La ANC y el Consejo de la República han salido en defensa de la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, y estarán a su lado cuando vaya hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde este viernes empezará el juicio por el presunto fraccionamiento de contratos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Òmnium todavía no ha decidido qué hará y comunicará su decisión en las próximas horas.
La entidad que preside Dolors Feliu ha asegurado que Borràs «no está disfrutando de un proceso judicial justo» y denuncia que las cloacas del estado español han filtrado intencionadamente fragmentos del sumario judicial a su brazo mediático para crear un ambiente propenso a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia». La ANC afirma que está «comprometida» con los derechos fundamentales y las garantías judiciales como herramienta para blindarse de las cloacas.
La lucha contra la presión al margen de las excusas legales
Por su parte, el Consejo de la República ha manifestado que la «presunción de inocencia» es un derecho fundamental y denuncia que a Borràs se le ha vulnerado «desde el primer momento» por parte de sus «adversarios políticos» con la complicidad de algunos medios de comunicación. En un comunicado, la entidad recuerda que «siempre» ha estado «junto a todas las personas represaliadas» independientemente de «la excusa legal» que use la justicia española.
«El estado Español tiene el firme convencimiento de que todos los métodos para derrotar el independentismo son válidos y, por lo tanto, es nuestro deber hacer frente conjuntamente con las herramientas imprescindibles para evitarlo: determinación en la confrontación, coordinación en la estrategia y unidad en la defensa», concluye.
El juicio a Borràs divide al independentismo
ERC y la CUP ha anunciado que no acompañarán a Borràs hasta el TSJC porque consideran que su caso no forma parte de la represión contra el independentismo y creen que es más bien una presunta «mala praxis». La fiscalía pide seis años de prisión y 21 años de inhabilitación a la presidenta suspendida del Parlamento, además de una multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental.
