El exconservador del Museo de Lleida Albert Velasco, historiador del arte y profesor de la Universidad de Lleida, ha hecho el trabajo a los diputados de la comisión de Cultura del Parlamento de Cataluña. En concreto, ha formulado una serie de preguntas que los parlamentarios pueden dirigir a la consejera de Cultura, Sònia Hernández, sobre la posición del Gobierno respecto al traslado de las obras murales de Sixena hacia el monasterio de los Monegros ordenada por el juzgado de Huesca.
Tan pronto como El Món publicó la noticia sobre la aprobación de la comparecencia de la consejera sobre este traslado, Velasco escribió en la red X una lista de cuestiones que buscan aclarar la posición de la Generalitat ante la ofensiva judicial y la política agresiva del gobierno aragonés. Asimismo, propone que se analice cómo debería hacerse la defensa de una institución como es el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y que se pregunte qué acciones judiciales o procesales han llevado a cabo los servicios jurídicos de la Generalitat.
Ocho preguntas
Velasco desgrana hasta ocho preguntas para poder aclarar varios puntos turbios, con la advertencia de que a raíz de la comparecencia todo se pone «interesante». En síntesis, un conjunto de preguntas que pueden ayudar a despejar dudas sobre la posición a menudo discreta de la Generalitat en el caso.
Això es posa interessant. Preguntes q els portaveus i grups parlamentaris podrien fer-li:
— Albert Velasco (@velasc_alberto) November 10, 2025
– Va viatjar el Secretari General de Cultura, sr. Carreté, a tranquilitzar els polítics aragonesos?
– Pq la Generalitat va interferir en la comissió de tècnics i les actes?
[segueix] https://t.co/rjt2jDiRRy
En primer lugar, Velasco propone preguntar si «el secretario general de Cultura, Josep Maria Carreté, viajó para tranquilizar a los políticos aragoneses?». También plantea preguntar «por qué la Generalitat intervino en la comisión de técnicos y las actas«.
También añade la pregunta de si se «amenazó al MNAC con no dejarle presentar la incidencia de ejecución en el juzgado de Huesca» o bien «si se ha maniobrado de la mano del Ministerio de Cultura para que el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) -máxima instancia estatal de técnicos patrimoniales- no hiciera ningún informe sobre la viabilidad de traslado de las pinturas».
En clave también política, propone preguntar sobre si «la posición del Gobierno y del presidente Salvador Illa era no enfadar a los aragoneses para recibir su apoyo en la financiación singular». Y, coincidiendo con muchos miembros del servicio jurídico de la Generalitat, «¿por qué no se reclaman los 300.000 euros pagados por los bienes muebles adquiridos a las monjas de Sixena en 1983, 1992 y 1994? Es decir, por las obras que se devolvieron». En la misma línea, ruega averiguar por qué la Generalitat no presentó el recurso al Tribunal Constitucional que permitiría el acceso a los tribunales europeos. Y finalmente, Velasco quiere saber «si es cierto que todo esto se ha pensado y dirigido desde presidencia, Conselleria de la Presidencia y secretaría de gobierno».
