El Parlamento ha aprobado este miércoles la ley para la erradicación del amianto en Cataluña, una norma que pretende acelerar la retirada de un material considerado altamente perjudicial para la salud y que aún está presente en miles de edificios e instalaciones del país. El texto ha salido adelante con un amplio consenso parlamentario y solo ha registrado la abstención de Vox y el PPC en algunos puntos concretos. La nueva legislación establece un marco común para identificar, gestionar y retirar los materiales que contienen amianto, especialmente el fibrocemento, e incorpora también el reconocimiento de las víctimas afectadas por la exposición a este material. Entre las novedades más destacadas está la creación de un censo catalán de materiales con amianto y de un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100.000 euros para los propietarios que incumplan las órdenes de retirada.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha calificado la norma de “pionera” en Europa y ha asegurado que marca el inicio de “la etapa definitiva” para hacer desaparecer el amianto de Cataluña. También ha reconocido el trabajo realizado durante el anterior ejecutivo de ERC y, en particular, por el expresidente Pere Aragonès, bajo cuyo mandato se impulsó inicialmente el proyecto legislativo.
Más recursos y nuevas herramientas de control
Aunque la comercialización del amianto está prohibida desde 2022, Paneque ha advertido que su presencia sigue siendo una realidad y que su eliminación representa un reto de gran magnitud. En este sentido, el Gobierno ha destinado este año 10,5 millones de euros en subvenciones para facilitar la retirada de este material y confía en llegar a los 20 millones anuales cuando se aprueben nuevos presupuestos. La ley crea también diversos instrumentos para coordinar esta tarea, como la Comisión Catalana de Erradicación del Amianto, el Plan nacional para su eliminación y los censos municipales específicos. Además, las administraciones públicas estarán obligadas a identificar y retirar el amianto de los bienes de su titularidad. Los ingresos procedentes de las sanciones se destinarán al nuevo Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña, que financiará actuaciones de retirada, gestión y sensibilización.
Amplio consenso político
La norma ha recibido el apoyo de todos los grupos en la votación principal. Desde Junts se ha reclamado un despliegue “rápido” de la ley, mientras que ERC ha reivindicado que el texto fue redactado durante la anterior legislatura republicana. Comuns, CUP y Aliança Catalana han celebrado la aprobación de la norma, reclamando recursos suficientes y calendarios ambiciosos para garantizar su efectividad. El PPC ha valorado positivamente el contenido de la ley, pero ha advertido que sin una dotación económica adecuada podría quedar “en papel mojado”. Vox, por su parte, ha criticado que la norma generará más burocracia, aunque terminó facilitando su aprobación para no bloquear la iniciativa.
Con esta aprobación, Cataluña se dota por primera vez de un marco legal específico para afrontar de manera integral la eliminación de un material que durante décadas fue de uso habitual y que hoy continúa representando un riesgo para la salud pública.
