El juicio del caso Mercasa continúa. Este jueves cerró la tercera semana de sesiones y, a partir del lunes, encara la recta final. Sin embargo, los testimonios de esta semana y las periciales practicadas no dejan de ofrecer sorpresas, secretos, elementos e historias enterradas que dieron forma al sistema que grandes empresas españolas, algunas de titularidad pública, utilizaron para conseguir contrataciones en países emergentes y con ingentes reservas de recursos naturales como Angola.
El tribunal que preside, con una extraordinaria demostración de oficio, la magistrada Teresa Palacios va poniendo orden minuciosamente al caso del proyecto en el que la empresa Mercasa, propiedad de la Sociedad Española de Propiedades Industriales (SEPI), construyó un mercado en Luanda, a través de un consorcio para esquivar los controles públicos, gracias a una adjudicación conseguida a través de comisiones y regalos en especie como entradas al estadio del Bernabéu, viajes de vacaciones, cenas en Ginebra, estilográficas Mont-Blanc o visitas médicas en clínicas de lujo para altos cargos y funcionarios angoleños.
En todo este entramado, hay un hombre que es una pieza clave. Un ciudadano con pasaporte portugués, prófugo de la justicia española y luxemburguesa. Un hombre que los participantes financieros del consorcio (CMIC) que logró el contrato del mercado central de la capital de Angola, es decir, las empresas que gestionaban los créditos para pagar la obra, aseguran ahora no haber visto nunca, ni haber oído hablar de él. Es Guillermo Augusto de Oliveira Taveira Pinto. Buscado por la Interpol, a petición de la Audiencia Nacional, fue la «llave maestra» de los inversores españoles en Angola. Era el hombre que tenía los contactos, a cambio de comisiones que podían llegar hasta el 9,5% del importe de los contratos. Taveira Pinto, sin embargo, ha logrado, y ya hace más de diez años, evitar la acometida policial y judicial. Y no es de extrañar, porque el sumario de este caso lo relaciona con Francisco Paesa, el gran espía español, con el tráfico de armas y el blanqueo de los sobornos y con las comisiones irregulares, así como con su capacidad de desaparecer o hacerse pasar por muerto.
Un hombre indispensable
La pista sobre la importancia de Taveira Pinto para la gran industria española la destapó el caso Defex. Un caso de tráfico de armas y corrupción a través de esta empresa pública. De hecho, la Audiencia Nacional abrió tres piezas separadas sobre esta compañía de comercio de armas para investigar las ventas a Angola, Camerún y Arabia Saudita. El caso Angola ya fue juzgado, con condenas bastante indulgentes, y quedan pendientes los otros dos sumarios. A raíz de este escándalo, Defex fue disuelta por la Moncloa en el año 2017, con el argumento del entonces secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, de que la sociedad se había convertido en «un instrumento para la corrupción».
Taveira era la puerta de entrada al ministerio de Defensa y al de Seguridad de Angola y tenía los instrumentos societarios y empresariales para hacer de tapadera de las comisiones y los sobornos. Pero no estaba solo, ni mucho menos. Taveira tenía como socia a Beatriz García Paesa, la sobrina de Francisco Paesa, y heredera de su entramado de información y financiamiento. De hecho, Paesa ya había hecho negocios en África, traficando con armas con países como Guinea, o llevando misiles a España para vender a ETA, además de otras artimañas como su participación en el caso Banesto o en la captura de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil. Sin embargo, se había ganado una buena fama en la Audiencia Nacional por la venta ilegal de armas a Angola por parte de los miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) durante los años de plomo de Felipe González.
Una socia con experiencia
Todo un know-how que dejó en herencia a Beatriz Garcia, ejerciendo de abogada en Luxemburgo y que gestionaba a través de un complicado entramado de sociedades pantalla y fondos las comisiones que se recibían de la venta de material de Defex a través de cuentas en las Islas Vírgenes, a través del famoso y polémico despacho de Mossak Fonseca, Suiza, Italia y Hong Kong. De hecho, por este caso estuvo en prisión durante 85 días en el año 2014, cuando entonces el juez instructor de la causa aún era Pablo Ruz.
Es de destacar que Garcia era una de las gestoras de las cuentas de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior, etapa de la cual fue protector de la policía patriótica. Es de destacar que Beatriz Garcia fue una de las testigos de cargo contra Eduardo Zaplana por haber gestionado el dinero que el expresidente valenciano, a través de Cotino, movía a través de off-shore que gestionaba la abogada.
En Luxemburgo, sin embargo, los últimos años Beatriz Garcia no ha tenido una vida tranquila. El caso Alexander Lebedev, un empresario y exagente del KGB, a quien su tío le estafó 9,8 millones de euros se le ha atragantado. Se escapó de tener que devolverlos, pero el Colegio de Abogados de Luxemburgo inició una investigación por su cuenta que llevó a castigarla con una multa de diez mil euros por haber falsificado una carta del Banco Nacional de Bahréin en 2003, el mismo año que se dio de alta como letrada en el país. La carta había sido uno de los elementos indispensables para que Lebedev dejara los 9,8 millones de euros a su tío Francisco.
Defex, Paesa y Mercasa
En la investigación del caso Defex, Taveira declaró ante la policía a petición de las autoridades españolas en Luxemburgo. Fue el día 12 de marzo de 2014. Taveira prestó declaración asistido de letrado a raíz del contrato de suministro de Defex a Angola. Pero en esta declaración habló demasiado e informó que también prestaba colaboración comercial a la empresa pública Mercasa. Un detalle que quedó apuntado en el sumario, pero que otros factores oscurecieron. Como por ejemplo, que la UCO pidió las imágenes de la comisaría a la fiscalía luxemburguesa para cotejarlas con las imágenes que tenían de Francisco Paesa, porque, tuvieron la sospecha de que el famoso espía les había dado gato por liebre y se había hecho pasar por el portugués. Finalmente, los analistas decidieron que había sido Taveira quien había declarado. A partir de ese día, la tierra se lo tragó y no volvió a aparecer hasta una fotografía difundida por El Mundo en octubre de 2016. Y hasta ahora nadie ha sabido más de él. Teóricamente.
Cuatro meses después de su declaración, el cuatro de julio de 2014, entonces el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ya el magistrado José de la Mata, ordenó la entrada y registro en el número 17 de la calle Joao de Lisboa, en una zona residencial de Linda e Velha, cerca de Lisboa. Miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y de la policía portuguesa entraron en la vivienda, pero el personaje central de su investigación había huido con el material más comprometido. Sin embargo, dejó «evidencias de participación» en el pago de comisiones a funcionarios del Comando General de la Policía Nacional de Angola en relación con la compra de material de Defex.
Entre el material encontrado, un ordenador con varias carpetas, pero con un archivo que durmió el sueño de los justos durante siete años porque no había manera de encontrarle ni pies ni cabeza. Era el archivo CODIGO.CLOD-09.11.07.xls. Finalmente, los analistas de la UCO consiguieron la contraseña para desencriptarlo, «Lammark», según el sumario. Pero, una vez abierto el archivo, solo había iniciales y números en un excel, que no cuadraban con nada de lo que investigaban sobre Defex. Fue cuando estalló la sospecha del caso Mercasa que todo cobró sentido. El nombre del archivo mismo era evidente «Clod», es decir, el nombre del proyecto del mercado central de la capital de Angola, «Clod-Luanda», y ligaba con la declaración en Luxemburgo. La insistencia de los analistas y sobre todo, la tenacidad del fiscal anticorrupción Conrado Saiz permitió descubrir la importancia del archivo encontrado mientras se buscaban pruebas del tráfico de armas.
Un excel que lo explica todo
El excel encontrado indicaba unas cantidades y otras siglas: SND 1, MTB y STR. Estas tres eran la referencia a las empresas relacionadas de Taveira, es decir, SONADI, SOTER y METAB y las cantidades que percibían. Pero también una larga lista de nombres en clave, con siglas o acrónimos. En concreto, nombres como MINFIN; INCATEMA; K; ASS MANG; ASS FURT; VM;GC;Part; VP; P.Espada; J.L y GC «S». Los investigadores encontraron su significado gracias a la documentación localizada en los diferentes registros en Mercasa y la documentación que entregó la exsecretaria general de Mercasa, Macarena Olona, que terminó de destapar el fraude.
Así, MINFIN era el ministro de finanzas de Angola, José Pedro de Morais; Incatema, era la empresa que aportaba el financiamiento; K era el general Kopelica, Manuel Herder Vierira, jefe de la casa militar de la presidencia de Angola; Ass. Mang era Augusto Archer, asesor económico del primer ministro; Ass. Furt correspondía a Antonio Gomes, asesor económico del presidente; VM era el acrónimo de Manuel Da Cruz, viceministro de comercio de Angola; GC identificaba Gomes Cardoso, director nacional de comercio de Angola; VP, Videria Pedro, asesor del viceministro Cardoso; P. Espada, Pedro Diaz de Espada de la Brena y GC «S», Carlos Albertot Sousa «Sabu» socio del 25% de Sonadi. Todo encajó y la trama terminó de tomar forma. De todas formas, Oliveira continúa protegido en Luanda, prófugo de la justicia y con la garantía de, seguramente, saber más cosas de las que ha encontrado la profusa investigación de la UCO y que la Audiencia Nacional.
