En principio, el caso Bomberos, la investigación sobre las presuntas irregularidades en el mantenimiento de los vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS) de la Generalitat, llegaba al final de la instrucción. El pasado 29 de septiembre se practicó la última diligencia, la que debía ser clave para cerrarla. Una declaración del perito contable sobre el detalle de las compras, los suministros y las contrataciones por parte de la dirección de los Bomberos a la multinacional andaluza Iturri. Además, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, cambia de destino y su plaza será ocupada por una nueva jueza, que deberá decidir el futuro de las pesquisas.
Sin embargo, un nuevo documento aportado el pasado 7 de julio por la Generalitat y que se comunicó a las partes este mes de septiembre puede hacer tropezar la instrucción y empujar de manera definitiva el cierre de la instrucción. Un cierre que, por ahora, y con estos documentos aportados, a nadie le extrañaría que fuera un archivo de la causa. Aunque tampoco sorprendería a nadie que finalmente se abriera juicio oral. Sería, eso sí, con una acusación más débil de lo que en un primer momento imaginaba la fiscalía. En cambio, las acusaciones particulares, como el Departamento de Interior de la Generalitat, que denunció los hechos al ministerio público en abril del año 2021, mantendrían su posición inicial.
Por ahora, todos están a la espera de la decisión de la nueva magistrada del caso y de la opinión de la fiscalía, que se reunió con las defensas el pasado 29 de septiembre, después de haber incorporado este documento, al cual ha tenido acceso El Món. Las defensas ya han dado su opinión y consideran que acredita su versión de los hechos. Un elemento que chirría a todas las partes, sin embargo, es el retraso en la entrega de esta documentación. Solo hay que ver que el certificado aportado es del mes de noviembre y se entregó al juzgado ocho meses después. Un retraso que ha levantado todo tipo de suspicacias.
Tres facturas bajo sospecha
Una vez se había resuelto toda la documentación aportada por la investigación de los Mossos d’Esquadra y del equipo conjunto con la Oficina Antifraude, el 7 de julio se aportó un nuevo documento que podría certificar el final del caso. En concreto, es un documento emitido por el mismo Departamento de Interior sobre unas facturas que fundamentaban en buena parte las acusaciones de irregularidades en los tratos entre los responsables de Bomberos y la empresa Iturri. Es un certificado firmado por Anna Solé, subdirectora general de Análisis, Planificación y Gestión Económica del departamento de Interior y Seguridad Pública, sobre tres facturas -que ascendían a un importe total de 83.982,16 euros– que los Mossos detectaron como dudosas en el informe pericial presentado al juzgado el 30 de septiembre del 2024.
De hecho, estas tres facturas generaron un documento anexo porque no se ajustaban a los albaranes y que los analistas de los Mossos d’Esquadra daban por cobradas a pesar de que administrativamente no cumplían los requisitos. De ahí que el certificado presentado sea lo suficientemente explícito indicando que las tres facturas fueron «rechazadas y, por tanto, no fueron contabilizadas ni pagadas».
La primera, con el número 0410093353 y por un importe de 5.899,65 euros, fue rechazada por la administración porque la «identificación del expediente no era la correcta», según el certificado. La segunda factura de este paquete, con el número 0410094675, por un importe mucho más alto, 58.886,17 euros, también fue rechazada por los mismos motivos que la anterior. Es decir, la identificación del documento no correspondía con el expediente que la justificaba. Y, en último término, otra factura, con número 0410101827, por un importe de 19.196,34 euros, fue rechazada porque así lo solicitó el mismo proveedor, Iturri, que retiró el documento mercantil a petición propia. En todo caso, las facturas rechazadas significaron «el no pago de un importe total de 83.982,16 euros» que no cuadraban a los contables de los Mossos ni al perito que realizó el análisis para el juzgado.
Pero, ¿y las fechas?
Una de las cuestiones que ha generado sorpresa es el momento en que se ha aportado este certificado y la disonancia con la fecha de firma. Concretamente, el certificado se firmó a las 12:52 horas del 24 de noviembre de 2024, pero no se registró en el juzgado hasta el 7 de julio de 2025. De hecho, fuentes próximas al caso recuerdan que uno de los principales investigados, el exdirector general Manel Pardo, al tener conocimiento del informe pericial sobre estas tres facturas, reclamó información sobre cómo había ido la gestión a través del portal de Transparencia de la Generalitat. Fue entonces cuando la Generalitat decidió aportarlo al juzgado, antes de que su defensa lo pudiera presentar.
En este sentido, tanto la defensa de Pardo como la del resto de implicados de la dirección del cuerpo de Bomberos y de la empresa Iturri entienden que este certificado apoya su tesis, con el entendido de que no hubo malversación ni desvío de fondos públicos, sino un enredo administrativo y errores de carácter administrativo en la gestión del mantenimiento de los vehículos a través de los Parques de Bomberos. En cambio, las acusaciones particulares de matriz sindical consideran que estas facturas acreditan la voluntad de Iturri de cobrar unas facturas que no eran correctas.
Más tiempo
Ahora el caso se alargará por el cambio de la jueza instructora que debe decidir sobre el futuro de la causa. En síntesis, tiene tres carpetas sobre la mesa que la declaración de perito ha ayudado mucho a aclarar, porque fue bastante beneficiosa para las defensas. En primer término, el desorden de las adjudicaciones de los contratos de mantenimiento de los camiones y los vehículos, incluso con falsedades en las facturaciones y los albaranes e irregularidades como vehículos revisados dos veces con diferentes kilometrajes en un mismo día. Pero el resultado de la pericial habría debilitado las sospechas levantadas sobre la importancia delictiva de los hechos investigados.
Por otro lado, había una presunta manipulación de las contrataciones por parte de la empresa imputada, Iturri, todo a raíz de la documentación que los Mossos d’Esquadra confiscaron en el registro en la sede de la multinacional sevillana en julio de 2022. Una documentación que, según el atestado de los Mossos sobre la documentación decomisada, señalaría a los responsables de Iturri como los “redactores” de los contratos y las bases de las licitaciones. Una acusación que se podría desmontar por la necesidad de conocimiento técnico de unos vehículos que poquísimas empresas tienen. De hecho, en el estado español, no existe ninguna empresa que pueda ofrecer los mismos servicios de manera fiable y continuada.
Otra de las carpetas es la relación de Iturri con el exjefe de los servicios técnicos de los Bomberos, Màxim del Valle, quien precisamente con un mail del 14 de abril de 2021 levantó la liebre del caso, advirtiendo a ocho superiores del caos de las adjudicaciones para el mantenimiento de los vehículos. De todas formas, desde el minuto cero la jueza no vio ningún pago o gasto que hiciera sospechar que había algún soborno. De hecho, ordenó detener las escuchas telefónicas porque no constató ningún indicio de cobro. Ahora todos esperan la decisión de la jueza.
