Coincidiendo con el 30º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aprobada en la Universidad de Barcelona, entidades de todo los Países Catalanes han iniciado un proceso para actualizar el texto actualmente vigente en función de los retos que enfrentan hoy en día las lenguas minorizadas, con la aspiración de promover la adopción formal de una Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos en el marco de los organismos de las Naciones Unidas competentes en materia de derechos humanos, con el fin de obtener una protección efectiva de los derechos lingüísticos en todo el mundo. El proyecto cuenta con el apoyo de una amplia red de entidades e instituciones de todo el ámbito de habla catalana, entre las cuales se encuentran CIEMEN, Linguapax, Plataforma per la Llengua, el Grupo de Estudios de Lenguas Amenazadas (GELA), la Xarxa Vives d’Universitats, Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear y Acció Cultural del País Valencià. También se han adherido las entidades vascas y gallegas Garabide, Kontseilua, A Mesa pola Normalización Lingüística, así como el PEN Internacional y la Red Europea de Igualdad (ELEN, European Language Equality Network). Se plantea como un proceso abierto, participativo y de alcance global.
En un ámbito muy diferente al de hace 30 años, la actualización del texto abordará, entre otros aspectos, los derechos lingüísticos en los entornos digitales y educativos, el impacto de la inteligencia artificial, los retos vinculados a la enseñanza y la globalización, así como las afectaciones a las lenguas en contextos de desplazamiento forzado, migraciones y conflictos armados. Asimismo, también pondrá un énfasis especial en la protección ante procesos de asimilación forzada. Con todo, el proyecto quiere que se reconozca la protección de los derechos lingüísticos, pero también la reparación de sus vulneraciones. El objetivo último de la iniciativa es «garantizar que todas las naciones, pueblos y comunidades lingüísticas puedan vivir con plenitud, dignidad y seguridad en su lengua propia». El presidente del Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (CIEMEN), David Minoves, ha manifestado que treinta años después la situación de las lenguas minorizadas ha «empeorado» con la «globalización» de las redes sociales y la presencia de «lenguas predominantes» que han modificado los hábitos lingüísticos.
«Más de la mitad de la población de Cataluña dice que el principal motivo de discriminación es la imposibilidad de hablar el catalán con normalidad», ha expuesto, pero ha remarcado que esta situación no solo afecta a los catalanohablantes. «Los derechos lingüísticos no caen del cielo, y esta situación la sufren ciudadanos de todo el mundo, que ven cómo su lengua cada vez es más presente». Por todo esto, es necesaria una actualización de la Declaración Universal, porque se necesita «una protección lingüística universal» más allá de las administraciones que nos gobiernan. Vicenta Tasa, jefa del Comité de Derechos Lingüísticos del PEN Català, ha remarcado que ahora «no partimos de cero» porque ya tenemos la declaración de hace 30 años y ha resaltado que en muchos documentos de la UNESCO se habla de la asimilación de los derechos lingüísticos a los derechos humanos, que es el objetivo que nos marcamos». «El ámbito de las nuevas tecnologías y las lenguas de signos son dos aspectos que deben actualizarse en la declaración», ha subrayado, pero también se deben revisar otros aspectos como la administración, la educación o la salud, entre otros.
Un calendario con seis etapas
La actualización de la declaración consta de seis etapas, que ya arrancó el año pasado con la difusión y presentación del proyecto en todo el mundo con el objetivo de «promover la implicación de colectivos e instituciones». Este año, coincidiendo con el aniversario del 30º aniversario de la declaración, las entidades impulsoras pondrán en marcha una web, que estará activa a partir de este miércoles, para recoger las propuestas de actualización de la declaración. Las instituciones y colectivos participantes podrán hacer llegar, desde el 15 de abril y hasta el 31 de diciembre, sus propuestas para actualizarla. En paralelo, habrá dos comités de expertos internacionales que participarán en la recopilación y validación de las propuestas, y aquellas que pasen el filtro se incluirán en la actualización del texto.
Una vez cerrado el texto, un tercer grupo de expertos, el Comité de armonización, aprobará el texto definitivo, para que se envíe a las instituciones colaboradoras para que validen la actualización de la declaración, un período que se extenderá desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. Entre el 1 de marzo de 2027 y el 31 de mayo de 2027, todas las entidades participantes recibirán el texto final para que den su visto bueno. En este sentido, el objetivo es conseguir el máximo de apoyos internacionales posibles, que vayan más allá de la sesentena de organismos y entidades que se adhirieron hace 30 años. «La presión de las lenguas hegemónicas ha hecho que muchos hablantes de muchas lenguas hayan tomado conciencia de su situación de precariedad y la situación de emergencia lingüística no solo afecta a los catalanes», ha señalado Minoves, que opina que el número de aliados potencial ahora es mucho mayor que hace 30 años.
En noviembre de 2027 se reeditará el congreso de 1996 y se celebrará en Barcelona la ceremonia de presentación pública del texto final aprobado por todas las entidades participantes. Simbólicamente, todas las entidades que asistan firmarán la Declaración. Finalmente, en 2028, coincidiendo con el 80º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se prevé la presentación oficial de la actualización de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos ante los órganos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la UNESCO, a fin de promover la adopción de iniciativas de soft law, como una declaración que reconozca los derechos lingüísticos como derechos humanos, y establezcan mecanismos para su protección. «Pensamos que el éxito de la asunción de la declaración por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas viene de la presión que podamos ejercer todas las entidades de todo el mundo y la legitimación que tenga el texto», ha subrayado Tasa.
