Dice la leyenda que lo que más se parece a un español de derechas es un español de izquierdas. Dejando de lado la autoría de la frase, nada clara, ahora se puede constatar que lo que más se parece a un español de derechas supuestamente corrupto es un español de izquierdas supuestamente corrupto. Así lo acredita el escenario que se ha dibujado esta semana en menos de un kilómetro cuadrado, el perímetro del centro de Madrid donde se ubican el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, verdaderos albaceas del poder del Estado y casi, con el permiso del Tribunal Constitucional, una tercera cámara legislativa más influyente y efectiva que las instituciones surgidas del sufragio universal.
El verdadero poder del Estado, el judicial, ha tenido el coraje de sentar en el banquillo de los acusados a los dos partidos mayoritarios del régimen del 78 que se han relevado históricamente en la gestión del BOE. Un poder que ha tenido un papel absolutamente protagonista -casi de monólogo- en la batalla contra el Proceso, que las mismas togas definían como el desafío más grande del Estado, incluso por encima del golpe de estado del 23-F o la lucha contra organizaciones armadas. Un poder que ha tenido el apoyo entusiasta del ministerio fiscal, la Abogacía del Estado y verdaderas taifas de poder como son la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la antigua Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), firmes bastiones del monopolio de la fuerza y, por supuesto, del relato.
Por eso es significativo que en la misma semana se celebren dos juicios que pongan a las dos grandes formaciones en el banquillo de los acusados de los dos tribunales más importantes del poder jurisdiccional español. Por un lado, en la Audiencia Nacional se juzga la operación Kitchen, el caso que destapó las chapuzas de la policía patriótica cuando quedó en manos del PP. Por otro lado, en la majestuosa sala penal del Tribunal Supremo, se sientan en el banquillo de los acusados el exsecretario de organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, un viejo conocido de la Guardia Civil que, gracias a su delación en el marco de otra causa que puede atragantar aún más al PSOE, el caso Hidrocarburos, ha mostrado las supuestas vergüenzas de los socialistas de Pedro Sánchez.
La instrucción de la Kitchen
El instructor del caso Kitchen, el juez ahora jubilado y ex titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, intentó dejar bien atadas las causas para dejarle una magnífica pista de aterrizaje al fiscal César de Rivas. De ahí su resistencia a imputar a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, y a su marido y amigo del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo. García Castellón alimentó una causa nacida como la pieza separada 7 de la macrocausa Tándem, es decir, la que investigaba las actividades del comisario Villarejo a través de sus empresas y consultorías.
En concreto, esta pieza se inició a partir de un hallazgo accidental en el registro de los domicilios y sedes empresariales de Villarejo. De hecho, fue una especie de llave maestra para el juez para entender el funcionamiento de la policía patriótica. Tanto es así que se preocupó mucho de expurgar muchos archivos y remitirlos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para su clasificación y custodia. Además, de la queja del juez de que solo había podido desencriptar el 1% del material intervenido y que el Consejo General del Poder Judicial no le permitía contratar empresas especializadas fuera del Centro Criptológico Nacional, el brazo informático del CNI.
En todo caso, García Castellón narró en su interlocutoria cómo el Ministerio del Interior había utilizado la brigada patriótica, que manejaba las cloacas policiales, para intentar beneficiar al PP. En concreto, poder intervenir en la investigación de la financiación irregular de los populares consiguiendo de manera clandestina los famosos “papeles de Bárcenas”. Es decir, la ‘contabilidad en B’ de la formación que tenía en su poder el extesorero del partido, Luis Bárcenas. Unos documentos que contenían información delicadísima de la financiación del partido de Mariano Rajoy y que, finalmente, lo acabaron expulsando de la Moncloa por una moción de censura cuando los tribunales concluyeron que el PP era beneficiario a título lucrativo de las tramas de corrupción de sus líderes y gestores.
Una llave maestra de una estructura eterna
Según el relato de la acusación, la policía patriótica recibió el encargo de conseguir los papeles comprometidos del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que a su vez lo había recibido del ministro Jorge Fernández Díaz, hombre de la máxima confianza de Rajoy. El exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, aún único condenado por la operación Cataluña, Eugenio Pino, traspasó la orden operativa al equipo de Villarejo, que asumió el trabajo.
La operación supuso fichar al chófer de Bárcenas, Sergio de los Ríos, para tenerlo como topo y facilitar la entrada ilegal a los domicilios donde supuestamente Bárcenas guardaba los papeles. El fichaje era a cambio de dos mil euros al mes que se obtenían de los fondos reservados, una licencia de arma, una pistola Glock de porcelana y la entrada al Cuerpo Nacional de Policía como agente, con una oposición más falsa que una moneda de tres euros. Además, fue necesario destinar a la operación una ingente cantidad de recursos de la Unidad de Apoyo Operativo del CNP, que dirigía como una república independiente dentro de la policía el comisario Enrique García Castaño. Esta unidad se encargó de hacer los seguimientos y de aportar aparatos de localización y todo el instrumental operativo para interceptar comunicaciones.
El juez quedó asombrado del funcionamiento de la policía patriótica en este tipo de operativos. El sistema vertical de traspaso de las órdenes y de la ejecución quedó perfectamente radiografiado. Además, los audios incorporados a la causa permitían no solo la trazabilidad de la operación, sino saber todos los detalles, los protagonistas y los mecanismos utilizados. Incluso, conversaciones donde se convencía a Ríos de que, además de cobrar un dinero, estaba en el lugar correcto de la historia. La enorme cantidad de prueba sirvió al magistrado para enviar a juicio a un ministro del Interior y para que la fiscalía pidiera 15 años de prisión.
De la instrucción a defectos de forma
De hecho, y como se ha percibido en las dos primeras jornadas del juicio, que han sido de audiencia previa, las defensas, además de negar la competencia de la Audiencia Nacional, se han obstinado en desacreditar la veracidad de la prueba. O más bien, la falta de garantías de la prueba. Es decir, la falta de cadena de custodia, la manera como se obtuvo y la débil garantía de la fiabilidad de las grabaciones. En este sentido, el fiscal del caso ha sido claro y ha defendido no solo la instrucción -en la cual el juez García Castellón no siempre le hizo caso- sino la validez de las grabaciones que teóricamente efectuaba el comisario Villarejo y que remachan el clavo del caso. Y por ahí irán las estrategias de las defensas, además, de repartirse las responsabilidades en la estructura policial de las cloacas.
A todo esto, hay que añadir la prueba documental que incorpora el sumario. Un buen número de documentos que acreditan el pago de fondos reservados e incluso importes de cafeterías y restaurantes que servían de tapadera para celebrar las reuniones de trabajo del operativo policial. Tanto es así que el entonces responsable técnico de los fondos reservados, el secretario general técnico del ministerio del Interior, el actual coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos –casualmente, encargado del operativo policial contra el Primero de Octubre–, admitió al juez de instrucción que no podía asegurar si los fondos que habían recogido miembros de la policía patriótica habían ido a parar a la Kitchen. La reserva era (y es) absoluta aún en todo lo relacionado con estos fondos.
La corrupción del PSOE
Mientras se celebraba la segunda jornada de la vista oral por el caso de la Kitchen, este martes también se ha iniciado el juicio estrella contra el gran partido de izquierdas español, el PSOE de Pedro Sánchez. En este caso, en el Tribunal Supremo, en una sala penal que preside Andrés Martínez Arrieta. Si en el caso del PP el tema es el uso de fondos reservados, estructuras públicas e instituciones para intentar eliminar pruebas de la corrupción de un partido, el caso del PSOE tiene otro cariz. Se trata del cobro de comisiones por la compra estatal de material sanitario para afrontar la pandemia de la Covid. Todo ello, de la mano del ministro que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, el hombre que articuló su resurgimiento para volver a ser secretario general de la formación y, de rebote, llevarlo a la Moncloa gracias a la moción de censura por la corrupción que la operación Kitchen intentaba encubrir. Un ejemplo de que, si la política catalana es pequeña, la de España, también.
De todas maneras, el caso Mascarillas no es un hongo que aparece solo. Al contrario. Ha sido como una muñeca rusa y, a medida que se ha avanzado en la instrucción y al amparo de la capacidad interpretativa y cierta barra libre de la UCO, se han destapado otros escándalos. En la lista, la infatigable vida de mujeriego del exministro, el caso Santos Cerdán, el caso Plus Ultra, el caso SEPI, las relaciones con Venezuela o la capacidad e influencia de su asesor Koldo García. De hecho, García es junto con Víctor de Aldama, una de las figuras más oscuras del caso. Ambos tenían relaciones extraordinarias con la Guardia Civil. Y, por lo que se ha constatado, al menos en lo que respecta a De Aldama, con la fiscalía: gracias a su declaración inculpando a Ábalos cuando estaba en prisión, quedó en libertad y la fiscalía se ha mostrado indulgente pidiendo para él una pena que le evitaría volver a pisar la cárcel.
Mascarillas, sobres y café
Del juicio del caso Mascarillas, ya se analizaron las cuestiones previas, por eso este martes ha ido al grano. Los primeros testimonios no han decepcionado. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Víctor Torres, han declarado que las compras que hicieron a través del Ministerio de Transportes como presidenta de Baleares y como presidente de Canarias, respectivamente, se hicieron con todo el rigor. Ambos han testificado por escrito. Pero la familia de los acusados ha sido la que se ha llevado la palma de la jornada. Por un lado, el hermano de Koldo García, Joseba, un hombre alto como un san Pablo, ha reconocido que habría ido dos veces a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, a recoger sobres con dinero. Una declaración que ha abierto la gran puerta de Tannhäuser que espera toda la derecha mediática, la del posible financiamiento irregular del PSOE.
También ha declarado Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, que ha admitido que vivía en un apartamento de la plaza España de Madrid para encontrarse con el ministro. Un piso que le había puesto Ábalos mientras que el exsecretario de organización vivía en la vivienda oficial del ministerio con su familia. Por otro lado, ha testificado el hijo de Ábalos, Víctor, un hombre con negocios prósperos en Colombia que ha ayudado a su padre en los momentos económicamente “lamentables” que ha sufrido. Ábalos hijo también ha intentado desvirtuar la de la acusación según la cual hablaba en clave con Koldo y su padre. Una teoría que nace de la cantidad de veces que hablaban de «café». «A Koldo, como a mi suegro, les gusta mucho el café», ha defendido. No se sabe si las máquinas Lavazza de la Audiencia Nacional y del Supremo tendrán buen café, pero esta semana deja bien claro que la política española tiene, sobre todo, poso.
