El titular del Tribunal Central de Instrucción Plaza 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivó el pasado 29 de marzo la instrucción del caso Egara, después de más de tres años de instrucción. Un sumario por prevaricación y soborno en el que se contaban hasta quince investigados, entre los cuales estaban quien fue mano derecha del presidente Artur Mas, David Madí, y el consejero de Salud de su primer gobierno, Boi Ruiz. Se habían empleado ingentes cantidades de recursos públicos con varios operativos policiales, tanto de los Mossos d’Esquadra como de la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil.
A Pedraz, fiel a su estilo, no le tembló el pulso, aunque un poco tarde, para cerrar el caso y archivarlo. El magistrado alegó que después de la ingente investigación no había ningún indicio que apuntara a ninguno de los delitos que sostuvo de manera insistente el fiscal anticorrupción, José Grinda, actualmente destinado a Colombia a raíz de diferentes problemas internos de la Fiscalía.
El caso giraba alrededor de la concesión del transporte sanitario de Cataluña. La tesis que defendía Grinda en el caso Egara era que se había llevado a cabo un fraude en la adjudicación de contratos de transporte sanitario, supuestamente para la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya. Y había dos nombres en el trasfondo, Artur Mas y quien fue consejero de Justicia y secretario del Gobierno en aquella etapa, Germà Gordó. Un cambio de fiscal, y un durísimo informe de la nueva fiscal del caso, Virna Alonso, sobre las pesquisas policiales y el trabajo de su antecesor -al cual ha tenido acceso El Món- convenció de manera inmediata al juez que se debía cerrar el caso. Ahora, los investigados estudian medidas por los tres años de calvario que han pasado.
Un embrollo de antecedentes
El caso Egara fue alimentado por los informes, y una denuncia que no se ratificaría, por la poderosa Unidad Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra, que dirigía la actual mano derecha de Josep Lluís Trapero en la Prefectura del cuerpo, el intendente Toni Rodríguez, y por la UCE 3 de la Guardia Civil, dedicada normalmente a tareas de información. El caso nace por la voluntad del fiscal anticorrupción Grinda de vincular las finanzas de CDC con una trama de corrupción sanitaria.
De hecho, el caso nacía como una ampliación de la pieza TRIACOM que provenía a su vez de la causa del 3%, sobre la supuesta financiación irregular de CDC. La pieza TRIACOM se incoó para investigar la posible financiación de CDC a través de una presunta trama de facturas falsas. Una pieza que aún duerme el sueño de los justos y que podría tener el mismo futuro que el caso Egara. En todo caso, siguiendo el hilo de las facturas la policía llegó al concurso para la adjudicación de la gestión del transporte sanitario en el año 2014 para el periodo de 2015 al 2021 y prorrogable hasta el 2025 con un importe de licitación de 1.286.312.283,66 euros.
Los Mossos interpretaron que había «hechos nuevos» con una vinculación directa entre las diligencias del año 2018, sobre la causa del 3%, y que era necesario desglosar de la pieza TRIACOM y la de blanqueo, la pieza bautizada como el «pitufeo». Así los Mossos elaboraron un informe con el número 585197/2022 AT UADINTA que sirvió para que el 27 de febrero de 2022 se abriera una apresurada «confabulación» que pivotaría a través de una gestoría RCM Consultores Asociados, y el proceso de licitación del transporte». Un proceso de adjudicación que según la nueva fiscal del caso se habría tramitado «correctamente y con todas las garantías».
Una denuncia por ratificar
Se adjudicaron trece lotes, de acuerdo con cada región sanitaria, a diferentes empresas que concurrieron muchas en forma de Unidad Temporal de Empresas que integraban empresas del sector más especializadas en algún ámbito. Así participaron Ambulàncies Egara y Ambulàncies Lafuente, Transporte Sanitario de Catalunya, Grup La Pau, Falck VL, Ambulàncies Domingo, Ambulàncies Tomàs o Trasllats Internacionals Sanitaris, como destacadas. A raíz de estas UTE, los Mossos investigaron tres sociedades que tenían supuestamente relaciones accionariales con las adjudicatarias así como cuatro de sus administradores. Los Mossos también se entretuvieron en averiguar el pasado societario de cada empresa y los cambios accionariales que tuvieron, información pública que constaba en el registro mercantil.
Una de estas empresas, y que participó en cinco de las UTE que se presentaron a concurso era IVEMON Ambulàncies Egara, que ostentaba, por ejemplo, el 90% de la UTE del Vallès Occidental, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Vallès Oriental y Lleida, de las que ganó tres. El gerente único de esta UTE era Oscar Simón Garcia. Su hermano, Carlos, vinculado también a IVEMON, se presentó a los Mossos y denunció, el 22 de julio de 2022, una historia de conspiración económica con puntos bastante extravagantes y de divergencias familiares.
Carlos denunció «presuntas irregularidades registradas durante las negociaciones previas respecto de la adjudicación del transporte público sanitario». La denuncia apuntaba a un empresario, Juan Diego, que en el año 2011 «les había ofrecido la posibilidad de asociarse con una serie de políticos para facilitar el acceso a concursos públicos». Carlos aseguró a los Mossos que había rechazado la oferta pero que Diego había insistido a su hermano para hacer «de intermediario» de David Madí y uno de los otros encausados Joan Albert. En la denuncia remarcaba el interés de captar a Diego porque con Madí y Albert tenía «acceso directo a Germà Gordó y Artur Mas».
Una centrifugadora
La denuncia añadía que a través de Diego, Madí y Albert estarían interesados en participar en IVEMON a cambio de facilitar la adjudicación del nuevo contrato que se debía licitar en 2014. La propuesta era que a cambio de obtener la licitación, Albert y Madí se harían con el 60% de IVEMON y que pondrían «dos testaferros». «Ofrecían interceder en la licitación alegando que si no lo hacían IVEMON no conseguiría ningún lote». También se añadía que se contratarían los servicios de auditoría a RCM que era poco menos que una «centrifugadora de Convergència». Los Mossos tomaron la denuncia, elaboraron un informe y solicitaron al juez diferentes entradas y registros y detenciones.
El juez no se anduvo con rodeos y abrió las diligencias 40/2023 de 27 de febrero y el 2 de marzo ordenó una redada de entradas y registros en 21 domicilios y sedes societarias, incluso, dos de estos registros en el Principado de Andorra. Con el material recogido, los Mossos elaboraron hasta cuatro atestados más, el último del 7 de marzo de 2025. Entremedias, se tomó declaración a los 15 investigados y a 26 testigos. Y, curiosamente, Carlos Simón, nunca ratificó la denuncia en sede judicial. De hecho, cuando llegó el momento se desdijo.
Con todo este material, llegó el relevo de Grinda al frente del caso. La nueva fiscal fue directamente cuando los Mossos esperaban que el último atestado apuntalara y alargara más la causa. La representante del ministerio público presentó un escrito más que concluyente. «Del conjunto de las declaraciones se desprende que no han quedado acreditados los planteamientos en los que se basó la investigación inicial», argumentaba la fiscal. «Todos los investigados y testigos dieron explicaciones razonables a todas las operaciones que podían parecer controvertidas», añadía. «Sus versiones no han sido desvirtuadas con elementos incriminatorios que justifiquen lo contrario», subrayaba la fiscal destacando el grueso de diligencias practicadas, como análisis de móviles, dispositivos electrónicos e informáticos, grabaciones o interceptación de comunicaciones.
Un conflicto familiar
El ministerio fiscal da un paso más allá y reprocha a los investigadores que hayan insistido en un sumario que se basa en una decisión empresarial «derivada del conflicto familiar y sucesorio entre los dos hermanos». De hecho, la fiscalía subraya que la entrada de nuevos socios a las sociedades, que los Mossos veían como sospechosas, se produjo «precisamente para solventar el problema sucesorio y reflotar la empresa IVEMON». Además, aduce que la aparición de la gestoría RCM «no formaba parte de ninguna contraprestación por la injerencia en la adjudicación, ni tampoco nada tenía que ver con las modificaciones del accionariado de las UTE».
Por otro lado, la fiscalía también destaca que las adjudicaciones fueron avaladas por la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y por el Tribunal de Cuentas. La fiscal también reprocha a los Mossos su interpretación del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la adjudicación del Transporte Sanitario que si bien veía irregularidades administrativas las veía en la adjudicación de los 13 lotes no solo en los que había participado Ambulàncies Egara. La fiscal insiste en su informe que una vez «analizados escrupulosamente los elementos» se constata que hacen «tambalear la denuncia inicial del caso», dos circunstancias que «debilitan la acusación». «No se ha acreditado, a pesar de la investigación, ni el concierto previo, ni la resolución arbitraria de una adjudicación, ni ninguna contraprestación a funcionarios ni autoridades relacionadas con la licitación», concluye la fiscal que solo ha podido observar «simples irregularidades» que no deben resolverse en el ámbito penal.
