Era un anuncio y ahora es una realidad. La defensa letrada de los cinco exconsellers de Cultura, dirigida por Jaume Alonso-Cuevillas, ha recurrido el archivo de la querella que presentaron contra la jueza que está ejecutando la sentencia de las pinturas murales de Sixena que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). De esta manera, Lluís Puig, Àngels Ponsa, Laura Borràs, Joan Manuel Tresseras y Ferran Mascarell firman un recurso de súplica ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El recurso se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y por las interpretaciones «sesgadas» de la resolución que ordena el archivo del caso.
El recurso, de 22 páginas y al que ha tenido acceso El Món, incide en que la querella solo busca reconocer un derecho constitucional y no un abuso de derecho como apuntaban los magistrados en su resolución de inadmisión de la querella. En este sentido, reclaman la admisión a trámite de la querella e iniciar las prescripciones legales para abrir diligencias penales. En este sentido, el escrito remarca que no se ha valorado la documental aportada, que consta en manos de la jueza ejecutora, «persiste la realidad material del estado de las pinturas murales». Por ello, consideran necesario la interposición de una acción penal «para evitar la destrucción de unos bienes de interés patrimonial histórico artístico.
Análisis de razonabilidad
Por otro lado, el recurso reprocha a la sala penal del TSJA que no haya hecho una aplicación de la ley de Enjuiciamiento Criminal de acuerdo con los preceptos que establece la Constitución, especialmente, el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, los exconsellers creen que los magistrados han vulnerado el principio de legalidad y el de seguridad jurídica. En este sentido, concluyen que la sala no ha hecho un examen de «razonabilidad» de los hechos relatados y los artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entienden que la querella reúne todos los elementos y hechos que avalarían la apertura de las diligencias penales y apuntan que se evita la admisión porque la querellada es una jueza así como responsables políticos del gobierno de Aragón. En conclusión, los exconsellers argumentan que también se les infringe el derecho a la igualdad en tanto que tienen tanto derecho como cualquier otro a que los organismos jurisdiccionales protejan sus derechos porque se dirigen contra una togada.
