Tras semanas de juicio, la Audiencia Nacional ha decidido absolver a las 15 personas y las 3 entidades jurídicas que fueron juzgadas por pagar comisiones ilícitas a funcionarios en Luanda (Angola) en relación con la construcción de un mercado mayorista a través de la empresa estatal española Mercasa. La sección cuarta de la sala penal, presidida por Teresa Palacios, ha dictado una resolución de 424 páginas con la que se absuelve a todos los acusados de los delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a una organización criminal. Mercasa, como empresa pública, quedó fuera de la acusación en el trámite de las cuestiones previas, a pesar de dar nombre al caso.
La tesis de la fiscalía es que los acusados habían pagado sobornos a las autoridades y funcionarios públicos de Angola para asegurarse el contrato para la construcción de un mercado mayorista en Luanda entre 2006 y 2016, y de rebote quedarse parte de los fondos como comisiones irregulares. Entre los acusados se encontraban exdirectivos de Mercasa como María Jesús Prieto, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana, y el empresario José Herrero de Egaña, así como las empresas CMIC, Incatema Consulting y Toy Cincuenta SL.
Los magistrados, en la sentencia de la cual ha sido ponente Juan Francisco Martel, razonan que las obras se ejecutaron de conformidad con la ley sin que el consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) «asignara fondos, sea directamente o indirectamente a través de terceros, para sobornar a autoridades y funcionarios angoleños o para llevar a cabo cualquier actividad contraria a la legislación vigente». Para los togados, no hay prueba de sobornos pagados sino «simples especulaciones e hipótesis». Incluso, los magistrados argumentan que no se ha acreditado que Oliveira Tabeira Pinto, investigado en la causa y fugitivo de la justicia, recibiera ninguna cantidad de dinero de este consorcio para cubrir los gastos de regalos, viajes y alojamiento para funcionarios de aquel país.
Pruebas y periciales
El tribunal, además, reprende a la fiscalía por su acusación. De hecho, aseguran que con la prueba practicada «se ha obstaculizado enormemente una comprensión adecuada de las cuestiones planteadas» en el juicio. Para el tribunal, hay «una falta de pruebas para sostener los cargos, especialmente porque los peritos de la acusación, además de limitarse a repetir los informes de la Guardia Civil, se basan en datos de un período anterior al que han tenido en cuenta los peritos de la defensa».
El tribunal también destaca una «demonización excesiva de las comisiones acordadas en contratos firmados en un país que acababa de salir de una guerra civil y donde las estructuras legales y convencionales se caracterizaban por su rigidez». «Por lo tanto, era lógico que las partes contratantes intentaran asegurarse sus honorarios o su remuneración», añade la resolución.
