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Día de transición en la undécima jornada del juicio sobre las presuntas irregularidades de los servicios sociales del Ayuntamiento de Tarragona cuando era alcalde uno de los prohombres del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, a través de la empresa Inipro, que da nombre al caso. Este miércoles se reanudaba una vista oral detenida desde el pasado 3 de noviembre, marcada por el esperado testimonio del secretario municipal del consistorio, Joan Anton Font, que debía aclarar las dudas que surgieron en la institución por la renovación de facto del contrato de Inipro.

También estaba en la cola de espera la práctica de las periciales sobre una de las pruebas más controvertidas y de cargo, los correos electrónicos que sostienen buena parte de la tesis acusatoria. Y, en última instancia, la declaración, en formato de lectura, del administrador de Inipro, Ricard José Campàs -fallecido en 2017-. Una declaración en instrucción con la que informaba que la empresa continuó ofreciendo servicio a pesar de haber acabado el contrato por orden del gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), Antonio Muñoz, acusado en el pleito.

Todo esto en una mañana en la que se fue al grano a la espera de que este jueves comiencen las declaraciones de los acusados. De hecho, mañana declarará Ballesteros, epicentro y protagonista del caso. Al fin y al cabo, las acusaciones del ministerio fiscal y de la CUP entienden, a la vista de la instrucción y de la prueba practicada hasta ahora en sala, que Inipro fue contratada teóricamente para fomentar el asociacionismo entre recién llegados, pero que en la práctica servía para pagar campañas de propaganda política por internet en favor del PSC y de Ballesteros como alcalde.

Una imagen de la sala de vistas de Tarragona donde se ha celebrado la vista previa del caso Inipro/ACN
Una imagen de la sala de vistas de Tarragona donde se ha celebrado la vista previa del caso Inipro/ACN

El secretario se ahorra el juicio

Aunque el testimonio de Font era muy esperado, y solicitado por la defensa de Ballesteros, no fue hasta ayer por la mañana que las partes recibieron una noticia sorprendente. Font había sido operado y no podía asistir a la vista ni tampoco podía declarar por medios telemáticos. Su testimonio debía aclarar por qué los interventores delegados del consistorio que participaron en el proceso de pago de Inipro advertían que «no se había seguido el procedimiento adecuado en la tramitación del gasto ni en la intervención previa que regula la ley».

De hecho, Ballesteros buscaba con este testimonio justificar los pagos a Inipro con el contrato caducado a través de la fórmula del enriquecimiento injusto. Pero, finalmente, el exalcalde ha renunciado a él para no demorar un juicio que lleva acumulada una dilación extraordinaria y que costaría mucho, dada la cantidad de procesados, volver a encajar un testimonio cuando la fase de prueba, antes de las declaraciones de los inculpados, está justo a punto de acabar.

Una renuncia que se añade a otra también importante, como la del exalcalde Pau Ricomà, de ERC. Un testimonio que debía validar, según el criterio defensivo de Ballesteros, la práctica habitual del sistema de enriquecimiento injusto para pagar proveedores. Una tesis que no compartía Ricomà. El exalcalde republicano se presentó en la sala de vistas y allí le comunicaron que, sorprendentemente, se había renunciado a su testimonio.

La declaración leída

Uno de los otros puntos interesantes del día ha sido la declaración leída del administrador de Inipro Ricard José Campàs, que murió en el año 2017, en plena instrucción del caso. Precisamente, su testimonio ante el instructor ha servido para aclarar quién había dado la orden de continuar los servicios de su empresa cuando ya se había acabado el contrato. El 5 de febrero de 2016, Campàs explicó que, nunca antes del año 2010, su empresa había trabajado para el Ayuntamiento de Tarragona ni para su instituto de Derechos Sociales, así mismo dijo que no conocía ni a Ballesteros ni a la teniente de alcalde de derechos sociales, Victòria Pelegrín.

Incluso, insistió en que desconocía los detalles y las características del contrato, aunque estas fueran relevantes, como que era «improrrogable». En todo caso, Campàs especificó que sabía que Inipro había continuado prestando el servicio a pesar de tener caducado el contrato por orden del gerente del IMSST, Antonio Muñoz. Es decir, uno de los principales acusados y uno de los arquitectos de la trama según las acusaciones.

Una imagen de la vista del juicio de Inipro de esta mañana donde se ha renunciado a un testigo importante y se ha leído la declaración del desaparecido administrador único de Inipro/QS
Una imagen de la vista del juicio de Inipro de esta mañana donde se ha renunciado a un testigo importante y se ha leído la declaración del desaparecido administrador único de Inipro/QS

Pericia importante

También ha sido interesante la pericia practicada en sala sobre las pruebas de cargo del proceso, los correos electrónicos entre los acusados y en los que hablaban abiertamente de las tareas de ciberactivismo, mientras trabajaban para Inipro. Por un lado, la acusación llevaba al guardia civil X16115P, que elaboró un denso informe sobre el contenido del disco duro que fue entregado a la policía judicial después de encontrarlo en una oficina del IMSST. El perito ha reconocido que era necesario hacer hasta cinco clics para llegar a las carpetas donde estaban los mails y que hicieron una selección buscando archivos muy concretos para asegurar que solo captaban los correos electrónicos. El guardia civil ha subrayado la «veracidad» de los correos incriminatorios.

Por su parte, el perito de las defensas, ha puesto en duda la cadena de custodia de los mails, su huella digital y la selección realizada por los guardias civiles. Unas afirmaciones que han sido rebatidas por el ministerio fiscal y la acusación de la CUP, a nombre de Carles Perdiguero, que se han esforzado en desmantelar la doctrina del perito que intentaba menospreciar la validez de la prueba de cargo. La pericia era importante porque, en cierta manera, de ella depende la configuración de los hechos probados de la sentencia en tanto que el tribunal que preside Maria Espiau debe decidir si le otorga la validez o expurga el disco duro.

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