El modelo de financiación de Cataluña se ha hecho un espacio en la campaña electoral. Pocos días antes de su arranque, el presidente Pere Aragonès viajó a Madrid para presentar su «financiación singular», cosa que figura como una de las principales propuestas electorales de ERC y ha sido tildada de «partidista» por el resto de grupos. La candidatura de Junts+ también hace bandera –lo ha repetido numerosas veces Rull en los debates– de un modelo en que Cataluña recaude todos los impuestos. También el PSC habla de mejorar la financiación de Cataluña, más «equilibrada», que permita desplegar el consorcio tributario previsto en el Estatuto del 2006. La candidata de los Comunes, Jéssica Albiach, suma una voz más que va en la línea de estos partidos, pidiendo una hacienda «propia, justa y solidaria». El programa electoral de los Comunes menciona que el modelo actual es «gravemente disfuncional» y que «condena a las instituciones catalanas a la precariedad de una infrafinanciación crónica».
En un encuentro esta mañana con Els Amics del País, Albiach ha insistido que «no tiene que venir nadie de Madrid» a explicar a los catalanes como tiene que ser la financiación y ha insistido en una «propuesta de país». Así lo apuntan diferentes agencias, que también recogen el dardo envenenado de Albiach a los Gobiernos independentistas: «Otros territorios del Estado han ido cogiendo el liderazgo de Cataluña mientras el gobierno catalán ha hecho dejadez de funciones», se ha quejado la candidata de los Comunes. En su programa, los ecosocialistas apuntan que la reforma es «urgente» e instan a crear una «mesa de partidos» en el Parlamento de Cataluña que elabore «un nuevo consenso» que permita negociar con el Estado «desde la representación de las grandes mayorías del país». En todo caso, ante una eventual negociación, Albiach mantiene que esta tiene que ser «bilateral», entre la Generalitat y la Moncloa, para evitar convertir la reforma en una «competición entre autonomías».
Recaudación total de impuestos y autonomía del parlamento catalán
En esta mesa de partidos, los Comunes propondrán que Cataluña recaude «el 100% de los impuestos» mediante la Agencia Tributaria de Cataluña «consorciada» con la hacienda española. «Tal como lo establece el Estatuto del 2006», defienden los Comunes. Por otro lado, los de Jéssica Albiach proponen dotar de más soberanía, más competencias, al Parlamento de Cataluña para que pueda «establecer impuestos o modificar los actuales».
A escala estatal, los Comunes piden promover medidas que eliminen el dumping fiscal entre comunidades autónomas. Esta es, de hecho, una de las principales quejas que los territorios periféricos hacen en el Estado español, refiriéndose al poder que ejerce Madrid sobre el resto. Por otro lado, los Comunes proponen que el nuevo sistema de financiación elimine los conocidos como ‘fondos verticales’, las aportaciones adicionales de recursos por parte del Estado, porque generan, dicen los Comunes, un comportamiento «errático e injusto» del sistema. «Defendemos un sistema de nivelación solidaria siempre que respete la ordinalidad, tal como se hace en los países con estructuras políticas similares», se apunta en el documento electoral de Albiach.
Redistribuir la riqueza
La otra gran bandera de los comunes es la de la «redistribución de la riqueza». Justamente, esta mañana Albiach ha descartado una rebaja de los impuestos –evidentemente, siempre que tenga bastante suficiente para imponerlo– porque «las rebajas de hoy son los recortes de mañana». Los Comunes se presentan al 12-M con la promesa de garantizar «el estado del bienestar», por lo cual «hay que cumplir con el principio de progresividad fiscal», dicen. Es decir, que paga más quien más tiene. En este sentido, los Comunes proponen una batería de medidas dirigidas a las fortunas más grandes. Por ejemplo: Anular la reducción en el impuesto del juego, una rebaja que a menudo han recriminado a ERC y PSC porque la consideran un «privilegio para los casinos». También proponen seguir avanzando en la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones; Reformar el impuesto a las viviendas vacías en el ámbito catalán; y el de patrimonio «para aumentar las contribuciones a las finanzas públicas de los patrimonios más elevados», situando el mínimo exento en 350.000 euros.
El documento también incorpora clásicos de las fuerzas de izquierda, como una modificación del IRPF o un tipo de IVA superreducido a todos los productos de primera necesidad. Por otro lado, incorpora una serie de medidas enmarcadas en la «fiscalidad verde», adaptando el «quien más tiene más paga» al «quien más contamina más paga». Algunos ejemplos concretos son la ampliación del alcance de los impuestos sobre emisiones de contaminantes atmosféricos, revisar la imposición energética para modularla en función de las emisiones de CO₂ o suprimir las subvenciones que tienen efectos ambientales.
