La Comisión Europea ha evitado tildar de “terrorista” al independentismo, pero tampoco ha contradicho al estado español, que en un informe remitido al Europol en 2021 incluyó el separatismo catalán y vasco entre los movimientos “más activos y violentos”. En una respuesta oficial a una pregunta parlamentaria de los eurodiputados de Junts, Bruselas sostiene que la Directiva europea sobre terrorismo marca unas “reglas mínimas” para definir el terrorismo y que implementarla es una “tarea” de los estados, por lo cual se desmarca del polémico informe de la Fiscalía General del Estado.
“La Comisión Europea no puede decir que el movimiento independentista sea terrorismo según los estándares europeos, como pretende el Fiscal General del estado español”, ha destacado Clara Ponsatí. “Por eso nos dan esta respuesta hipócrita que evita asumir ninguna responsabilidad”. Por su parte, Bruselas afirma que las “ofensas relacionadas con grupos terroristas y con actividades terroristas en la Unión Europea incluyen aquellos actos intencionados que pueden dañar seriamente un país o una organización internacional”, pero recuerda que los estados pueden ir “más allá de las definiciones de la directiva”.
En su pregunta a la Comisión, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí acusaban A las autoridades españolas de querer criminalizar Al independentismo catalán. Los tres eurodiputados de Junts pedían A Bruselas que confirmara o desmintiera si las acciones de protesta de los independentistas podían encajar dentro de la definición europea de terrorismo. El ejecutivo comunitario ha evitado dar una respuesta clara y se ha limitado a decir que se trata de un caso “específico” que va “más allá de las responsabilidades” de la Comisión, puesto que requiere un “asesoramiento legal” que no les compete. “Es una tarea de los tribunales nacionales de los estados miembros y, por lo tanto, […] la Comisión no se encuentra en posición de dar una respuesta”.
ERC ha pedido una reunión con la Europol
La eurodiputada de ERC Diana Riba ha pedido una reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la directora de la Europol, Catherine De Bolle, para abordar el polémico informe. Riba les envió una carta para expresar su “preocupación” y denunció que se trata de una clasificación “injusta” e interesada. «Perjudica las herramientas para combatir el terrorismo y asegurar la seguridad dentro de la UE», lamentó. «Es crucial que abordemos la cuestión y aseguremos la adecuación y la imparcialidad de la información presentada por los informes de la Europol”,.
