Intensa mañana en la sala de grupos del Parlamento en una nueva sesión de la comisión de investigación del caso DGAIA. Esta mañana han pasado por el estrado hasta seis comparecientes, en calidad de expertos, que se dedican a la gestión de la tutela de menores en situación de riesgo o desamparo o de jóvenes extutelados. Aunque todos han defendido en general la gestión de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, han admitido disfunciones y han propuesto mejoras y alternativas para mejorar el control, la transparencia y una gestión administrativa más sencilla.
En un primer momento han explicado su opinión los representantes de las entidades que engloban las entidades que gestionan la red de pisos tutelados y de las que cuidan de la infancia y la adolescencia. Todas del llamado sector social. Después, ha sido el turno de los representantes de Resilis y Fundación Mercè Fontanilles, Jordi Pascual y Josefa Arqué, ambas involucradas en el caso DGAIA. Y, en tercer lugar, Albert Parés, de Noves Vies, que ha levantado la voz por el desorden que supone la protección jurídica de los tutelados y extutelados.
Todos han mostrado su preocupación por «la actitud mediática y política que últimamente vivimos de creación de un estado de opinión alarmista respecto a la DGAIA y la atención a la infancia». Un hecho que desvía el foco, a su parecer, de los problemas que entorpecen el funcionamiento de la DGAIA. A pesar de las preguntas de los diputados, ni Pascual ni Arqué han expresado autocrítica ante las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas. De hecho, han recordado que ya dieron explicaciones y las volverán a dar por escrito. También han negado irregularidades y han resaltado que nada está judicializado. Asimismo, han insistido que no tienen «ninguna inmobiliaria» para tener equipamientos, pero que sí prefieren invertir en compra, por las características de los pisos, que no en alquileres.
Migración y profesionalización
Pascual ha sido el encargado de abrir el fuego y ha descrito el sistema de protección de la infancia que se seguía desde la Generalitat. Un sistema que «más o menos seguía un ritmo estable» pero que «se ha visto desbordado por las olas migratorias que hemos tenido». De ahí que haya destacado que la DGAIA no haya tenido «suficiente previsión ni planificación». Un problema que explica «parte de las dificultades y desgastes que ha sufrido la administración, aunque no valen las excusas». En todo caso, Pascual ha apostado por generar «mecanismos flexibles» y «sobre todo integrados en la comunidad para dar una respuesta a la situación actual así como a futuras situaciones, tanto de incremento como de decrecimiento del flujo migratorio».
La propuesta de Pascual, como responsable de Resilis, sería «unificar y universalizar la atención a todos los jóvenes que salen al cumplir los 18 años del sistema y los que tengan derecho y lo deseen, bajo un mismo servicio flexible y dinámico que acompañe a los jóvenes en su emancipación efectiva del sistema de protección y el elemento de la acogida familiar». Uno de los puntos que más ha resaltado es el que reclama «generar una política pública de acogida familiar» aportando más recursos y «con una ampliación del modelo de acogida familiar».
En este punto, ha puesto sobre la mesa la profesionalización de la acogida, incluso «generando un epígrafe en la seguridad social que reconozca y garantice el ejercicio profesional de las familias acogedoras como verdaderos sustitutos a los centros residenciales y generar un proyecto de profesionalización de la acogida». Asimismo, ha apuntado la ampliación del modelo de acogida familiar, dando valor a las diferentes fórmulas de acogida existentes y generando nuevas, como son la acogida profesional, de alta preparación o la acogida especializada, mientras siguen potenciando la acogida en familia extensa o ajena. Asimismo, ha reclamado evitar la precarización del personal del sector.
