El Parlamento de Cataluña tiene por costumbre, desde hace años, convertir cualquier polémica en una comisión de investigación. Un instrumento que debe tratarse con delicadeza porque es una herramienta política y social de primer orden para acercarse a las causas, motivos y consecuencias de un problema ante el cual buena parte de la sociedad demanda explicaciones o razones.
El escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no se saltó esta norma y se constituyó una comisión de investigación que muchos de sus integrantes coinciden en calificar de «rara». Todo porque la temática de la investigación es delicadísima: la protección de los niños por parte del poder público, el control de cómo se lleva a cabo el desmembramiento de una familia –célula social indispensable–, así como las prestaciones de los menores tutelados y extutelados. Las comparecencias celebradas hasta ahora denotan poca transparencia en la gestión, pocos recursos, carencias en el control de los recursos públicos destinados, falta de formación especializada y falta de estrategia para evitar la «institucionalización de la protección». Aun así, los profesionales que han asistido a las sesiones aseguran que el sistema en Cataluña de protección a la infancia es «referente».
De momento, la comisión ha celebrado cuatro sesiones, además de la de constitución. La última se celebró este lunes con la comparecencia de los representantes de la Sindicatura de Cuentas, que oficializaron el desorden presupuestario del organismo –que forma parte del Departamento de Acción Social–, y de la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, tras emitir un informe que carga contra el actual sistema de protección por parte de la Generalitat que «hace 40 años que no ha cambiado». En la misma sesión, también comparecieron representantes del Consejo de la Abogacía Catalana y de UNICEF. Precisamente, el representante de la entidad internacional de protección a la infancia sintetizó el problema de los recursos con una pedagógica comparación con el sistema sanitario. «Es como si todos los recursos de Salud los invirtiéramos en las UCI, es lo que se hace con la protección», sentenció.
Sin transparencia
En la sesión de este lunes, una de las protagonistas fue Maria Ángels Cabasés, la representante de la Sindicatura de Cuentas destinada a las cuestiones de derechos sociales que ha emitido los dos informes de fiscalización que han certificado el caos administrativo y presupuestario de la DGAIA. Cabasés sentenció que de los números se desprenden “problemas estructurales de gobernanza y buen gobierno” en la gestión de prestaciones para jóvenes tutelados y extutelados. Por otro lado, enfatizó “la falta de un marco de transparencia sobre los datos de su ejecución, con un elevado volumen de pagos indebidos ordenados por el Departamento de Derechos Sociales”.
Un importe que la Sindicatura cifra en 167,56 millones de euros para el conjunto de las prestaciones de derecho subjetivo, y en 4,7 millones de euros los correspondientes a la prestación para personas jóvenes extuteladas. Muchos de estos pagos no se podrán recuperar dado que ya han pasado más de cuatro años y habría prescrito el derecho de la administración a reclamarlos. Aun así, Cabasés quiso advertir, con prudencia, que estos números eran provisionales y que aún «podrían ir al alza». Es más, para la Sindicatura el «departamento no ha implementado instrumentos o medidas suficientemente rigurosas para fomentar la responsabilización y los controles internos de estas entidades, ni tampoco sistemas sólidos de información, seguimiento y evaluación continua de la actividad que realizan, con el fin de garantizar un uso y destino correctos de los recursos concedidos”.
En resumen, los síndicos de cuentas concluyen que no ha habido suficiente control de la ejecución de los contratos con las entidades privadas y que algunas de las cláusulas contractuales no se han cumplido. Cabasés también reprochó la descoordinación interna de la Generalitat y la falta de coordinación con las entidades proveedoras a la hora de gestionar las ayudas a los jóvenes extutelados. Por otro lado, aportó renovaciones y prórrogas contractuales que no se ajustarían a la normativa. En este sentido, también admitió que el departamento puede renovar contrataciones con las adjudicatarias aunque no hayan cumplido con el contrato, porque si la entidad o empresa no está inhabilitada judicialmente para firmar contratos públicos, lo puede seguir haciendo, aunque haya incumplido contratos anteriores.
Cambiar un sistema de hace 40 años
Por su parte, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, reafirmó lo que ha reflejado en sus informes con una queja sonora a los diputados porque el sistema «está igual que hace 40 años». De hecho, contrapuso el anquilosamiento de la DGAIA a los cambios en la legislación de la justicia juvenil, que sí han modificado las maneras de hacer. Además, tocó hueso al pedir al poder legislativo que otorgue poder a los jueces para ser quienes aprueben definitivamente el desamparo de los menores, la separación de la familia en los casos en los que se considera necesario, y recortar la capacidad que tiene para hacerlo la Generalitat.
La Síndica reclamó el fomento de fórmulas alternativas al desamparo de los menores y que los menores desamparados, en todo caso, vivan mayoritariamente con familias acogedoras y no en centros residenciales como ocurre ahora. La Síndica propuso fórmulas como que los menores desamparados estén con la familia extensa, en hogares de acogida supervisados por educadores o incluso con sus familias biológicas pero bajo estricto control de la administración. De hecho, instó a prohibir que los menores de 0 a 6 años estén en centros residenciales.
De hecho, esta es una petición que los colegios profesionales y las entidades encargadas de su gestión han propuesto en sus comparecencias en la comisión, incluso, estandarizando sueldos y cotizaciones a la seguridad social de las familias acogedoras. Así mismo, la Síndica reclamó que la titularidad de los centros de acogida sea pública, como los centros de justicia juvenil, y no privada, que es como son, actualmente, un 80% de la red. En todo caso, también considera que la ayuda y el control de esta protección no debería recaer sobre las mismas personas o instituciones.
