Informe final del ministerio fiscal tras el largo juicio de la Operación Kitchen. El fiscal anticorrupción César de Rivas ha llegado a la convicción, a raíz de la prueba practicada en la vista oral y el conjunto de indicios recogidos durante la interminable instrucción del caso que dirigió el magistrado Manuel García Castellón, de que la cloaca policial existía y que se puso al servicio del PP. Este martes, el fiscal del caso ha presentado su informe, con el que concluye que ha quedado acreditado que la operación Kitchen fue «un operativo parapolicial criminal» para «obtener» información «comprometedora» y «grabaciones» sobre dirigentes del PP que podría tener el extesorero del PP Luis Bárcenas. Todo ello para torpedear y boicotear la investigación sobre la financiación irregular de los populares en el marco del caso Gürtel.
De hecho, César de Rivas ya había dejado entrever cuál sería su síntesis del caso, cuando el lunes elevó a definitivas sus conclusiones manteniendo la petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos, Francisco Martínez. El ministerio público sostiene que la prueba practicada permite asegurar que ambos tenían conocimiento del operativo clandestino de espionaje. Un caso en el que también están acusados el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino -único condenado por la operación Cataluña-, el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, el comisario Andrés Gómez Gordo, el exchofer de la familia Bárcenas Sergio Ríos y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, entre otros.
De esta manera, incidiendo en el operativo clandestino, el fiscal no cree la versión de los mandos policiales acusados, según la cual la Kitchen fue una operación de inteligencia policial legal para encontrar dinero de Bárcenas en el extranjero. Básicamente, porque no hay ninguna prueba ni indicio de que los policías implicados tuvieran ningún contacto con el juez instructor del caso Gürtel ni con el grupo de la UDEF que investigaba el caso. Además, el fiscal considera probado que tanto Fernández Díaz como Francisco Martínez estaban al corriente y tenían información en el momento de la evolución de la operación. Este jueves, dos de julio será el turno de las acusaciones particulares de presentar su informe final.
«Una finalidad delictiva»
Ante el tribunal que preside Teresa Palacios, el fiscal remarcó que «desde el momento en que se concibió el operativo, ya se manifestó la finalidad, si se nos permite, delictiva, de la operación». Un dispositivo que no tenía nada que ver con el caso Gürtel, «al contrario», concluye el ministerio público, ya que estaba dirigido a «apropiarse de información y documentación delicada para el PP y sus máximos dirigentes, y dirigida a boicotear y obstaculizar la investigación sobre la financiación irregular de los populares que significaba el caso Gürtel».
En este sentido, la fiscalía enfatiza la premeditación del operativo porque los acusados habían mostrado interés por conseguir la documentación, antes, por ejemplo, de captar como confidente al entonces chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, o las vigilancias a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias -acusación particular, con su marido en el juicio-. Una información que contenía, supuestamente, además de los documentos, grabaciones con el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy y el exsecretario de organización e histórico miembro de la cúpula de los populares, Javier Arenas.
«Villarejo no se engaña a sí mismo»
Una de las pruebas de cargo de la fiscalía son las agendas y diarios del comisario Villarejo a los cuales da plena veracidad, como en las diferentes causas de la macrocausa Tándem, -donde se incluye la operación Kitchen- han dado los investigadores de Asuntos Internos. En esta línea, César de Rivas señala que el interés por los «papeles de Bárcenas» se «plasmó» en las agendas del comisario. «¡Una persona que cuando conversaba con terceros podía fanfarronear o exagerar pero que cuando escribía en las agendas no se engaña a sí mismo!», indica el fiscal. «Redactaba exactamente lo que estaba viviendo; lo más relevante de las anotaciones no es tanto el hecho de la captura del chofer sino de qué manera se plasma la participación de todos los encausados».
El ministerio público ha argumentado que el tribunal no puede aceptar la idea expresada como defensa de los mandos policiales de que la Kitchen era un operativo de inteligencia policial para encontrar el dinero de Bárcenas escondido en el extranjero. «Los acusados no tuvieron nunca interlocución con el magistrado que investigaba Gürtel ni tampoco con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que tenía atribuidas las funciones de policía judicial y fue la encargada de llevar a cabo las indagaciones relacionadas con el caso», arguyó el fiscal.
Siguiendo esta lógica el fiscal sentencia que «En ningún caso podían llevar a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación del caso Gürtel». «Esta falta de interlocución con el magistrado instructor y la UDEF les impedía conocer cualquier laguna y demuestra que no se hizo ningún operativo de inteligencia», remacha. En este contexto, considera que tanto el ministro del Interior como su secretario de Estado no solo estaban al corriente de la operación Kitchen sino que había una implicación directa como se ha demostrado con los «mensajes protocolizados» entre ambos sobre la evolución de la captación de Ríos y la información que se iba obteniendo así como de la participación del resto de acusados, como el hecho de que Asuntos Internos facilitara la logística y agentes para el seguimiento de la esposa de Bárcenas.
