Casi dos años después de aprobarse la ley de amnistía, ahora comenzará el proceso para aplicar la amnistía a los Síndicos del Primero de Octubre. Es decir, a los académicos que todavía están acusados, después de haber sido absueltos y que por sus condiciones personales e institucionales, tenían el caso repartido en varios órdenes jurisdiccionales. Un caso que ha hecho levantar la voz de la sociedad civil porque mantienen una causa abierta contra reputados académicos a pesar de haber sido absueltos, casi nueve años después de haberles abierto la causa.
De hecho, los miembros de la Sindicatura Electoral del Referéndum fueron acusados de haber colaborado con la organización del 1-O cuando, precisamente, nunca ejercieron en el cargo desde que el Tribunal Constitucional les advirtió. El ministerio fiscal, sin embargo, acusó a Marc Marsal, Tània Verge, Josep Pagès, Jordi Matas y Marta Alsina, todos ellos reputados profesores y académicos del derecho.
Ahora, tras haber comunicado que Verge ya no es diputada en el Parlamento y, por tanto, su caso no debe ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su condición de aforada, la jueza del Tribunal de Instancia de Barcelona, Plaza 11, que llevaba el caso en origen, ha dictado una resolución con la que pide al ministerio fiscal un informe sobre la aplicación de la amnistía a los procesados. De esta manera, parece que comienza el final del suplicio que han sufrido los procesados, con una causa abierta que a pesar de ser juzgada con una absolución, se reabrió y dormía el sueño de los justos en el agujero negro que suponen las competencias objetivas de los tribunales de cada procesado. En este sentido, cabe recordar que Josep Pagès es diputado en el Congreso y su causa reside en el Tribunal Supremo.
Un largo camino
Los cinco académicos fueron juzgados y fueron absueltos de la acusación que planteaba el ministerio fiscal, de desobediencia y usurpación de funciones. La Fiscalía recurrió contra la absolución dictada por el juzgado alegando falta de tutela judicial efectiva e indefensión. Y la sección octava de la Audiencia de Barcelona, en una resolución bastante dura, anuló la absolución y ordenó repetir la vista. Entretanto, Verge ya era consejera del Gobierno del presidente Pere Aragonès, y Pagès diputado en las Cortes por Junts per Catalunya, por tanto, aforados. Con un enredo porque no estaba claro qué magistratura debía hacerse cargo del juicio.
Además, Marçal y Verge interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que detuvo todas las decisiones procesales para fijar una fecha de juicio. Por otra parte, también hubo cambios de letrado. Jordi Matas era catedrático de Ciencia Política y miembro del rectorado de la Universidad de Barcelona; Josep Pagès, era profesor de Derecho Constitucional de la UB; Tània Verge era profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra; Marta Alsina era jurista; y Marc Marsal era abogado
