y este gobierno hace anuncios por encima de sus posibilidades, pero no concreta nada», ha recalcado Sales, evidenciando que el acuerdo no puede hacer frente a estas sentencias.
Por otro lado, Esquerra Republicana ha instado al Gobierno a ser «valiente», ponerse del lado de la defensa de la escuela catalana y de sus profesionales y a «garantizar el catalán como lengua vehicular”. Lo ha dicho el vicesecretario de comunicación de los republicanos, Isaac Albert, en rueda de prensa, donde ha cargado contra «entidades desconocidas y poco solventes» por influenciar un debate que, a su parecer, es «técnico y pedagógico». Asimismo, ha dicho que es «incomprensible» que los jueces continúen ignorando «estos criterios». «Necesitamos respuestas de país», ha pedido, y ha recordado que «quien define el modelo lingüístico debe ser el Gobierno y el Parlamento», y no los jueces. «Que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza es clave para la igualdad y la cohesión del país, y por eso los tribunales lo atacan», ha sostenido.
Òmnium ve a los jueces «obsesionados» con la escuela catalana
Òmnium Cultural ha defendido el modelo de escuela del país y ha dejado claro que el modelo lo deciden los catalanes «desde el Parlamento, y no los jueces». A través de la red social X, la entidad presidida por Xavier Antich ha criticado que los magistrados «están obsesionados con la escuela catalana» y ha destacado que defender la escuela en catalán es defender Cataluña. Además, ha remarcado que el modelo de escuela de Cataluña está «avalado por la comunidad educativa que cohesiona y garantiza igualdad de oportunidades». El mismo Antich ve la decisión judicial como «un paso más en la pretensión del tribunal de decidir sobre el uso de las lenguas, al margen de los criterios de la comunidad educativa y de la soberanía del Parlamento». «Estamos preparados para defenderlo donde sea necesario. Es un consenso de país», ha advertido el presidente de Òmnium, que afirma que la escuela catalana es garantía de cohesión social y también garantiza el derecho a acceder al conocimiento del catalán con independencia del origen o la lengua familiar de los alumnos.
Plataforma per la Llengua relativiza la orden del TSJC
En cambio, Plataforma per la Llengua ha recordado que la sentencia que ahora se ejecuta provisionalmente no anula los artículos que permiten sancionar a los docentes que incumplan el proyecto lingüístico y, por otro lado, también mantiene la exigencia del C2 para los nuevos profesores. En un hilo en la red social X, la entidad que preside Òscar Escuder ve la «nueva» polémica como una «estrategia» de Asamblea por una Escuela Bilingüe de «marcar agenda» y «condicionar el relato» más que «como ningún cambio real». Por otro lado, exponen que están pendientes de la «batalla» que han planteado en el Tribunal Supremo y, mientras tanto, continuarán «defendiendo el catalán en la escuela con todas las herramientas disponibles». En este sentido, trasladan al Gobierno que es necesario aplicar con «firmeza» los artículos vigentes del decreto, como el artículo 36, que permite actuar contra el personal que incumpla el proyecto lingüístico del centro. Y también dejan claro que el Departamento de Política Lingüística dispone de «margen real» para actuar contra la ejecución de esta resolución. «Se requiere voluntad para ejercerlo», sentencia.
Ciemen: «Un nuevo ataque a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes»
El Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Naciones (Ciemen) considera que la decisión del TSJC es «un nuevo episodio de judicialización de la política educativa y lingüística» y un «nuevo ataque a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, que agrava aún más la discriminación lingüística existente». A través de un comunicado, la entidad presidida por David Minoves afirma que se «vulnera el principio de subsidiariedad democrática y se menosprecia el consenso social y pedagógico construido durante décadas en Cataluña». Minoves, además, recuerda que la inmersión ha sido una herramienta fundamental de cohesión social, de igualdad de oportunidades y de garantía del conocimiento del catalán para todo el alumnado de la escuela catalana y alerta que «la imposición de porcentajes lingüísticos desde los tribunales rompe este modelo», y subraya que «los derechos lingüísticos son derechos fundamentales».
