La vulneración de derechos lingüísticos es el pan de cada día al cual tienen que hacer frente los catalanoparlantes en diferentes ámbitos, desde el institucional al de consumo. La última muestra ha llegado por parte del servicio de atención al cliente de Toyota en España, que se ha negado a atender un cliente en lengua catalana. Lo ha denunciado Plataforma per la Llengua a su cuenta de X, antes Twitter, donde ha publicado la respuesta que ha recibido un cliente.

«En relación con sus comentarios tenemos que informarle que por el hecho que nuestra compañía es de ámbito multinacional, los idiomas oficiales son en castellano o en su defecto inglés. Lamentamos las molestias que esta situación pueda causarle, y quedamos a su disposición para cualquier asistencia futura», justifica la marca nipona, que es una de las más importantes del sector de la automoción. La ONG del catalán deja claro que esta respuesta y la negativa a atender el cliente en lengua catalana «vulnera abiertamente los derechos de los consumidores» y, además, incumple la normativa vigente en Cataluña.


En este sentido, la entidad presidida por Òscar Escuder recuerda que el Código de Consumo de Cataluña establece que los consumidores tienen derecho a ser atendidos en catalán. Concretamente, dice: «las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho […] a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan». Así mismo, también subraya que la compañía incumple la ley de Política Lingüística, que obliga las empresas y negocios que operan en Cataluña a «estar en condiciones de poder atender los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquier de las lenguas oficiales en Cataluña».

Más de 10 millones en multas

Para luchar contra la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes, Plataforma por la Lengua anima las víctimas a poner los casos en conocimiento de la entidad llenando un formulario de queja. La entidad en defensa de la lengua traslada estas denuncias a la Agencia Catalana del Consumo, que el año pasado interpuso 261 sanciones a empresas que vulneraron los derechos lingüísticos de sus clientes. Una cifra récord que comportó más de 10 millones de euros de recaudación en multas. De hecho, se incrementaron un 62% el importe en sanciones, más de la mitad a empresas inmobiliarias, de suministro de luz y gas, entidades financieras, de transportes y de telecomunicaciones. En materia sancionadora, también destacan los aumentos de las sanciones por vulneración de derechos lingüísticos, así como las multas por no ofrecer alquiler social.

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