Guerra abierta dentro del gobierno español a menos de 24 horas de la reunión del Consejo de Ministros de este martes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, han escenificado una ofensiva directa desde dentro del ejecutivo contra el PSOE para condicionar el contenido del nuevo real decreto de vivienda, ya conocido como decreto Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada recientemente en Madrid. La presión desde dentro del ejecutivo de Pedro Sánchez ha alcanzado un punto de ebullición: García ha avisado que no aceptarán «parches ni medias tintas» y que su formación está dispuesta a bloquear la aprobación del texto si la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no incorpora las demandas clave para congelar alquileres y detener los desahucios. A la presión política de Sumar hay que añadir otra: la de Junts. Según fuentes consultadas por El Món, la formación de Carles Puigdemont lamenta que los socialistas hayan modificado el texto por las presiones de los socios y asegura que el borrador conocido este lunes por la noche se aleja del acuerdo trabajado los últimos días, lo que pone en riesgo las soluciones en materia de vivienda.
La negociación está profundamente condicionada por la presión social a raíz del caso que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid que ya supera las 350 tiendas de campaña y en un día de protestas en Barcelona coincidiendo con la presencia en la ciudad de Pedro Sánchez. El paquete de diez medidas que perfila el Ministerio de Vivienda es un auténtico rompecabezas. El último borrador del Ministerio de Vivienda, según informa la ACN, propone prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2028 y limitar sus actualizaciones anuales al 2% hasta finales de 2027. También prevé suspender los desahucios a las familias vulnerables, pero con compensaciones para los propietarios particulares, y apunta a una prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre. Y, finalmente, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos, incentivos para los propietarios que bajen los precios y préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la compra de la primera vivienda.
Asimismo, el texto diseñado por el ministerio incluye bonificaciones fiscales dobles: una línea directa para inquilinos y otra para los propietarios que bajen el precio de la renta, además de nuevas ayudas para la compra de una primera vivienda destinadas a jóvenes o familias sin ahorros suficientes. Desde el sector de Sumar se defiende que su presencia en el Consejo de Ministros es la garantía para ejercer una presión real sobre el PSOE, distanciándose de posturas como la de la exalcaldesa Ada Colau, que había sugerido antes la salida del ejecutivo si no toma medidas para frenar desahucios. Las ministras Mónica García y la de Juventud, Sira Rego, ambas de Sumar, consideran que el desahucio de la mujer de 87 años en Madrid, actualmente ingresada por un agotamiento severo en el Hospital Gregorio Marañón, es un «punto de inflexión» que obliga a la Moncloa a decidir si se sitúa al lado de las familias vulnerables o de la especulación.
Frente común de la izquierda a las puertas del hospital
Esta pugna en el seno del ejecutivo de Pedro Sánchez también se ha visto reflejada en la calle. Dirigentes de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y el BNG han escenificado este lunes una imagen de unidad a las puertas del centro sanitario donde se encuentra hospitalizada la Maricarmen, convocados por el Sindicato de Inquilinos. Las formaciones de izquierda han exigido blindar el texto con la congelación de los precios de alquiler, la prórroga automática de los contratos y la regulación estricta de los arrendamientos de temporada y por habitaciones. Esta concentración ha dejado ver, asimismo, los recelos que despierta la gestión de los socialistas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que el acuerdo aún “está lejos” y que el decreto debe incluir todas las medidas que reclama el Sindicato de Inquilinos. La diputada de ERC Etna Estrems ha pedido «altura de miras» al resto de grupos de la cámara baja, mientras que el dirigente de Podemos Tito Morano ha criticado que, a un día de la cita clave, el gobierno español no les haya facilitado aún la redacción definitiva del texto. Morano ha acusado a la Moncloa de priorizar las conversaciones con Junts para diseñar un decreto «descafeinado» y de pretender después conseguir el apoyo de la izquierda a hechos consumados.
La negociación con Junts pende de un hilo
El otro ámbito de la negociación parlamentaria lo marca Junts per Catalunya. La formación de Carles Puigdemont, que había tumbado iniciativas anteriores –y había sido señalada por votar en el mismo sentido que el PP y Vox– al considerar que perjudicaban el mercado del arrendamiento y favorecían las ocupaciones, reclama ahora un «mínimo común denominador». Junts comparte que es necesario evitar casos como el de la Maricarmen y apuesta por una norma de aplicación inmediata, pero ha condicionado su aval a hacer compatible el freno a los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre con la «protección» y la seguridad jurídica de las que pertenecen a pequeños propietarios. Asimismo, la formación de Carles Puigdemont ha puesto sobre la mesa otras prioridades como los incentivos fiscales o la «limitación temporal» en la adquisición de pisos por parte de «grandes operadores financieros e inmobiliarios». También, que se facilite el acceso de las generaciones más jóvenes a su primera vivienda.
Fuentes de Junts dejan claro a este diario que esta mañana estaban «mayoritariamente de acuerdo» con la propuesta de «consenso» que había presentado el ejecutivo español, pero que consideran que esta tarde, debido a la presión ejercida por Sumar y el resto de formaciones de izquierda, el ejecutivo se ha descolgado con un real decreto ley «ómnibus» que incorpora medidas que «no formaban parte de lo que se había trabajado» y que, de hecho, ya impidieron la convalidación de otros decretos. En este sentido, las mismas fuentes remarcan que el nuevo texto deja sin protección a los pequeños propietarios y los equipara a los fondos buitre, y también incluye una modificación integral de la ley de arrendamientos urbanos, «de hasta 34 artículos». A pesar de todo, los juntistas continúan abiertos a llegar a un acuerdo, pero este nuevo texto los aleja y consideran que el PSOE debe apostar por «nuevas políticas» y no dejarse «arrastrar» por Podemos.
