La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha decidido cerrar la puerta a la gestión económica de Rodalies con fondos europeos. Así lo ha denunciado Acción Cassandra, la entidad jurídica en defensa de los derechos de la minoría nacional catalana, que informa que el pasado 28 de septiembre el acta de la reunión de PETI del 28 de septiembre cerró su demanda sobre «la seguridad de Rodalies, la trazabilidad de los fondos europeos del corredor mediterráneo y el déficit estructural de inversión en Cataluña». Cassandra quería aportar esta información al procedimiento abierto contra Renfe y Adif por el accidente de Gelida, el 20 de enero de este año, y donde la entidad es acusación particular.
Según el acta, a la que ha tenido acceso El Món, la petición de Acción Cassandra se ha cerrado a petición del Partido Popular Europeo (PPE) y de Patriotas por Europa (PfE), con el apoyo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Una decisión en la que no participa el peticionario de la información. A criterio de Acción Cassandra, la PETI ha declarado admisible porque «afecta ámbitos de actividad de la Unión, pero ha decidido no continuar el examen». Cassandra interpreta que la decisión «sustituye el examen de los agravios por una respuesta genérica y preparará una solicitud de reapertura» del expediente.
Dos decisiones controvertidas
Cassandra recuerda en un comunicado que el presidente de PETI, Bogdan Rzońca, de 15 de octubre, comunicó la admisibilidad y el traslado de la petición a la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) «para información». El siguiente paso fue remitir al debate del pleno del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2026 sobre seguridad ferroviaria, Adamuz y Tempe. En este contexto entienden que sobre esta base la comisión no tenía suficientes elementos para continuar examinando la petición.
Acción Cassandra considera que esta remisión «pone en evidencia el vacío de la justificación del cierre: el debate invocado se celebró el 12 de marzo de 2026, diecinueve días antes de la presentación de la petición, el 31 de marzo«. Por tanto, a criterio, de los abogados de la entidad, «ese debate no podía constituir una respuesta a la petición concreta de la asociación». «La carta del presidente de PETI tampoco explica cómo se habrían abordado los agravios específicos sobre el mantenimiento de Rodalies, la trazabilidad de los fondos europeos y el desequilibrio territorial de inversión», añaden. Por eso, ahora solicitan la reapertura.
