El conflicto entre conserjes y la Dirección General de Función Pública de la Generalitat, que ya hace años que se arrastra, continúa estancado. El proceso de estabilización para consolidar las plazas de los interinos y convertirlos en funcionarios de la administración pública ha despertado el malestar de algunas partes, entre ellos la del cuerpo de los llamados subalternos de los institutos, es decir, los conserjes: los trabajadores que abren las puertas de los centros, encienden las luces, hacen fotocopias, cogen las llamadas… y que son los más mal pagados de la administración. El abril del año pasado los trabajadores de la Generalitat pasaron por un proceso de oposiciones con un temario reducido para poder estabilizar su situación laboral y, a banda, también se llevó a cabo una convocatoria extraordinaria de 240 plazas dirigida a personas con discapacidad intelectual. No todos los interinos, pero, pudieron acceder a estas oposiciones. Según asegura José M., conserje de un centro educativo del Baix Llobregat, este colectivo no estabilizado se encuentra «en tierra de nadie» desde hace más de un año y, para mejorar su situación laboral y convertirse en funcionarios, reclaman a Función Pública un nuevo proceso de oposiciones.
Además de la «mala remuneración» con la cual conviven, puesto que el sueldo mensual de estos conserjes supera ligeramente el salario mínimo interprofesional, denuncian también que no disfrutan de las mismas oportunidades que el resto de trabajadores de la administración pública para regularizar su situación laboral. A través de una carta dirigida a la secretaría de Función Pública, Alícia Corral, a la cual ha tenido acceso El Món, el cuerpo de subalternos de la Generalitat denuncia que tenían que formar parte del proceso de oposición 243, convocado desde el mes de febrero del 2020 y que se tenía que llevar a cabo durante el 2023, pero que se acabó anulando sin darles una alternativa más allá de una compensación económica: «Nos pagaban una miseria, pero nadie tenía en cuenta todo el tiempo dedicado a estudiar, las academias que algunos compañeros habían contratado para prepararse las pruebas… Con esta mínima compensación no hay suficiente», denuncia José M.
149 interinos en situación de «fraude de ley»
Actualmente, según los datos del Registro General de Personal de la Generalitat, hay en situación de interinato un total de 1.541 trabajadores de agrupaciones profesionales –vinculados a tareas administrativas, diferentes de los especialistas, como por ejemplo maestros, médicos o policías. José M., portavoz de la plataforma Subalternos en Lucha como conserje de instituto, asegura que 497 personas de este total son subalternos sin estabilizar, de los cuales 149 se encuentran en situación de «fraude de ley», es decir, que hace más de tres años que trabajan dentro del sector de la educación como subalternos, pero sin conseguir convertirse en funcionarios.
Los conserjes denuncian que no se ha podido estabilizar todos los miembros del colectivo que lo requieren porque la Generalitat ha reducido «significativamente» el número de plazas convocadas: «El 2023 se habló de unas oposiciones para los subalternos, pero no eran del todo justas. Antes que nada, se pasaba de convocar 312 plazas, como se había anunciado, a convocarse 202, una reducción de 110 plazas, que no es poca cosa», argumenta José M. También denuncia que, de las 202 plazas mencionadas, «158 se ofrecieron con personas con discapacidad intelectual». «¿Cómo es posible, si estas personas ya pudieron acceder a su oposición extraordinaria?», se pregunta el conserje. «¿Cómo podían pensar que cabríamos todos, si a la oposición 243 [que no se acabó llevando a cabo] se presentaron 4.691 personas?», lamenta José M.
Unas oposiciones ‘light’, la reclamación que perdura
Las oposiciones para el resto de trabajadores de las agrupaciones profesionales, que se llevaron a cabo el pasado 26 de abril, se hicieron con un temario reducido, pruebas no eliminatorias y un concurso de méritos. El que se conoce como un proceso ‘light’. Concretamente, de los ocho temarios sobre los cuales se los evalúa normalmente, a la convocatoria del pasado mes de abril solo se hicieron preguntas sobre los «principios éticos y de conducta de los empleados y empleadas públicos» (tema 5), «la atención a la ciudadanía y procesos de comunicación interprofesional» (tema 6), las «nociones básicas de la navegación y busca por Internet» (tema 7) y «el uso del material fungible y no fungible» (tema 8). Es decir, se evaluaron cuatro puntos del temario. «No nos quejamos de que las oposiciones para ellos fueran más fáciles, ni queremos que nos las simplifiquen por no tener que estudiar tanto, simplemente volamos las mismas condiciones que los otros», argumenta el conserje, que ya hace casi un año que reclama una oposición ‘light’.
José M., que se ha organizado con otros miembros de su sector, pide a Función Pública poder mantener una reunión para abordar esta problemática. De momento, pero, no ha obtenido respuesta.
La consejería asegura que la estabilización de los subalternos se abordará este 2024
Fuentes de la dirección general, que depende del Departamento de Presidencia, dirigido por Laura Vilagrà, aseguran que abordarán la estabilización de este colectivo durante este 2024: «Dentro de las 2.600 plazas públicas ordinarias que se convocarán para continuar consolidando plazas, y reducir la temporalidad por debajo del 8% [el umbral que marca la legislación europea], se incluyen los conserjes de instituto», apuntan fuentes de la dirección general interpeladas por este diario. A estas alturas, pero, todavía no hay ninguna fecha oficial para la convocatoria. En cuanto al contenido de las oposiciones, también se desconoce el temario, a pesar de que desde Función Pública han querido dejar claro que optan por «simplificar» el sistema de examinación con pruebas menos memorísticas y procesos de resolución más rápidos: «Queremos que sea un proceso ágil, enfocado a las competencias del puesto de trabajo y adecuado a las funciones a desarrollar», asegura la secretaria, Alícia Corral, en declaraciones a El Món.
Presión europea
Mientras los conserjes mantienen el pulso con el Gobierno, la justicia europea presiona el Estado español -que elabora los marcos legales por los cuales se rige el ejecutivo catalán- para mejorar la situación de los interinos. Este se supo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que va contra los derechos de la UE pagar una compensación de 20 días por año trabajado, con un límite de un año, a cualquier trabajador que haya sufrido una “utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente”, que es la situación con la cual se han encontrado los conserjes que no han podido estabilizar su situación laboral. Así pues, al pulso entre conserjes y la administración, Bruselas también saca la cabeza.
