Era un anuncio y ahora es una realidad. La defensa legal de cinco exconsejeros de Cultura, dirigida por Jaume Alonso-Cuevillas, ha recurrido el archivo de la querella que presentaron contra la jueza que está ejecutando la sentencia de las pinturas murales de Sixena que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). De esta manera, Lluís Puig, Àngels Ponsa, Laura Borràs, Joan Manuel Tresserras y Ferran Mascarell firman un recurso de súplica ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El recurso se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por las interpretaciones «sesgadas» de la resolución que ordena el archivo de la causa.
El recurso, de 22 páginas y al cual ha tenido acceso El Món, incide en el hecho de que la querella solo busca reconocer un derecho constitucional y no implica ningún abuso de derecho como apuntaban los magistrados en su resolución de inadmisión. En este sentido, reclaman la admisión a trámite de la querella y comenzar las prescripciones legales para abrir diligencias penales. En este sentido, el escrito remarca que no se ha valorado la prueba documental aportada, que consta en manos de la jueza ejecutora y que «describe la realidad material del estado de las pinturas murales». Por ello, consideran necesaria la interposición de una acción penal «para evitar la destrucción de unos bienes de interés patrimonial histórico artístico.
Análisis de razonabilidad
Por otro lado, el recurso reprocha a la sala penal del TSJA que no haya hecho una aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de acuerdo con los preceptos que establece la Constitución, especialmente, el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, los exconsejeros creen que los magistrados han vulnerado el principio de legalidad y el de seguridad jurídica. En este sentido, concluyen que la sala no ha hecho un examen de «razonabilidad» de los hechos relatados y los artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entienden que la querella reúne todos los elementos y hechos que avalarían la apertura de las diligencias penales y apuntan que se evita la admisión porque la querellada es una jueza así como responsables políticos del gobierno de Aragón. En conclusión, los exconsejeros argumentan que también se les infringe el derecho a la igualdad y al hecho de que los organismos jurisdiccionales protejan sus derechos, como con cualquier otro ciudadano, porque se dirigen contra una togada.
