Las pensiones se han convertido nuevamente en uno de los frentes de la precampaña electoral del 29-N, con el PSOE y el PP enfrentados por el futuro del sistema público y su sostenibilidad. La polémica se encendió después de que la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, advirtiera que el modelo actual «colapsará», unas declaraciones que han permitido a los socialistas acusar a la derecha de preparar recortes y de querer privatizar las prestaciones. Alberto Núñez Feijóo ha intentado cerrar la controversia garantizando que las pensiones se seguirán actualizando de acuerdo con el IPC, mientras Pedro Sánchez ha convertido la defensa del sistema público en uno de los argumentos centrales del discurso electoral. Más allá de la disputa partidista, el choque vuelve a situar en el centro del debate una cuestión de fondo: cómo garantizar la financiación de las pensiones a largo plazo.
Vivir más años, cobrar la pensión durante más tiempo y tener menos trabajadores para sostener el sistema. Este es el desequilibrio que obligará a revisar las pensiones en las próximas décadas. Aumentar las cotizaciones permite obtener más ingresos, pero no resuelve por sí solo cómo afrontar el alargamiento de las jubilaciones. También habrá que decidir a qué edad retirarse, cómo calcular las prestaciones y quién asume el esfuerzo adicional, en un contexto en el que la sanidad y los cuidados de larga duración reclamarán más recursos.
La última reforma ha optado por reforzar los ingresos de la Seguridad Social con medidas como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y la cotización adicional de solidaridad para las remuneraciones que superan la base máxima de cotización. El objetivo es recaudar más sin recortar directamente las prestaciones actuales. Pero el envejecimiento también presionará otras partidas del gasto público. En su evaluación de mayo del 2026, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constató que el gasto neto en pensiones se mantenía dentro del umbral previsto por la regla de gasto, pero advirtió que esto no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. En un escenario sin cambios de política, el organismo calcula que la deuda pública podría llegar al 123% del PIB en 2050.
Món Economia habla con tres expertos, Montserrat Guillén, Concepció Patxot y Josep Oliver, que coinciden en señalar que no hay una única medida para afrontar esta situación y ponen el foco en aspectos diferentes: la longevidad y los indicadores que permiten detectar riesgos, el reparto de los costos entre generaciones y la capacidad del mercado laboral para sostener las prestaciones.
Vivir más años obliga a repensar la jubilación
Montserrat Guillén, catedrática de Economía de la UB y especialista en análisis cuantitativo del riesgo y seguros, advierte que las proyecciones demográficas han tendido históricamente a infraestimar el aumento de la esperanza de vida. «El riesgo que más se infravalora no son las pensiones, sino la dependencia. Viviremos más años, pero no todos con buena salud: cada vez habrá más personas mayores que necesitarán ayuda para el día a día, y hoy no sabemos quién la pagará ni quién la dará. La decisión que no se puede posponer es garantizar una financiación estable para los cuidados de larga duración, porque una pensión nos asegurará los ingresos mínimos, pero no nos asegura que alguien nos cuide», alerta la experta. Esta evolución alarga el período durante el cual se cobra la pensión. Para Guillén, las cotizaciones adicionales, como el MEI o la cuota de solidaridad, «pueden dar margen, pero no resuelven el problema de fondo: Si cada generación vive más años y no se hacen cambios, la pensión se cobra durante más tiempo y el costo sigue creciendo. A medio plazo, lo más razonable es retrasar la edad efectiva de jubilación», sentencia.
De hecho, algunos países, como Dinamarca, los Países Bajos o Portugal, la vinculan automáticamente a la esperanza de vida, pero este mecanismo puede fallar ante caídas puntuales como la de la pandemia. En este sentido, la catedrática apunta que «es necesario complementarlo con más flexibilidad para compaginar trabajo y pensión y con incentivos para alargar voluntariamente la vida laboral. Y siempre con equidad, porque las personas con trabajos más duros e ingresos más bajos tienen una esperanza de vida menor». Ante el contexto electoral, Montserrat Guillén reclama que el debate sobre las pensiones se base en señales objetivas como la proporción del gasto cubierto con cotizaciones, la relación entre afiliados y pensionistas y el peso de las prestaciones sobre el PIB, alertando que una dependencia mayor de las transferencias del Estado «puede exponer el sistema a los ciclos económicos y a la competencia con otras necesidades presupuestarias».
¿Quién asume el costo entre generaciones?
La catedrática del Departamento de Economía de la UB Concepció Patxot pone el foco en cómo se reparten los costos y los beneficios del sistema a lo largo de la vida. Para valorar su equidad, considera útil comparar las cotizaciones que cada persona aporta durante su trayectoria laboral con las prestaciones que acaba recibiendo. Este análisis permite examinar las consecuencias de las decisiones actuales sobre los trabajadores y los futuros pensionistas.
Advierte que si el aumento del gasto se cubre principalmente con más ingresos, una parte importante del esfuerzo recaerá sobre las generaciones activas: «No hace falta hacer demasiados cálculos para darse cuenta de que si solo subimos ingresos, claramente se está poniendo toda la carga sobre las generaciones activas ahora y en el futuro, y eso no parece muy justo. Queremos ser justos con los jubilados manteniendo las promesas de pensiones, pero es a costa de la generación siguiente». Un escenario que para la experta, tiene una derivada directa en «la limitación de los recursos disponibles para otras políticas públicas, como la sanidad, la atención a la dependencia o la educación».
Concepció Patxot, experta en sostenibilidad del sistema de pensiones, economía demográfica y transferencias intergeneracionales, propone «vincular las condiciones para acceder a la pensión completa a los años cotizados necesarios para obtener el 100% de la base reguladora». Este enfoque permitiría tener en cuenta cuándo se incorpora cada persona al mercado laboral: quien comienza a trabajar antes podría completar antes los años exigidos que quien se incorpora más tarde. También defiende introducir «mecanismos automáticos y transparentes de ajuste» -como se ha hecho en Suecia- para evitar que las decisiones difíciles se vayan posponiendo de una legislatura a la siguiente. La previsibilidad permitiría que los trabajadores conocieran con antelación las condiciones que les afectarán cuando se jubilen.
Otra propuesta de la catedrática de la UB es separar las fuentes de financiación de las pensiones y de otros servicios asociados al envejecimiento. Patxot considera que «la sanidad y la atención a la dependencia deberían cubrirse con impuestos generales», en lugar de cargar el costo sobre el sistema de pensiones. Esto permitiría identificar mejor el gasto de cada política y hacer más explícito cómo se reparte el esfuerzo entre los contribuyentes.
La inmigración no resolverá el problema por sí sola
Por su parte, el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver sitúa el debate en la transformación de la estructura demográfica. «Tenemos la generación más numerosa de la historia de España que abandonará el mercado de trabajo en los próximos 10-15 años y que debajo, los que suben, los hermanos pequeños de esta generación, son los hijos de la caída de la natalidad. El choque demográfico es inevitable, y esta evolución reduce el peso relativo de la población en edad de trabajar y dificulta mantener la relación entre cotizantes y pensionistas», relata Oliver.
De hecho, el catedrático recurre a una simulación del Banco de España publicada en 2024 para ilustrar la magnitud del cambio. Para mantener constante la tasa de dependencia demográfica, el Estado necesitaría incorporar 24,67 millones de inmigrantes en edad de trabajar hasta 2050. Si también se cuenta la población no activa o dependiente que los acompañaría, el total llegaría a los 37 millones. Un ejercicio que muestra hasta qué punto «sería difícil compensar la evolución demográfica solo con inmigración».
Josep Oliver, especialista en economía catalana, mercado de trabajo e inmigración, advierte que «la llegada de población extranjera puede ampliar la fuerza laboral, pero su efecto depende de la incorporación efectiva al mercado de trabajo, de la calidad de los empleos y de los salarios». Y remarca que «más población no se traduce automáticamente en más cotizaciones en la misma proporción si no hay suficiente ocupación productiva».
El economista defiende actuar sobre varios frentes: «Aumentar la participación laboral de las mujeres, aprovechar la experiencia de los trabajadores de mayor edad que aún pueden continuar activos y facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral». También plantea mejorar la formación de las personas desempleadas, reforzar la formación profesional y el sistema educativo y favorecer la conciliación. «Las políticas de vivienda y de apoyo a las familias también pueden contribuir a mejorar las condiciones para trabajar y tener hijos». avisa el experto, que recuerda que las tasas de natalidad en el país han caído desde los años setenta.
Josep Oliver considera «probable» que a medio plazo se vuelva a plantear un alargamiento gradual de la vida laboral y que se amplíe el período de salarios que se tiene en cuenta para calcular la pensión. Son dos vías que, a su parecer, «modificarían las condiciones de las futuras jubilaciones, en lugar de actuar directamente sobre las prestaciones de las personas que ya están jubiladas». En este sentido, propone tomar medidas que vayan en la línea de las que tomó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009: «Allí está la reforma más grande de pensiones que se ha hecho desde los pactos de Toledo, se tocaban las tres variables que definen la pensión: el número de años necesario para tener el 100% de la pensión, que pasó de 35 a 37 años, los años de salario para definir la base de la pensión, de 15 a 25 años, y la edad de jubilación, de 65 a 67 años».
De hecho, el catedrático insiste en que no existe una única medida mágica para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, sino que es necesaria una combinación de actuaciones que incluyan aprovechar el talento de la población desempleada -incorporar más mujeres al mercado laboral y reducir la jubilación anticipada en mayores de 60 años-, mejorar la formación y la formación profesional (FP) de jóvenes y desempleados, fomentar la natalidad con políticas de apoyo a las familias y conciliación, impulsar la productividad y endurecer las condiciones de acceso a las pensiones alargando la edad de jubilación y ampliando los períodos de cálculo.
Las propuestas de los tres economistas van desde cambios en la edad de jubilación y los años cotizados hasta una reorganización de las partidas públicas y medidas para ampliar la población activa. En este contexto, aclaran, la inmigración puede contribuir a reforzar la fuerza laboral, pero su efecto dependerá también del empleo, los salarios y la productividad.
