Juntos por Cataluña amenaza el gobierno español con no conceder su voto para los presupuestos generales del Estado. El portavoz adjunto de la formación en el Congreso de los Diputados, Josep Maria Cruset, ha exigido a Moncloa «hacer las cosas diferentes» en las negociaciones en cuanto a Cataluña. «Si no, nuestro voto no lo tendrán», ha espetado Cruset. Ante la clara división al hemiciclo español –con un tenso equilibrio alrededor del gobierno de coalición de PSOE y Sumar y una derecha española cada vez más ultramontana–, Juntos ha rechazado situarse en «ningún bloque español». En este sentido, el portavoz ha reclamado Pedro Sánchez una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los catalanes. «Hagan política sin querer perjudicar siempre Cataluña de una manera u otra», ha exigido.
Más allá de cuestiones como la amnistía o la financiación, Juntos ha puesto el foco en el techo de gasto, una medida que, aseguran, «penaliza totalmente» no solo a la Generalitat, sino también a las corporaciones municipales catalanas. Los objetivos de déficit para los gobiernos regionales establecidos por el Consejo de Política Fiscal español establece un límite duro en el balance del 0,1% para el 2024; una política que culminaría con el equilibrio fiscal el 2025. El acuerdo, pues, intensifica la vigilancia sobre las administraciones territoriales, a pesar de que el déficit español se concentra mayoritariamente en la estructura del Estado. También los ayuntamientos tendrán que lograr el equilibrio presupuestario entre el 2024 y el 2026; mientras que la Seguridad Social tendrá que hacerlo en dos años.
Financiación contra dumping
Los ataques de Cruset no solo se han dirigido hacia el gobierno español. El diputado ha lamentado el dumping fiscal otros territorios respecto de Cataluña. Los casos más claros son las administraciones regionales gobernadas por el Partido Popular, como por ejemplo Madrid o Andalucía, que bonifican impuestos como por ejemplo el de patrimonio. Con estas ventajas a la riqueza, Cataluña concentra un porcentaje elevado de las tasas del Estado, a pesar de que la comunidad autónoma madrileña, por ejemplo, concentra más fortunas elevadas que no el territorio catalán.
En este sentido, el portavoz ha recordado la «infrafinanciación» que sufre el país, recordando no con solo que la dedicación presupuestaria en Cataluña es sustancialmente más baja que la que haría falta, sino que la ejecución de las inversiones en el territorio es mucho más baja que en otras regiones. El ejemplo más sangriento, de nuevo, el de la Comunidad de Madrid, que recibe un 184% del presupuesto previsto para su territorio, mientras que la Generalitat cifraba en verano en 2.700 millones de euros las inversiones no ejecutadas al país. En este sentido, Cruset ha reclamado una «mayor participación» de Cataluña en cuestiones como ahora los fondos europeos del plan de recuperación, para los que el Estado se queda «toda la capacidad de Gestión» y relega el Gobierno a «un mero gestor».
