Ciutadans (Cs) ha pedido que se persiga a los ayuntamientos que permitan el uso de la Identidad Digital Republicana (IDR) del Consell de la República para hacer trámites municipales. El presidente de la formación en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha enviado una carta al delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, para reclamar que se investigue si hay consistorios que están aceptando el uso del ‘DNI catalán’ para estas gestiones. Según Carrizosa, si esta información que ha publicado algún medio de comunicación se confirma, sería un «ataque sin precedentes en el estado democrático y de derecho». El líder de Cs insta Prieto a, en el caso de confirmarse, advertir los responsables «de acciones legales». Carrizosa, que ya ha avanzado que su partido presentará una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, espera que el delegado del ejecutivo español tome las «medidas necesarias» para restablecer la legalidad.
11 ayuntamientos colaboran con el Consell de la República
En total, son 11 municipios los que han firmado convenios con el Consell de la República. A finales de marzo se supo que seis nuevos municipios se sumaron a la lista y habían aprobado mociones a sus plenos sobre Consumo Institucional y uso de la Identidad Digital Republicana, los dos ámbitos de trabajo de la entidad. El primer convenio, que se puso en marcha con un plan piloto el 29 de abril del 2022, se firmó con el Ayuntamiento de Torres de Segre. Meses después, el Consejo de la República firmó más convenios del proyecto Consumo Institucionales con cuatro consistorios más. El de Sant Pol de Mar, Arbúcies, Amer y Sant Feliu de Pallerols. La red de consumo y el uso de la IDR a la administración pública se ha seguido ampliando, con seis nuevos municipios hasta el marzo -dos de los cuales capitales de comarca-. Se trata de Vic (Osona), Amposta (Montsià), Olvan (Berguedà), Santa Eugènia de Berga (Osona), Artés (Bages) y Bescanó (La Selva).
La propuesta de la entidad del independentismo presidida desde el exilio por Carles Puigdemont es ofrecer a las administraciones públicas de Cataluña la posibilidad de adoptar la ID republicana y permitir a sus ciudadanos hacer trámites municipales con este documento de identidad en lugar de hacerlo con el DNI español.
La activación de estos convenios ha provocado la reacción del unionismo español en varias ocasiones. Por ejemplo, con el plan piloto en Torres de Segre, la entidad Impulso Ciudadano instó la que era la delegada del gobierno español en Cataluña, Maria Eugènia Gay, a actuar contra el convenio y pidió que suspendiera el acuerdo del pleno y que lo denunciara a la justicia.
