Las sesiones de la comisión de investigación sobre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el Parlamento han permitido abrir una gran habitación cerrada de la administración. En concreto, la de los servicios sociales para uno de los sectores más vulnerables de la población, los niños y adolescentes. Los diferentes comparecientes que han participado en la comisión han aportado datos y documentos bastante interesantes que permiten asegurar que el Departamento de Derechos Sociales conocía desde hace años los problemas de gestión de la DGAIA. Aunque algunos comparecientes aún no han entregado la documentación que se comprometieron a entregar.
Sí que han hecho llegar su aportación una de las partes implicadas en los procesos de desamparo –la asunción de la tutela de menores por parte de la Generalitat–, así como en sus derivadas administrativas y judiciales: el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, el ente que agrupa a los abogados del país. Un profuso informe elaborado por el consejo, titulado Propuestas para la mejora jurídica de la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, ya alertaba en junio de 2024 de la falta de transparencia de los expedientes que se tramitaban, por lo que reclamaba presencia de los abogados y un control jurisdiccional más firme, así como medidas que evitaran muchos de los internamientos en centros de acogida.
Un rediseño
El informe, sobre todo, proponía medidas perfectamente viables en las competencias de la administración catalana para reconducir los problemas de la atención a los niños y adolescentes. La conclusión de los abogados catalanes era que se había evidenciado que el sistema de protección a la infancia necesitaba «un rediseño». De hecho, el informe razona que, con una mejora del sistema de acogida y con un servicio de desamparo dotado de más transparencia, no habrían sido necesarios tantos centros, cuya contratación es lo que cuestiona ahora la Sindicatura de Cuentas.
En este marco, definieron una serie de medidas que permitirían «minimizar el impacto de la intervención administrativa y que se pudieran conducir a situaciones de éxito una parte importante de las situaciones atendidas, «evitando el desarraigo que supone para los niños y adolescentes una intervención que implique su internamiento en centros residenciales«. Precisamente, es la gestión de los centros donde se han detectado los problemas. Entre las soluciones propuestas estaba la ampliación de los equipos de atención a las unidades familiares; la adopción de medidas de apoyo y «formación en habilidades parentales»; la adopción de medidas educativas (también extracurriculares) en determinadas situaciones; el refuerzo económico de las unidades familiares y una demanda expresada por varios comparecientes en la comisión parlamentaria: la revisión de las cantidades económicas destinadas a la acogida familiar -en familia extensa o ajena.
Un listado de propuestas
El documento, de 212 páginas y al que ha tenido acceso El Món, enumera una serie de «propuestas de mejora en la atención jurídica a la infancia en situación de vulnerabilidad» tras analizar varios estudios y bases de datos sobre este servicio. Estas propuestas tienen varios objetivos. Por un lado, mejorar la atención de los niños; por otro, mejorar el control de la asistencia y, al mismo nivel, «incrementar las garantías en la asistencia letrada en la fase administrativa actual».
Por eso, los abogados planteaban la incorporación de la mediación como mecanismo jurídico que permiten las competencias de la Generalitat. Un sistema que permitiría, en los casos de desamparo, «llegar a soluciones de consenso en procedimientos administrativos que tengan por objeto situaciones que no sean de alto riesgo». También apostaban por mejorar las garantías de la defensa letrada con «la grabación de la totalidad de las entrevistas que se lleven a cabo en el marco de un expediente de desamparo» o bien «el acceso de los profesionales que intervengan en defensa de los niños o adolescentes o de la familia a la totalidad de los materiales que contiene el expediente».
Una de las medidas más contundentes que proponía el informe era «dotar a las familias sin recursos de defensa mediante abogado del sistema de justicia gratuita en la fase administrativa del expediente de desamparo». Una medida que consideraban que debería aplicarse «especialmente en aquellas situaciones en las que desde el inicio del expediente se pueda prever que la medida que se adopte finalmente pueda ser la de privación de la patria potestad de los padres y la asunción de tutela por parte de la DGAIA«. Es decir, que las familias del niño sometido a un proceso de desamparo tengan una defensa ya en el proceso administrativo.
Más transparencia
Los abogados alzan la voz respecto a los procedimientos administrativos de la DGAIA para tramitar los desamparos. De hecho, consideran que no son lo suficientemente transparentes y que perjudican los derechos de las familias y de los niños o adolescentes. «En la situación actual es la administración en exclusiva quien instruye el expediente para tener conocimiento de la situación, decide y dicta la resolución y, a posteriori, la ejecuta», describen. Por eso proponen que este sistema «debe ser objeto de más transparencia, con la entrada de otras figuras, como instituciones ajenas a la administración que puedan aportar conocimiento y colaboración en la toma de decisiones».
En el mismo sentido, alertan que el «planteamiento actual de declaración de desamparo de niños y adolescentes genera indefensión a las familias, en tanto que esta declaración es competencia exclusiva de la administración y solo se somete a control judicial en caso de impugnación«. En consecuencia, apuestan por crear una «comisión interdisciplinaria de administración, abogacía especializada en infancia y expertos o profesionales independientes, con la facultad de emitir informe previo no vinculante a la declaración de desamparo, especialmente en las situaciones más dudosas». En este punto enfatizan que un 32% de los casos de desamparo se deben, según datos de la DGAIA, a negligencia, desatención o imprudencia.
Vigilancia judicial
En esta línea, alertan de la «institucionalización de los niños y adolescentes en situación de desamparo, y el hecho de que el transcurso del tiempo juega a favor del mantenimiento de esta institucionalización, lleva a la conclusión de que la revisión judicial ex post de la declaración de desamparo y la adopción de medidas de protección vigente en la actualidad es claramente insuficiente para dotar el sistema de un auténtico control jurisdiccional».
Por eso, insisten en que la «declaración de desamparo y la adopción de las medidas adecuadas de protección deberían ser decididas por los órganos judiciales, a propuesta de la administración de protección, previa comparecencia de los progenitores, cuidadores y del mismo menor, en una resolución judicial en la cual se establecerían las medidas para el mantenimiento del contacto y visitas del menor con la familia de origen». Un sistema que requeriría una «lista de peritos de designación judicial, no vinculados a la administración, con la facultad de emitir un dictamen sobre las capacidades protectoras de los progenitores, previo requerimiento judicial». «El costo de este dictamen debería ser público», añade el informe del Consejo de la Abogacía.
Un documento que no llega
Cabe decir que el esfuerzo de los abogados catalanes no lo han tenido algunos de los comparecientes que se comprometieron a aportar documentación. Es el caso de los representantes de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Su representante aseguró a la diputada de la CUP Pilar Castillejo y al portavoz en la comisión de ERC, Joan Ignasi Elena, que también lo solicitó, que había un manifiesto firmado por 500 profesionales en el mes de febrero de 2025 que dirigieron al departamento. A pesar de los requerimientos, aún no lo han entregado a la cámara catalana. En el documento se constataban carencias, quejas y propuestas de solución tras el estallido de las irregularidades de la DGAIA.
