Los indultos otorgados por el gobierno español de Pedro Sánchez a los presos políticos del independentismo catalán podrían volver a la palestra. Casualidad, o no. Ha habido tres decisiones judiciales coincidentes con los resultados electorales que dan la clave de la gobernabilidad a los independentistas. En primer término, el lunes la fiscalía del Tribunal Supremo reclamaba al juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, emitir de nuevo las euroórdenes contra el exilio, una opción que el magistrado ha descartado hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no decida nada sobro las medidas cautelares en el recurso. Por otro lado, la detención y procesamiento de la ex consejera Clara Ponsatí. Y este jueves, la decisión de procesar Gonzalo Boye por blanqueo de capitales. Ahora podría llegar una cuarta, con la revisión de los indultos.
El hecho que Junts per Catalunya y ERC puedan abrir negociaciones formales con el PSOE para mantener Pedro Sánchez a la Moncloa podría espolear una reacción de la derecha española que, hoy por hoy, domina la judicatura española. En concreto, se trataría de la revocación de los indultos otorgados a los presos políticos independentistas y, en concreto, al presidente de ERC, Oriol Junqueras, al ex consejero de Exteriores, Raül Romeva, el ex consejero de Presidencia y actual secretario general de Junts, Jordi Turull, a Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo, y a los expresidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El resto de indultados ya quedaron fuera de los recursos interpuestos porque había «perdido el objeto», puesto que habían sido condenados por sedición y sin malversación, a diferencia de los cuatro que restan pendientes.
Entrebancaria un pacto de Sánchez con los independentistas
Las suspicacias desde el pasado 9 de mayo, cuando la sección quinta de la Sala Tercera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió archivar los recursos contra los indultos de la presidenta Carme Forcadell, y los ex consejeros Quim Forn y Josep Rull porque «habían perdido el objeto». Los magistrados entendían que con la reforma había caído la sedición, pero no la malversación que se mantendría para Junqueras, Romeva, Turull y Bassa y los desórdenes públicos agraviados que se podían imputar a Cuixart y Sànchez. Las tres interlocutorias apartaban expresamente solo tres de los condenados y no decía nada de los que habían sido sentenciados por desobediencia, porque el delito no comporta prisión.
Pero la sección quinta aguanta el recurso para el resto con la suspicacia que es un as en la manga que podría entorpecer cualquier acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas. Un inicio de negociaciones que, de momento, parece que no se han meneado todavía, que podría espolear a los magistrados a dictar resolución o filtrar la deliberación sobre la decisión. El hecho que se revocaran los indultos podría abrir la caja de los truenos por la posibilidad que Junqueras, Turull, Romeva y Bassa entraran de nuevo en la prisión. Una decisión de estas características podría dinamitar un acuerdo que exorciza la derecha española.
Un cambio de criterio
No se puede olvidar que el Supremo ya rechazó en primera instancia revisar los indultos, en enero de 2022. Pero, de manera extraordinaria, el mayo del mismo año, finalmente aceptó a trámite los recursos contra los indultos parciales. La decisión, pero, no fue unánime, por dos magistrados disidentes –Juan Octavio Herrero Pina y Ángel Ramón Arozamena– de los cinco que integran la sección quinta, que se oponían. La decisión llegaba justo después del cambio de magistrados al Supremo.
Dos de los tres jueces que en primera instancia rechazaron los recursos –Segundo Menéndez y Ángeles Hugue– cambiaron de destino, reubicados en otras secciones de la misma sala. En cambio, los dos que optaron para admitir a trámite en primera instancia los recursos de los partidos y entidades españolistas, Fernando Román y Wenceslao Olea, se mantuvieron a la sección. Al incorporarse Inés Huerta Garicano, la mayoría giró como un calcetín. Además, Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, cuando dimitió el 11 de octubre del 2022 y cinco días después se reincorporó a la sección quinta. Las alarmas saltaron y los indultados lo recusaron. Ahora la posibilidad de la revocación puede ganar puntos.
